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España: el insoportable escándalo de las televisiones públicas

Las televisiones públicas se mantienen, a pesar de que generan casi 2.000 millones de euros de deuda cada ejercicio.

Televisión Española (RTVE) acude al festival de Eurovisión tras elegir, en contra de la voluntad de la mayoría de los españoles, a una pareja de cantantes que exhiben en público su obsceno rechazo a España, provocando en la audiencia vergüenza colectiva y un justo boicot. No se trata de una excepción o de un accidente, sino de una más entre las muchas manifestaciones sucias y comunes en el planeta de las televisiones públicas españolas.

Las televisiones autonómicas españolas constituyen un escándalo que ne debería soportarse, un abuso de poder intolerable y la mejor prueba de que España está gobernada por tiranos insensibles camuflados de demócratas. Los recortes se suceden año tras año y abruman a los ciudadanos, pero las televisiones públicas se mantienen, a pesar de que generan casi 2.000 millones de euros de deuda cada ejercicio, sin que aporten nada al bien común. Mantener abiertas esa televisiones cuando se cierran hospitales y escuelas es una ignominia.

Durante la crisis aguda sólo cerró la televisión valenciana, pero ahora la vuelven a abrir, a pesar de que el tiempo ha demostrado su inutilidad. Sólo son juguetes de los políticos y únicamente benefician a los gobernantes, a los que proporcionan poder y capacidad de mentira y propaganda.

La televisión andaluza Canal Sur cuesta 385.000 euros diarios, casi doce millones de euros al mes y sólo sirve para que Susana y sus socialistas refuercen su poder e influencia sobre un pueblo que lleva cuatro décadas siendo campeón de España en atraso, desempleo y pobreza.

Todos se fijan en la catalana TV3 como la televisión pública que más merece ser clausurada, por lo que cuesta y por lo que contribuye a la ruptura de España y al triunfo del odio, pero hay monstruos en otras autonomías muy parecidos. La televisión andaluza Canal Sur cuesta 385.000 euros diarios, casi doce millones de euros al mes y sólo sirve para que Susana y sus socialistas refuercen su poder e influencia sobre un pueblo que lleva cuatro décadas siendo campeón de España en atraso, desempleo y pobreza.

Lo único bueno de la gran depresión que acosó a España es que logró que algunas verdades salieran a la luz, dejando claro que las televisiones autonómicas son costosos e inútiles instrumentos de influencia y dominio al servicio exclusivo de los gobiernos regionales, que no cumplen misión social, cultural o política alguna que justifique su existencia. Son caprichos costosos al servicio de la casta, instrumentos de dominio y lujos superfluos que la decencia aconseja eliminar, pero que los políticos mantienen vivos y prefieren que el cierre y las rebajas afecten a hospitales, escuelas, pensiones y a otras necesidades básicas del pueblo.

¿Es que esas cadenas públicas se dedican a difundir cultura, formación, vertebración y valores o más bien compiten con las cadenas privadas en difundir basura, violencia y chabacanería para ganar rating y share? Si se realiza un examen imparcial de la programación de las televisiones autonómicas, ni una de ellas justifica su existencia por su aportación a la información o la cultura ciudadana.

Las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites”.

Hasta Bruselas está indignada con el panorama de las televisiones públicas españolas porque los políticos, incapaces de acabar con el déficit público y de mejorar los servicios ciudadanos, se empeñan en alimentar, año tras año, a esos monstruos inútiles.

La existencia de lujos y caprichos como las televisiones autonómicas, con cuya supresión España ahorraría miles de millones de euros, mientras retrocedemos en servicios básicos y hemos renunciado casi por completo a la investigación y la ciencia es pura opresión, injusticia ostentosa y arrogancia antidemocrática.

El director del Instituto Juan de Mariana y profesor, Juan Ramón Rallo, lo tenía claro cuando cerró la televisión valenciana: “El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprenden de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse”.

Rallo defiende la misma tesis que el blog Voto en Blanco viene proclamando desde el año 2004, cuando comenzó a publicarse para luchar por una verdadera democracia en España: las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites. No existe justificación alguna en una verdadera democracia para crear un medio de televisión público. Si por razones extraordinarias y muy raras existiera la necesidad real de emitir mensajes concretos desde el gobierno, ese objetivo puede alcanzarse estableciendo acuerdos con los medios privados, lo que implicaría costos centenares de veces inferiores al costo de las ruinosas televisiones públicas.

Además, poner un medio de comunicación tan potente como la televisión en manos de gobernantes como los españoles, acosados por la Justicia, marcados por la corrupción, divorciados de sus pueblos y acostumbrados a anteponer sus propios intereses al bien común, es proporcionarles mas poder del que merecen poseer en democracia y equivale a entregar un revolver a un mono loco.