España y Pedro Sánchez
Nunca hubo políticos tan mediocres en España, y los hubo felones, irresponsables, impresentables y traidores en la larga historia de la nación.
Pedro Sánchez lleva ya tiempo suficiente como presidente del Gobierno para que empecemos a valorar sus decisiones y propuestas. El balance hoy no es positivo para España ni su ciudadanía aunque pueda serlo para él y su partido a corto plazo, que veremos, a la vista del escenario que nos dejan sus decisiones actuales, forzadas por indeseables compañeros de viaje, el rédito político y personal que les supone a medio y largo plazo.
Es posible una política social y de libertades públicas más progresista que las que desarrolló el PSOE en el pasado compatible con la defensa del Estado-nación, que en la historia moderna de los países no contempla el derecho de autodeterminación salvo para territorios colonizados.
El complejo y la ignorancia de esta izquierda actual hace que no se entienda que el Estado nación es la máxima garantía de protección de los más necesitados, y confunden defender esa estructura política con ideología política conservadora. Nunca hubo políticos tan mediocres en España, y los hubo felones, irresponsables, impresentables y traidores en la larga historia de la nación y los reinos que la precedieron.
Pedro Sánchez ha decidido sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Estoy de acuerdo con dicha decisión pero no con la forma de anunciarlo, sin que se haya planteado a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso buscando el consenso, y explicando qué propone el Gobierno que se hará con dicho lugar una vez extraídos los restos del dictador. Ni lo saben ni lo han pensado. Estas cosas no se deben hacer desde ocurrencias improvisadas. El Gobierno debe decidir entre quienes quieren dinamitar el Valle de los Caídos (por ejemplo, su periodista candidato a presidir la agencia EFE) y quienes defienden, entre los que me incluyo, convertirlo en un Museo de la historia y la reconciliación, como pide por ejemplo el historiador José Álvarez Junco, uno de los más reputados del país, previa extracción de los restos que nunca debieron estar allí porque no murió en la guerra civil como si lo hicieron todos los miles de sepultados en dicho lugar. Fue el rey emérito quien tomó esa decisión, una más en su amplia trayectoria de errores.
Pedro Sánchez denunciaba en la oposición que los PGE eran un ataque sobre los derechos de los más necesitados del país como justificación para no aprobarlos, pero eso ha cambiado cuando ha llegado al poder.
Exigió a Hacienda que se hiciera pública la lista de defraudadores y comprometió que él lo haría cuando llegara al Gobierno. Ya está en el Gobierno, esa es una decisión del Consejo de ministros y, ante la polémica por las declaraciones de Corinna hace tres años conocidas hace pocos días, ya ha negado que vaya a hacer aquello que en la oposición comprometió que haría. A más a más hablando de transparencia, conviene recordar que sigue estando reservada la tesis doctoral de su licenciatura en económicas, y que también había incurrido en la práctica política habitual de falsear su currículo con máster y puestos de trabajo que no había desarrollado nunca. Más de lo mismo en un país corrompido en todas sus estructuras donde la política no es más que el teatro donde los privilegiados actúan para entretener al pueblo.
Lo de RTVE ya lo he comentado aquí con anterioridad así que me remito a lo escrito, pero nunca se hizo tan evidente un cambio de cromos con empresas públicas, y tan importante como la de la televisión a cambio de apoyo político.
El medio ambiente es una importante tarea de gobierno que debe gestionarse con cierta finura política, que está lejos del brutal ataque a la industria del gasoil que puede afectar negativamente a cientos de miles de puestos de trabajo en España. El Gobierno no permitirá que el Congreso de los Diputados investigue la situación de las finanzas del rey emérito con la excusa de que la Casa Real no puede ser controlada por el Congreso. Nunca nadie hizo tanto daño a la monarquía como con esta decisión, que recuerda a personas de cierta edad lo que decían los seguidores del régimen, que Franco lo dejaba todo “atado y bien atado”.
Si el Congreso no puede investigar si el rey emérito ha defraudado a Hacienda y cobrado comisiones ilegales cuando era jefe del Estado, España no es una democracia digna de tal nombre. Será cualquier otra cosa pero una democracia, no.
El Gobierno del PSOE está estudiando retirar medallas a un torturador, un terrorista en mi opinión, como es el conocido como “Billy el Niño”. Algunas de dichas medallas fueron concedidas antes de la amnistía de 1977, con la que salieron a la calle asesinos terroristas con varios crímenes, muchos de los cuales han estado y están en política, como están en política terroristas y cómplices presentes en las instituciones, aliados políticos de quienes han hecho presidente a Pedro Sánchez, siendo imposible de entender que se persigan esas prácticas deleznables pero amnistiadas, como los crímenes, mientras un coronel de la Guardia Civil condenado por torturas bien avanzada la democracia (a mediados de los 90), ha recibido un indulto, varios ascensos, varias condecoraciones pensionadas y ocupa un lugar destacado en el Instituto armado y militar.
La imagen del presidente español en la cumbre de la OTAN con su “acercamiento” físico a Trump ha sido ridícula, el becario que busca la foto, como difícil de explicar su decisión de llevar al 2% del PIB el gasto militar en unos años tras haberlo negado antes de acudir a la referida reunión.
Y lo peor, su abrazo con el independentismo. Su aceptación de la sentencia de un tribunal regional alemán sobre la extradición de Puigdemont solo por el delito de malversación pasará a los anales de la historia como una injerencia política con desprecio a la máxima instancia jurisdiccional del país, el Tribunal Supremo. Pedro Sánchez ha convertido al PSOE en un apéndice del PSC, que defiende que para que no siga creciendo el apoyo a los independentistas hay que darles más competencias y dinero y blindarlas en su Estatuto. Y en esa línea está el Gobierno de España. Si pretende convencer a los independentistas con más competencias se equivoca. Un error de esos que la historia (si algún día se vuelve a conocer la historia de España en las aulas) contemplará en sus libros. No hará más que dar fuerza a quienes, desde una filosofía nazi, supremacista, consideran a quien no sea de su ideología, en palabras de su presidente Quim Torra “bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN”.
En Cataluña está proscrita ya la lengua común en muchos ámbitos sociales; se persigue el español o castellano. La cultura española, la bandera y todo aquel que manifieste que se siente español (incluso si dice catalán y español) será tachado de fascista. Desprecian la lengua en comercios, instituciones públicas, TV3, sanidad, educación, industria, y pasear con la bandera nacional por sus calles es exponerse a ser agredido. Esos millones de españoles y catalanes que precisarían un referente político en Cataluña y España están siendo ignorados, olvidados, traicionados por Pedro Sánchez y su Gobierno del PSOE contaminado de nazis supremacistas a cambio de conseguir el poder.
Un presidente que en vez de una posición de firmeza contra los agresores de su ciudadanía recibe al líder institucional de los agresores y le concede un amistoso paseo por Moncloa.
La política del PSOE desde el Gobierno de Pedro Sánchez está dando alas al independentismo supremacista y traicionando los derechos de la ciudadanía española, especialmente la de los catalanes que se sienten también españoles, convertida en ciudadanos de segunda por el interés personal y ambición de poder del presidente del Gobierno. Esto es lo que parece visto desde Andalucía y normalmente las cosas, como parecen, son.