El escenario catalán es kafkiano. Mañana, lunes 4 de diciembre, el magistrado Llarena del TS decidirá si deja en prisión preventiva o en libertad bajo fianza a algunos o a todos los ex miembros del gobierno de la Generalidad (Junqueras y siete exconsejeros), además de los ya famosos Jordis. Y, simultáneamente, el ex presidente Puigdemont y otros cuatro ex consejeros, huidos a Bélgica de la justicia española, conocerán la decisión del juez local sobre su extradición a España. Casi todos ellos, los de allí y los de aquí, son candidatos a las elecciones autonómicas del 21-D. Y ante tal escenario ¿cómo entender que quienes idearon, prepararon y trataron de consumar la ruptura de la Nación, violando la Constitución y subvirtiendo el Estatuto, puedan presentarse a las elecciones autonómicas del 21-D como si nunca hubieran roto un plato?
La falacia sigue dominando el ambiente en una especie de elogio de la mentira. Atrás quedan aquellas bravuconadas independentistas de, por ejemplo, tener preparadas las “estructuras de estado”, o garantizar la “confianza empresarial”, o asegurar el “reconocimiento internacional”, o estar “dispuestos a entrar en prisión”, o ese “todo depende ya de nosotros” de Tardá, Romeva, Turull y Forn, entre otras muchas. Y, para más jolgorio, la guinda del inhabilitado Homs: «una respuesta penal a un proceso pacífico y democrático, sería el fin del Estado español».
Lo cierto es que la “militarización del “procés” ha sido un objetivo también frustrado, pero que fue paradójicamente compartido a varias bandas.
A menos de 20 días de las elecciones, cualquier falacia sirve para emponzoñar el ambiente, tratar de influir arteramente en el resultado de las elecciones y no reconocer lo palmario: que los independentistas, creyéndose sus propias mentiras, se embarcaron ―y embarcaron frívolamente a Cataluña― en una alocada carrera secesionista sin estar (afortunadamente) debidamente preparados para ello. Y, me temo, persistirán en su error. Una novedosa baladronada atribuye el fracaso de la “república catalana” a una supuesta amenaza del Gobierno de emplear la fuerza para evitar la secesión. Quien lo ha expresado más cínicamente ha sido Marta Rovira, secretaria general de ERC y candidata a la presidencia de la Generalidad, al aseverar que “les amenazaron por múltiples vías” (que no ha logrado concretar) que si implementaban la independencia, se desplegarían los militares y “habría violencia extrema con muertos en la calle”.
Lo cierto es que la “militarización del “procés” ha sido un objetivo también frustrado, pero que fue paradójicamente compartido a varias bandas. En un extremo estaban los que pedían el despliegue en Cataluña de unidades militares, incluso al margen del control del Gobierno (en román paladino: golpe de estado), con la finalidad de acabar definitivamente con tanto desafuero. En el otro extremo la jerarquía independentista, con su demostrada habilidad para movilizar a sus fanáticos, trataban de provocar la “represión” del Estado incluyendo la participación en ella de unidades militares. Su finalidad era de mayor alcance: lograr la anhelada y nunca lograda internacionalización del conflicto. Y en redes y algunos medios, ambas partes coincidieron en una campaña de desinformación en la que se llegó a relacionar unidades militares concretas que, supuestamente, habían desplegado en las calles de Barcelona o se habrían desplazado a las proximidades de Cataluña, preparadas para entrar en ella y operar contra los independentistas. Algo que no ocurrió.
No se empleó la fuerza militar (último recurso) porque ni tan siquiera fue necesaria la de las FCSE. Pero, si hubiera sido preciso, naturalmente que el Estado las habría utilizado. Faltaría más.
Lo único que hubo fue el abastecimiento de medios de vida (cocinas, comida, duchas, camas, taquillas, etc), desde Zaragoza (base de San Jorge) a Sant Boi (acuartelamiento de Santa Eulalia) para apoyo, en caso necesario, a la Guardia Civil y la PN. Además de asegurar el abastecimiento de combustible, también se realizó el transporte de material de acuartelamiento a centros y unidades que acogieron, o pudieran albergar, a FCSE tras la marea de hoteles denegando darles alojamiento. En definitiva, la actividad militar desarrollada fue una mesurada y eficaz operación logística ejecutada por la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (AALOG 41), que permanentemente despliega en las provincias de Zaragoza, Huesca y Barcelona. Todo ello habla de un sólido, previsor y juicioso Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Pero más allá de lo que realmente pasó (incluyendo el permanente planeamiento operativo militar), está lo que podría haber sucedido: que el Gobierno se hubiera visto obligado, haciendo honor a sus responsabilidades, a emplear legítimamente fuerzas militares en defensa de la Nación y del Estado. Por eso resulta sorprendente, y hasta hilarante, que la jerarquía independentista ilusoriamente pensara que, tras quebrantar desleal y delictivamente la Constitución y el Estatuto, iban a imponer a toda España su quimérico objetivo secesionista. No se empleó la fuerza militar (último recurso) porque ni tan siquiera fue necesaria la de las FCSE. Pero, si hubiera sido preciso, naturalmente que el Estado las habría utilizado. Faltaría más.
El penúltimo bodrio independentista ―poniéndose el parche antes de que les hagan la herida―, es el temor a un imaginario “pucherazo” el 21-D. Una repugnante insidia acompañada de fenomenal cara dura de quienes fueron promotores y autores principales del gran pucherazo del 6 y 7 de septiembre pasados. Ocasión en la que ellos marginaron a la oposición en el parlamento autonómico y, saltándose a la torera toda ley, razón y limpieza democrática, aprobaron las llamadas (y ya anuladas) leyes del referéndum y de desconexión. Son unos mentirosos obsesivo-compulsivos. La semana a venir se adivina movida.