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España, Pedro, Susana y el socialismo

 

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

¿Es posible ser socialista en un sistema de capitalismo liberal? ¿Ser socialista y gobernar con políticas socialistas? ¿Es posible ser socialista y defender la unidad del Estado-nación? ¿Es posible ser socialista y defender a la ciudadanía ante estructuras territoriales de una clase política corrupta, sin controles, y que han hecho de la división administrativa su forma de vida? ¿Es posible garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿Es posible que la protección de las distintas lenguas del Estado no sean a costa de precarizar, ocultar y atacar el uso de la lengua común y patrimonio universal, el castellano?

 

Lo que conozco en mis 58 años de vida es que el capitalismo liberal ha ido implantado normas de conducta en el socialismo, que las ha asumido como normales. Hay cientos de ejemplos, para llenar un libro, pero citaré solo dos: Pérez Touriño, socialista gallego en la oposición, organizó un escándalo porque Manuel fraga y su comitiva habían ocupado la mitad de una calle con coches oficiales para acudir a un acto, siendo para este socialista ese hecho el paradigma de la usurpación de la calle por políticos nada democráticos. Dos años después, en el mismo lugar, se veía a Pérez Touriño como presidente de la Xunta (2005-2009) habiendo cerrado la calle al tráfico para ocuparla por completo con el doble de coches oficiales, según mostraba una fotografía difundida en la prensa.

 

Este socialismo está muerto porque hacen lo contrario de lo que dicen, el dinero les importa más que sus principios.  

 

Esto de creer que lo que es indigno e inmoral si lo hace otro pasa a ser legítimo si lo haces tú cuando llegas al poder es algo que llevo viendo en dirigentes políticos desde que llegó la democracia (y en algún/a sindicalista policial, también). Magdalena Álvarez es una dirigente socialista que lleva muchos años trabajando en teoría para los más pobres y percibiendo sueldos infinitamente mayores que los que podría conseguir en su profesión, y que ahora, según noticias de medios de comunicación, percibe como jubilación-retiro dorado, merced a alguna tarea internacional que tuvo en el pasado, unos 10.000 euros al mes. Y no se le ha ocurrido que es indigno y obsceno percibir ese salario desde una ideología que defiende a los más pobres y principios básicos de justicia social. No se le ha ocurrido que podría donar el 50% o más para combatir la pobreza en su Estado, comunidad autónoma, ciudad o barrio. No se puede ser socialista aplicándose los mismos valores de enriquecimiento personal que en el capitalismo más salvaje. Este socialismo está muerto porque hacen lo contrario de lo que dicen, el dinero les importa más que sus principios. 

Los socialistas proponen ahora un Estado federal con diversas naciones dentro del Estado. Tengo claro lo que serían Cataluña, Galicia y País Vasco, pero, ¿y las demás? Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias, Aragón, Navarra, Baleares… ¿serían naciones? Y La Rioja, Murcia, Extremadura, Cantabria, las dos castillas, y Madrid, ¿qué serian? El problema de España hoy es la desigualdad entre su ciudadanía. La desigualdad en sanidad, educación, servicios sociales, prestaciones por pobreza y en otros servicios que se perciben en unas u otras zonas del territorio. No hay que descentralizar y profundizar en la desigualdad sino crear mecanismos que impidan que se produzca y reviertan la situación actual. Se ha creado una estructura territorial pensada para los que la gestionan, los políticos y altos funcionarios, y no para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En este país puede ocurrir que una persona espere 9 años para una operación de estómago y muera con 24 años (Amaresh, Asturias, 31 de diciembre de 2016) porque la sanidad en Asturias no dispone de suficientes especialistas en esa materia, y a nadie se le ha ocurrido que esas cuestiones deben estar organizadas como los trasplantes, que si en Asturias no se puede, en Cataluña, Madrid o Andalucía sí, y que allí debe producirse la operación para salvar la vida de esa ciudadana española. No están los ciudadanos sujetos a la distribución administrativa y competencial hasta el punto de que les cueste la vida sino que es la administración la que debe garantizar la prestación del servicio en Asturias o en cualquier otra parte del territorio nacional.

 

Tan dañino como lo que está ocurriendo en sanidad y educación es lo de los fueros vasco y navarro. No se pueden trasladar a la España actual los privilegios del pasado.

 

Lo mismo es aplicable en la educación. En algunas comunidades autónomas llevan 30 años educando en el odio a España y los españoles. Somos los opresores, los tiranos, gente inculta, vaga e ignorantes. Paletos que roban la riqueza de otras zonas. Eso debe acabarse y organizarse de tal forma que haya una ley de educación que sea sometida a referéndum, que establezca unas reglas básicas en la enseñanza de fraternidad y ciudadanía y que no puedan ser vulneradas por ninguna comunidad autónoma. Más educación para la ciudadanía y que se incluya en la Constitución. Y un eficiente servicio de inspección con miembros de todas las CCAA que garanticen su cumplimiento.

Tan dañino como lo que está ocurriendo en sanidad y educación es lo de los fueros vasco y navarro. No se pueden trasladar a la España actual los privilegios del pasado. Este es otro tiempo, otra sociedad y no vale asentarla sobre privilegios económicos de unos territorios sobre otros. Va contra la sociedad actual y es como si alguien reclamara la vuelta a los tiempos feudales con los privilegios del dueño de vidas y haciendas, incluyendo el derecho de pernada sobre las mujeres mozas. Hoy hay un derecho de pernada económico de dos regiones sobre las demás. Las comunidades autónomas vasca y navarra deben tener el mismo régimen fiscal que otros territorios. Debe acordarse así y aprobarse en referéndum. Y hacerlo cumplir. Y así en todo lo demás. Plantear esas y otras reformas de calado y modernización y a votar. Hay que eliminar los cientos de organismos duplicados e inútiles creados en todas las comunidades autónomas, analizar dónde deben existir diputaciones y donde no (en Madrid y Murcia no existen y no parece que vivan peor los ciudadanos) y acabar con tantas empresas creadas para escapar del control de los mecanismo de fiscalización y para colocar a sus amigos, familiares y correligionarios. Y acabar también con la excusa de la autonomía municipal y de los parlamentos autonómicos para legislar sobre salarios y materias que afectan a toda la ciudadanía. Regular los salarios públicos conforme al nivel salarial de cada comunidad autónoma y ciudad, impidiendo que un alcalde de un pueblo de 50.000 habitantes pueda cobrar más que el presidente del Gobierno, o que sus policías locales cobren el doble que las fuerzas de seguridad del Estado. Estas injusticias fijadas legalmente fomentan el sentimiento individualista, que cada cual se procure su interés sin atender al general de la los demás, de la sociedad. Esta es la España de charanga y pandereta, de Rinconetes y Cortadillos que todos los políticos, sin excepción, siguen propiciando hoy. No ven más allá de sus intereses, del tiempo de su mandato y las prebendas que disfrutan y mantendrán el resto de sus vidas. Como Magdalena Álvarez y tantos otros.

 

Susana no puede seguir pregonando lo que dice tras 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía y con las mayores bolsas de pobreza, paro y desigualdad del país.

 

Entiendo que se reconozcan peculiaridades como nacionalidades en algunas comunidades autónomas (Artículo 2 de la Constitución) si tienen lengua propia y determinados rasgos culturales, pero eso no puede pasar de un reconocimiento político sin capacidad jurídica vinculante, que no ponga en riesgo la unidad territorial del Estado-nación, ni puede suponer más privilegios de unos sobre otros, y en eso, en los privilegios, estamos desde hace muchos años sin que los políticos sean capaces de levantar la mirada y verlo desde la óptica de la ciudadanía. Conozco casos que no sé si se producirían en otras naciones. Un funcionario del Estado destinado en Madrid que por ascenso es trasladado a Cataluña, donde va con su esposa y dos hijos pequeños, a un puesto de trabajo que dura dos años, y que supone que los niños pierdan dos años de escolarización porque no consiguieron conocer la lengua del territorio y era imposible estudiar y examinarse en la común (no disponían de dinero para pagar enseñanza privada en su lengua, si es que la había en esa zona). El padre, estudiante de tercero de derecho, también perdió esos mismos dos años porque las clases universitarias eran en esa lengua del territorio y no en la del Estado. Hay que escuchar sus argumentos, su esfuerzo por cumplir en su trabajo, ascender y estudiar, y cómo en su propio país y Estado sufre un grave freno para sus expectativas laborales además de en la educación de sus hijos por la discriminación de su lengua en ese territorio. Eso es una aberración y una dejación de funciones del Estado que debe impedirse que siga ocurriendo.

 

No veo que el socialismo tenga claras estas cosas (ni el del PSOE ni menos el de Podemos o Izquierda Unida, y no digamos ya los nacionalismos presuntamente de izquierdas, que son xenófobos respecto de los habitantes de otros territorios del Estado). Susana no puede seguir pregonando lo que dice tras 40 años de gobiernos del PSOE en Andalucía y con las mayores bolsas de pobreza, paro y desigualdad del país. O las políticas socialistas no sirven para sacar a masas empobrecidas de su situación o en Andalucía no se han hecho políticas socialistas. Yo me inclino por lo segundo. Ella lleva 25 años de dirigente del PSOE andaluz y en cargos institucionales y por lo tanto es responsable política de la situación, que es de un fracaso sin paliativos. Otra cosa es que la política sea su profesión, no un medio para mejorar la vida de los demás. Pedro trae un mensaje nuevo, más fresco, de izquierda, más de oposición radical al capitalismo liberal que representa el PP, más cercano en lo social a Izquierda Unida y Podemos, pero no tengo claro qué quiere hacer con el Estado-nación. No sé si existiendo ya grandes diferencias entre ciudadanos de distintos territorios, el reconocimiento político que pretende de otras naciones dentro de la española no va a llevar a una España de rico y pobres, de dos velocidades, porque si es así, si no sabe bien donde va o las consecuencias de ello, estaría haciendo una manga del traje del Estado para la ciudadanía con las medidas sociales, y deshaciendo la otra manga con su política territorial. Y así el Estado resultaría una herramienta inútil dejando sin protección a los más desfavorecidos, a los más pobres, que serían pasto de tiburones políticos nacionalistas y/o corruptos, que de todo hay en esta fauna de políticos que nos gobierna.

 

El Estado debe fortalecerse con medidas que garanticen la igualdad de la ciudadanía y eso se hace legislando y votando. Que no les de miedo.

 

En mi opinión España debe recentralizarse en algunos asuntos esenciales para la ciudadanía. Se pueden crear los mecanismos de control del Estado y las comunidades autónomas precisos pero esto que estamos viviendo es un latrocinio contra la ciudadanía. El Estado debe tener la potestad de fiscalizar y reconducir aquellos servicios que no se prestan con las mínimas condiciones de calidad y debe garantizar la igualdad de todos en los servicios esenciales básicos, porque está muriendo gente por no disponer en unas comunidades autónomas de los mismos servicios sanitarios que en otras, se vive con menos ayudas sociales y por lo tanto con mayores niveles de pobreza en unos territorios que en otros, y se imparte enseñanza de más calidad a los niños en unas zonas que en otras. Y eso es incumplir la Constitución flagrantemente.

 

Reconocimiento político sí, ahondar en la desigualdad existente, no; ni un paso más que avance en la desigualdad. Al revés, el Estado debe fortalecerse con medidas que garanticen la igualdad de la ciudadanía y eso se hace legislando y votando. Que no les de miedo. Hay otros países donde se aprovechan las elecciones para preguntar por la pena de muerte, la legalización de las drogas o la imposición o retirada de impuestos; España, su ciudadanía, debe rearmarse y ello es posible a poco que la clase política sea capaz de estar a la altura de los retos de la sociedad. Se puede ser socialista, defender políticas sociales, repartir mejor la riqueza recortando los privilegios de las empresas y ayudando a los más necesitados y defender un Estado-nación. Es más, no entiendo que pueda ser de otra manera.

 

*José Manuel  Sánchez Fornet es Policía. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.

@sanchezfornet