El Congreso de los Diputados aprobó el 1 junio pasado la moción de censura contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Una consecuencia de años de corrupción sin tratamiento político adecuado, negando la mayor, ha desembocado en el actual escenario político. Un gobierno de España dependiente de los votos de independentistas catalanes en plena ofensiva contra la nación, y de los exterroristas de Bildu, que han conseguido una victoria parcial al ver que el gobierno de su gran enemiga, España, necesita sus votos para sobrevivir.

Si desde el punto de vista de la legalidad la moción de censura no admite debate, sí desde el punto de vista de la oportunidad, la ética y la coherencia política, hacer aquello que se dice o decir aquello que se hace y no lo contrario. El problema hoy es encontrar la hoja de ruta, el Cuaderno de Bitácora o el GPS de este Gobierno, que parece ir zigzagueante por alta mar sin tener claro qué puerto busca, y que con tal de mantenerse al timón al precio que sea parece dispuesto a ver hundirse el barco con todos los viajeros, los españoles, porque la tripulación viaja con salvavidas en forma de partidos, territorios, mamandurrias y salarios garantizados para ellos y los suyos.

Franco debe salir del Valle de los Caídos y debería haberse iniciado ese proceso hace muchos años, con Felipe González o Zapatero, tras un pacto de Estado con la derecha, aunque, por elemental estrategia, hubiera sido mejor que lo abordaran Aznar o Rajoy, lo que impediría lo que está pasando y va a ocurrir más en el futuro, reabrir heridas presuntamente cerradas hace más de cuarenta años.

Que lo haga un gobierno socialista que ostenta el poder gracias a los votos de Bildu, los políticos del terrorismo de ETA, los independentistas catalanes, que ya han protagonizado conflictos en el pasado por pretender la ruptura del Estado-nación, y sin hacer el más mínimo esfuerzo por buscar el consenso sobre el cómo, el cuándo y para qué de esa decisión, revive fantasmas del pasado que con la Transición parecían superados.

Sánchez está arriesgando abrir heridas que conducen al odio y entierran el espíritu de la transición, no por sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino por el momento, la oportunidad, las formas y los compañeros de viaje que ha elegido para hacerlo. Una decisión de mal estadista, como aquellos que nos llevaron a la guerra en el pasado, o como los independentistas de Cataluña, que pretenden el conflicto social, otra vez, tratando de avanzar en su ruptura del Estado. Veremos cómo evoluciona la posición del Gobierno según le vayan diciendo las encuestas, porque ya hemos visto lo que ha hecho con lo de acceder al Gobierno para convocar elecciones, el rápido viaje de la solidaridad a los inmigrantes del Aquarius a la expulsión urgente de asaltantes de la valla de Ceuta, o, lo último, de abandonar al juez Llanera ante el acoso internacional de los independentistas a garantizarle pleno apoyo del Gobierno. Eso sí, tras saber que jueces y fiscales iban a plantar a su ministra de justicia en el día de apertura del año judicial, situación que no se ha producido nunca hasta ahora en la historia de España.

En lo que no ha cambiado el Gobierno es en la laxitud ante todo lo que ocurre en Cataluña. La sensación de quienes no se someten a la imposición independentista del lazo amarillo es de estar abandonados por el Gobierno español.

Vista la ausencia absoluta de ética en muchos dirigentes políticos del país, sería ingenuo esperar que alguien que llega al gobierno con apoyos independentistas esté dispuesto a dejar el poder por defender a su ciudadanía de los ataques de esos mismos que le han elevado al cargo.

Pedro Sánchez no ha podido mantener su compromiso de no hacer uso del recurso a la justicia frente al gobierno catalán, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado recurso contencioso contra la creación de siete oficinas comerciales de Cataluña en distintos países (que los independentistas consideran embajadas), sin cumplir los trámites obligatorios de comunicación previa y autorización del Gobierno de la Nación. Esto es claramente insuficiente. Mientras el Gobierno de España hace lo mínimo para justificarse y cuando ya no puede evitarlo, los independentistas siguen dando pasos en su ocupación del espacio público, uso de las instituciones para romper el Estado, colocación de sus personajes afines en lugares estratégicos, o negándose a participar en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), aunque su discurso político, aventado por periodistas secuaces bien camuflados, consiste en mentir denunciando al Estado español por no darles participación en organismos de coordinación internacionales. Ellos no quieren participar como la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI o Ertzaintza, solo quieren participar como policía única de un Estado llamado Cataluña. Que se permitan esa negativa en asuntos como estos sin respuesta demuestra hasta qué nivel de genuflexión ha llegado el Estado español por desidia de sus gobernantes (estos, los anteriores, los anteriores de los anteriores…)

El PSOE tiene en Cataluña como partido un problema más grave que el de España como nación. El PSOE no existe en Cataluña. Es el único territorio donde no está representado como PSOE. Allí existe un partido distinto con CIF distinto y con plena autonomía, que defiende más poder y dinero para los catalanes. En sus siglas ya señala lo que es, PSC, con mayor grosor la “C” de Cataluña que la “P” de Partido o la “S” de Socialista. Los dirigentes de este partido catalán que sustituyó y expulsó al PSOE de Cataluña hace ya cuarenta años, dicen que el problema se resuelve dándoles más dinero, más competencias y blindándolas constitucionalmente, de tal forma que si en el futuro deciden prohibir el español (más de lo que ya lo han hecho), o instaurar un carné de ciudadanía solo para los independentistas, el gobierno de España no pueda intervenir legalmente.

El PSC es la cara menos áspera del nacionalismo pero busca al final el mismo objetivo: Cataluña como Estado independiente o cuando menos una situación de privilegio respecto a todos los demás españoles y territorios del país.

Tampoco está siendo ejemplar este Gobierno en lo que a transparencia se refiere. Los trabajos de la esposa del presidente, la colocación de más de 500 altos cargos con salarios obscenos en esta sociedad con 13 millones de personas en el umbral de la pobreza, desde un partido llamado Socialista, Obrero y Español es un ejemplo de la mentira política elevada al cuadrado. La tesis doctoral del presidente sigue siendo secreta y ahora ha declarado secreto los datos de coste, viajeros, etc. de su viaje en avión al FIBES, festival internacional de Benicasim, Castellón. El GPS está averiado.  Solo las próximas elecciones decidirán el rumbo del barco en el que vamos todos y que corre riesgo de hundirse por la inexperiencia del capitán. Una gran parte de su tripulación seguirá haciendo todo lo posible porque el capitán siga al timón porque su mayor objetivo político es hundir el barco que se llama España. Veremos si lo consiguen.

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