El próximo día 26 de junio los españoles mayores de 18 años estamos llamados a las urnas. En una situación desconocida desde la llegada de la democracia, afrontamos un nuevo proceso electoral en el que debemos decidir qué partidos políticos van a protagonizar las negociaciones posteriores para formar gobierno, estando claro, a la vista de la última encuesta del CIS, que no habrá ninguno con mayoría suficiente para formar gobierno por sí solo.
Lo deseable sería que los partidos aplicaran unos principios básicos de actuación o reglas éticas de funcionamiento, como existen en muchas profesiones (en la Policía, por ejemplo) y que toda la ciudadanía supiera que están excluidos por dichos principios la mentira, prometer lo que se sabe que no se puede cumplir, o acusar al rival con falsedades para perjudicar sus expectativas de voto, entre otras prácticas nada recomendables que alteran las normas de la democracia.
Ni que decir tiene que sufragar las campañas con dinero sucio, por ser delito, no hace falta incluirlo, ni otras prácticas que desgraciadamente y por lo que sabemos hoy se han venido produciendo en este país, y contribuido a adulterar los resultados electorales al no haberse producido una competencia en igualdad de condiciones.
José María Aznar, en 1998, anunció que abría negociaciones con el “Movimiento Vasco de Liberación” y que sería generoso, tras la tregua decidida por ETA el 16 de septiembre de 1988.
Pero cualquier persona medianamente informada de la “cosa pública” sabrá que la política en España es el reino de la mentira, la acusación, la impostura de decir lo contrario de lo que se ha hecho sin el mínimo pudor, sin vergüenza de mentir y de decir, con toda la formalidad y boato posible, mentiras que quien las dice sabe que lo son y quienes las escuchan, también. Y que se salve de la generalización quien no actué así.
No tenemos que irnos muy lejos para recordar en el pasado cómo, considerándose el terrorismo un asunto de Estado (eso se decía desde el Gobierno del PP), en la práctica se ha usado hasta la náusea su actividad en campaña electoral partidista. José Maria Aznar, en 1998, anunció que abría negociaciones con el “Movimiento Vasco de Liberación” y que sería generoso, tras la tregua decidida por ETA el 16 de septiembre de 1988. Estaba todavía caliente la sangre de Miguel Ángel Blanco (13-7-1997) o de la familia Jiménez-Becerril (30-1-1998), entre otras varias víctimas del terrorismo de ETA. Tras este anuncio y durante los meses posteriores, el Gobierno liberó a 210 presos de ETA y acercó a prisiones vascas a 125, hasta que el 28 de noviembre de 1999 ETA anunció el final de la tregua. Iñaki Bilbao Goicoechea, alias “Basur”, integrante del comando “Donosti” junto con Unai Bilbao Solaetxe y otros, asesinó el 21 de marzo de 2002 al concejal socialista de Orio, Juan Priede, de 69 años, de dos tiros en la nuca, tras haber salido de prisión en el año 2000 excarcelado por la política penitenciaria “flexible” del Gobierno de Aznar.
Cuando ETA anunció la tregua hacía ocho meses que había asesinado en Sevilla al concejal del PP Jiménez-Becerril y su esposa. No se escuchó a la familia ni a la hoy eurodiputada, Teresa, hermana y cuñada de los asesinados, decir nada de esa decisión. El 30 de enero del año 2000, en Sevilla, donde estaba en un acto para conmemorar el II aniversario del asesinato de la familia Jiménez-Becerril, Mayor Oreja decía lo que se ve en la viñeta adjunta.
Tampoco hubo nadie, ni familiar de víctima de ETA ni partido político que acusara al PP de ser cómplices de los terroristas. Pero el Gobierno de Aznar acabó y ETA siguió matando, y el gobierno socialista de Zapatero planteó al parlamento un acuerdo, el más exigente de los siete que se conocen hasta esa fecha (desde el Pacto de Ajuria Enea), que fue aprobado por todos los grupos políticos menos por el PP, cuyos líderes (con Rajoy a la cabeza) acusaron al Gobierno socialista de chapotear en la sangre de las víctimas y de ser cómplices de los terroristas. Y en esa dinámica estuvo el PP durante todo el mandato de Zapatero, hasta llegar de nuevo al Gobierno para retomar la senda del documento-guion del fin del terrorismo de ETA depositado en el Consejo Pontificio Justicia y Paz, del que Roger Etchegaray, obispo nacido en Espelette, País Vasco francés, y que llegó a ser presidente de la Conferencia Episcopal francesa, fue presidente entre 1984 y 1988 y del que sigue siendo hoy presidente emérito. Tal vez de este documento hablaron Zapatero y el actual ministro de Interior en aquella reunión de dos horas en la sede ministerial al poco de acceder al Gobierno.
Visto lo visto yo no tengo dudas de que si es un ministro socialista quien permanece de brazos cruzados, sin intentar salvar su vida, durante las trágicas horas del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco el Partido Popular le habría hecho corresponsable de su asesinato. Que quien calló meses después del asesinato de su familia cuando se decía y hacia lo antes señalado respecto de la banda que los asesinó, años después acusara al Gobierno socialista de ser cómplice de ETA desde la plataforma de ser familiar de un asesinado, que lo fue gobernando el PP es incalificable; como lo es que tras el 11-M miembros del PP con responsabilidades de Gobierno cuando se cometieron los atentados terroristas, insinuaran y apoyaran a los que acusaban a policías de ser cómplices de los mismos, dejando en evidencia la carencia absoluta de escrúpulos y ética con la que alguno/as dirigentes de ese partido han aplicado el juego sucio a la política usando hasta el terrorismo. Y hay otros capítulos de “chivatazos” a comandos de ETA (no el investigado de policías del bar “Faisán”, no, otros posteriores), o la venta de explosivos a ETA con baliza para hacer seguimiento y localizar su almacén de explosivos durante el mandato de Aznar y sus vicisitudes que dejo para otra ocasión.
Este país necesita un gran rearme ético para que ningún corrupto, ningún mentiroso, ningún farsante, pueda tener la responsabilidad de representarnos escudado en cualquier sigla de un partido político
Por eso, que ahora se produzcan acusaciones contra Podemos de estar dirigidos desde Venezuela es una cuestión menor, como lo fue la de acusar al Gobierno de ZP de ser responsable de la crisis económica mundial que comenzó en 1988 (y con independencia de los errores económicos que pudiera cometer su Gobierno), porque si la ciudadanía que vota cree esas cosas contra toda evidencia esa ignorancia de la mayoría nos hace merecedores de gobiernos deshonestos.
Este país necesita un gran rearme ético para que ningún corrupto, ningún mentiroso, ningún farsante, pueda tener la responsabilidad de representarnos escudado en cualquier sigla de un partido político. Pero en estas elecciones no se aplicará este criterio y todos los políticos seguirán denunciando los presuntos casos de corrupción que se produzcan… en otros partidos, nunca en el propio, y eso por sí mismo es vulnerar los principios básicos de actuación, las normas éticas que deben regir su tarea de representación, y es actuar como ese policía que persigue a cualquier delincuente pero permite que su compañero, por vestir uniforme, cometa delitos impunemente.