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Españoles, Franco ¿ha muerto?

Las inercias predemocráticas heredadas son las que agudizan aún más la crisis existencial del régimen del 78.

Dadme dos líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo suficiente para hacerlo encarcelar.” Advertía presuntuoso el Cardenal Richelieu. Es la prehistoria de una inercia punitiva enraizada en nuestro país y uno de cuyos corolarios se encuentra en el trasunto de la guerra civil y la posterior represión, donde los tribunales de los militares vencedores -los de viva la muerte y muera la inteligencia-, condenaban por rebelión militar a los compañeros de armas que precisamente no se habían rebelado al mantenerse fieles a la legalidad vigente; los facinerosos condenaban a los que se habían mantenido dentro de la ley por el delito que ellos habían cometido. Era algo que venía de lejos por lo que no es de extrañar que cuando el cura que atendía al general Narváez en su lecho de muerte le preguntó  si perdonaba a sus enemigos, el espadón de Loja contestara que no podía porque los había fusilado a todos. Ello es un problema derivado de los escasos períodos verdaderamente constituyentes que ha conocido España en los últimos doscientos años y cómo esos breves interregnos históricos de redefinición del poder político y material han sido interrumpidos abruptamente por la fuerza de los espadones.

La historia de este país, que según Gil de Biedma es la peor de las historias porque acaba mal, en la mayoría de los casos se ha sustanciado como una anomalía.

 

La hegemonía cultural de los herederos de la historia que acaba mal, ha propiciado una continuidad de la titularidad fáctica del poder evitando los procesos constituyentes bajo la imposición de que el agente de las reformas sea el Estado y no la sociedad. Eso fue la Transición, por eso es más difícil sacar a Franco del Estado y las instituciones que del Valle de los Caídos.

Las inercias predemocráticas heredadas son las que agudizan aún más la crisis existencial del régimen del 78. La instrumentalización política de la justicia en el caso de Cataluña ha inutilizado los instrumentos esencialmente políticos para resolver el problema; dejar que la política la hagan los jueces es paralizar el espacio dialéctico y democrático de la vida pública para situar a los antagonistas ideológicos en el ámbito de la delincuencia y, por lo tanto, descartando cualquier elemento de entendimiento mutuo mediante el diálogo y la negociación, ya que a un delincuente sólo cabe reprimirlo. Las constantes descalificaciones y reprobaciones de los tribunales europeos a la imaginativa narración instructora del juez Llarena, de la que el tribunal alemán llegó a decir que una interpretación tan abierta de la violencia podría acabar impidiendo el ejercicio de libertades políticas básicas, ya que no aconteció nada que no se dé en “manifestaciones, convocatorias de boicot o huelgas.» no dejan de mostrar ante Europa unas resistencias predemocráticas de origen en la monarquía española.

 

Por todo ello, es imposible retomar la política para resolver un problema político como es el catalán, sin una redefinición conceptual del proceso judicial, que por su propia naturaleza descarta los instrumentos de los que se dota la vida pública democrática en su formato polémico y crítico de convivencia.

 

Y máxime cuando se ha producido el vicio de la invasión del código penal en resoluciones parlamentarias, algo impensable y escandaloso en las democracias europeas. Empero, a pesar de las declaraciones del presidente Sánchez sobre su predisposición al diálogo, la nueva fiscal general del Estado no ha modificado en nada la actuación fiscal anterior y, como consecuencia, la voluntad política sigue suspendida por la interferencia judicial.

Esta dejación de funciones de la política en favor de las togas y las puñetas, con abstracción del caso catalán, es de suma gravedad por cuanto la débil separación de poderes, es un signo más, junto con la constricción de derechos y libertades cívicas, la criminalización del mundo del trabajo, la restricción de los elementos polémicos y, por tanto, el campo de lo opinable, de que la continuidad del régimen monárquico resulta cada vez más incompatible con la calidad democracia o con la democracia misma. El exilio de la política requiere además unas condiciones ambientales singularizadas en la revitalización de un carpetovetónico patriotismo español muy reconocible en los años del caudillaje y una renuncia de la izquierda a su sujeto histórico y a su propia hegemonía cultural con lo cual, y siguiendo la reflexión de Norberto Bobbio, existe una disfunción de la esencia de la democracia que es algo más que poder votar ya que se fundamenta en que la ciudadanía pueda elegir entre alternativas ideológicas reales.

Esta crisis sistémica cuya expresión patológica es una ampliación de los déficits democráticos no se sobresanará reduciendo la política a un atrezo que no se enfrenta con los verdaderos problemas estructurales del Estado español. “Se juzga ser amor a la patria lo que sólo es amor de la propia conveniencia”, dice Feijoo. Pues eso.