¿Qué más tiene que pasar? La capacidad de asombro hace tiempo que se perdió, y lo que en cualquier país democrático de nuestro entorno supondría la dimisión del Gobierno en pleno por cada uno de los varios casos de corrupción ocurridos en España y la celebración de nuevas elecciones, en España se acepta con resignación, como si la corrupción apilada día tras día en cualquier institución formara parte de la normalidad política institucional y social y no pasa nada. Corrupción y democracia son incompatibles… pero no en España.
Visto lo visto no cabe duda que en España la corrupción ha ido por territorios y partidos políticos, y si tenemos un “caso Cataluña” centrado en los políticos nacionalistas catalanes y singularmente en la familia Pujol, envueltos en su bandera como burladero para robar impunemente (ante la omisión político-policial de los Gobiernos de PSOE y PP desde mediados de la década de los ochenta), los casos Gürtel, Púnica y Lezo señalan que también tenemos un “caso Madrid”, protagonizado por el PP nacional y en comunidad autónoma, que también han usado la bandera, en este caso la del Estado-nación español, para ocultar tras su falso patriotismo el robo de millones y millones de euros mientras personas morían por falta de energía, por frio o por efecto de la pobreza. Y por no sacar a nadie de la fosa séptica de la política nacional, diré que ojalá se investiguen en profundidad los casos EREs, Formación, y empresas de la Junta de Andalucía, tomadas durante 38 años por el socialismo convertido en Casta política, en secta territorial, donde puede haber miles de personas indebidamente colocadas, “panzaagradecidas” dispuestas a todo por mantener su nivel de vida, dirigentes que han pasado del fracaso escolar al coche oficial con veinte años y que andan ya en los cuarenta (Mario Jiménez, Verónica Pérez…) y otros que llevan toda la vida haciendo negocios en cargos públicos como Blas Ballesteros, ahora “colocado” en un cargo innecesario y a su medida en la Diputación Provincial de Sevilla por el PSOE-A.
La corrupción es responsabilidad directa por acción de quienes la practican y por omisión de todos los demás por no llegar a los acuerdos políticos que obliguen a los corruptos a moverse de su posición de protección de las prácticas corruptas.
En estos momentos parece evidente que el PP, el partido conservador español heredero del régimen franquista y fundado por Manuel Fraga como AP, reconvertido en PP, no ha jugado limpio desde el origen de esta corrupta democracia en la que habitamos. Todos los tesoreros o responsables de finanzas del PP desde mediados de los ochenta, empezando por Rosendo Naseiro, se han visto enfrentados en los tribunales a causas por uso de cajas B o dinero negro, dinero sucio, para su funcionamiento. Ello significa que ha hecho trampas en todos los procesos electorales.
En estos momentos en que los casos de corrupción están explosionando, afectando ya no solo a dirigentes políticos territoriales sino al mismo corazón del Gobierno de Rajoy, con la implicación del ministro de Justicia al cambiar al titular de la fiscalía General del Estado, nombrando a uno que ya sabía el cuestionamiento del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, el favorito de los corruptos que a pesar de ello ha sido nombrado, y cuyos antecedentes en Madrid dicen que ha actuado siempre protegiendo al PP en la Comunidad convirtiéndose en un muro insalvable ante denuncias de prácticas de corrupción, deberían ser motivo suficiente para, aparcando las diferencias ideológicas, fijar unos mínimos de actuación en un acuerdo político para empezar a erradicar las prácticas corruptas de los responsables políticos.
Una línea roja, un cordón sanitario que pase por
- Exigir al Gobierno el nombramiento de un ministro de Justicia pactado entre las cuatro fuerzas políticas mayoritarias (PP, PSOE, UPodemos y Cs) que sea una persona independiente;
- El nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado consensuado, también un jurista de reconocido prestigio ajeno a las disputas ideológicas y partidarias, y,
- Un nuevo fiscal jefe Anticorrupción elegido por un sistema que impida la manipulación política de los fiscales.
De paso podrían reformar el sistema de funcionamiento de los fiscales de tal forma que no actúen en paralelo al juez sino garantizando el cumplimiento de la legalidad en el proceso, actuando los abogados del Estado como acusadores o defensores de los intereses del Estado, los abogados defensores en su papel y las acusaciones populares en el suyo, y los jueces dirigiendo el proceso, acabando con la actual politización de la Justicia que se lleva a cabo principalmente a través de los fiscales y también con el nombramiento de los jueces.
exigir la dimisión del ex ministro de Interior Jorge Fernández Diaz de su cargo de diputado, y la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como Senador, en ambos casos por su incuestionable obstaculización de la investigación sobre Ignacio González.
Ya de paso bien podría ese acuerdo político imprescindible para salir de la zahúrda de corrupción en que habitamos, exigir la dimisión del ex ministro de Interior Jorge Fernández Diaz de su cargo de diputado, y la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como Senador, en ambos casos por su incuestionable obstaculización de la investigación sobre Ignacio González desde la denuncia sobre la propiedad de su dúplex en Estepona, con amenazas a policías investigadores, ceses de comisarios (uno de la comisaría de Marbella y dos de la Comisaría General de Policía Judicial) y amenazas y acciones contra quienes denunciamos la dudosa legalidad en la adquisición del ático (promocionando a mandos que se querellaban contra el denunciante y con cuatro expedientes disciplinarios -uno todavía pendiente- entre abril de 2012 -fecha de la comida en que Cosidó pretendió convencerme de la necesidad de retirar la denuncia sobre el ático- y hoy). Y desenmascarar a quienes, como ha hecho el Sindicato Unificado de Policía, SUP, se han puesto de perfil retirando la acusación popular en la denuncia del ático y dejando abandonado a quién ha recibido querellas y expedientes por acciones ejecutadas como dirigente sindical y a merced de los poderosos corruptos. Actuación incalificable.
(promocionando a mandos que se querellaban contra el denunciante y con cuatro expedientes disciplinarios -uno todavía pendiente- entre abril de 2012 -fecha de la comida en que Cosidó pretendió convencerme de la necesidad de retirar la denuncia sobre el ático- y hoy).
Los partidos políticos PSOE, UP y Cs bien podrían pasar del uso político de la corrupción en la contienda política, como hasta ahora, a decidir que esto es una cuestión de Estado, como el terrorismo, y que no hay diferencias ideológicas en el entendimiento de fijación de reglas de juego democráticas limpias de corrupción en este país. Pueden hacerlo. Cada minuto que pase en esta disputa arrojándose fango de la ciénaga en que se desenvuelve la política española los convierte a todos en cómplices de la corrupción. Tienen mayoría parlamentaria para bloquear al Gobierno si el PP sigue en su empeño de proteger a los corruptos de su partido y considerar que este cáncer de la democracia es un simple resfriado que se cura con el paso del tiempo. No vaya a ser que después sea demasiado tarde y cuando se pretenda la cura el enfermo, la democracia, ya no tenga salvación.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.