Equiparación salarial / conflicto laboral en la Policía

Varios sindicatos policiales han anunciado medidas de presión contra el Ministerio de Interior, en desacuerdo con los 807 millones de euros presupuestados para equiparación salarial con mossos, que Interior dice que no incrementará. Tras la declaración de conflicto colectivo se reunirá el Consejo de Policía, que nunca resolvió ninguno de los conflictos planteados con anterioridad, por ser un órgano paritario y no vinculante. Su utilidad consiste en determinar cada cuatro años la representatividad de los sindicatos que concurren a sus elecciones. Estos sindicatos solo puede ser constituidos por policías nacionales, ni guardias civiles, ni locales, ni otros trabajadores. No está permitida la afiliación a sindicatos de clase, extremo que sí es posible en la mayoría de países democráticos europeos.

Los sindicatos tienen razón en lo que dicen, la injusticia del agravio salarial con mossos, pero no en lo que piden. Existen agravios internos sin resolver. La vivienda es el 30-40% del salario de cualquier policía/guardia civil en algunos territorios. La Guardia Civil tiene 1.967 cuarteles, 33.843 pabellones-viviendas (6.000 exclusivos de mandos), 26.053 ocupados y 534 ruinosos. Ignorar que existe mayor agravio entre guardias civiles con viviendas gratis respecto a policías y guardias civiles sin vivienda en comunidades como Baleares, Madrid, Cataluña… es tan injusto, como que 5.000 policías nacionales adscritos a comunidades autónomas (Andalucía, C. Valenciana…), cobren 500 euros más/mes con menos riesgo y competencias que sus compañeros.

Un policía o guardia civil sin vivienda en Cataluña no debe cobrar igual sino más que un mosso. Pocos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado allí destinados son nativos de ese territorio, están desplazados y debe valorarse la hostilidad social contra ellos y sus familias. Como en el País Vasco. También deben cobrar más en Madrid por capitalidad (ya se cobra un plus de 180 euros) y Baleares por insularidad (140 euros), y debería incrementarse por la carestía de vida. Cobrar el mismo salario, 2.000 euros/mes neto trabajando desplazados en dichos territorios sin vivienda del Estado, que quienes tienen vivienda gratis en un pueblo con salario medio/población de 800 euros es un agravio mucho mayor que el que se dice querer resolver. Entre 2005-2008 se cumplió un acuerdo entre administración y sindicatos, que supuso un incremento salarial del 12% sobre IPC, una mayor subida a policías que a comisarios y afectó al personal en segunda actividad. Era la primera parte del único acuerdo que conduciría a la justicia salarial. David Taguas, director de la Oficina Económica de Moncloa, tenía en 2007 tablas de proyección salarial en territorios para el previsible acuerdo 2009-2012, que llevaría a la equiparación salarial real, legalmente posible y justa, con más salario en Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco… y otras zonas más caras y conflictivas respecto a otras. La crisis económica mundial, de la que una parte importante de la muy bien informada sociedad española en materia política culpa a Zapatero, lo impidió.

Los sindicatos policiales (y JUSAPOL) deberían revisar sus planteamientos. La ley que prometió Zoido y aceptaron, o la ILP en trámite, supondrían tener que cambiar la Constitución y derogar los estatutos de autonomía, además de otras muchas leyes orgánicas. Así lo dijo la Sentencia de 1982 del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, con la que el gobierno de UCD y el apoyo del PSOE entonces en la oposición, pretendieron poner orden en lo que se veía venir. Desconocer la realidad que emana de la Constitución no es bueno para tratar de defender derechos de los policías y guardias civiles. Pasar del Estado descentralizado a uno centralista, eliminando las autonomías y sus competencias por la falsa equiparación salarial, no parece ser la voluntad de los políticos ni de la ciudadanía.

Sería razonable y necesario que más allá de eslóganes demagógicos de unos y otros, los sindicatos pidieran negociar complementos territoriales, realizar una valoración de viviendas dependiendo del territorio, eliminar las gratificaciones de comunidades autónomas (de personal “de confianza” seleccionado por sus políticos), valorar la carestía de vida y el rechazo social en el territorio, entre otros aspectos (garantías jurídicas, pistolas taser, chalecos, vehículos, dependencias…). También sería razonable exigir mejorar el servicio a la ciudadanía denunciando las identificaciones ilegales que vulneran derechos civiles y que no se practican en ningún país democrático de Europa. Se identifican millones de personas al año arbitrariamente por órdenes verbales del mando, nunca por escrito porque saben que es ilegal. También las miles de llamadas al 091 que quedan cada mes sin atender. La ciudadanía abandonada y la Policía en prácticas despreciables para justificación estadística de sus mandos. Estas denuncias servirían para presionar y desenmascarar las políticas ilegales de seguridad de Interior. Dignificar la profesión defendiendo, además de sus derechos, los de la ciudadanía. No vale como excusa un agravio salarial pretendiendo crear otro mayor entre los miembros de Policía y Guardia Civil. Planteado como está, ni el conflicto tiene salida, ni el agravio salarial solución.