Problema en agravamiento progresivo y pendiente, por tanto, de alivio más que de solución definitiva. En cualquier caso, los remedios se nos antojan cada vez más difíciles de encontrar.
No cabe duda de que pertenecemos a una sociedad envejecida. En consecuencia, acumulamos enfermedades crónicas y complejas. Los benditos avances de la ciencia y de la medicina traen terapias donde no las había. Por tanto, al crear nuevas soluciones, crean nuevas necesidades.
Y una nueva necesidad es, lógicamente, un conjunto de personas pendientes de solución. A la espera de que esta se les pueda aplicar debidamente.
Hay lugares comunes acerca de esta cuestión que, por manidos, no dejan de ser ciertos.
Al centrarnos en lo económico, a veces olvidamos que se trata de esperas en enfermedad y sufrimiento. Esperar sin poder leer o tropezando a cada momento para operarse uno de cataratas. O esperar cojeando dolorida para operarse una de cadera. Esperas que pueden ser mortales, incluso. Así sucede, en caso de sospecha de tumores que progresan fatalmente antes de la operación.
No sorprende, por tanto, que las listas de espera se hayan convertido en arma política. El malestar social asociado al problema es una las razones de la politización progresiva de la Sanidad Pública. En consecuencia, la presión política condiciona el funcionamiento de las unidades clínicas. Una presión comprensible, si se escuchan las dificultades de los encargados de resolver los problemas, a pie de obra. Pero no parece ser el caso, a tenor de lo que se viene oyendo en los medios y en las redes sociales.
En este punto, es preciso matizar que las listas de espera albergan situaciones muy diferentes.
Si usted padece un dolorimiento de abdomen, por ejemplo, una primera cuestión es la espera para visitar al especialista en la materia. Otra diferente es la espera para una ecografía, TAC o resonancia que aporte un diagnóstico. La indicación de una intervención quirúrgica condiciona un tercer tipo de espera. Se confirma, por tanto, que algo hay, digno de intervenirse o extirparse. La espera admite, pues, diferentes categorías y, dentro de cada una, diferentes gravedades.
Desde una perspectiva de Sistema Sanitario, el tratamiento de las esperas exige toda la transparencia. Es imprescindible contar con toda la exactitud posible. Cuántos casos tenemos de cadera, de cataratas o de sospecha de melanoma, por ejemplo. Graduarlos por gravedad y, sobre todo, por el riesgo de avance irreversible de la enfermedad. Y disponer de un mecanismo ágil de revisión de la situación del paciente que espera. En este sentido, es preciso detectar rápidamente el deterioro o, por el contrario, si se replantea la indicación quirúrgica y fuera posible sacar al paciente de la lista.
Contar con exactitud exige precisar cuándo se establece la indicación de derivación al especialista, la prueba diagnóstica o la cirugía.
¿Cuenta desde el momento en que el primer especialista indicó la cirugía? ¿Desde la confirmación por un segundo especialista (que, según parece, tiene que confirmarlo obligadamente)? ¿O desde el momento en que el paciente firma por fin el “Registro de la Demanda Quirúrgica”? En este sentido, es preciso erradicar la tentación de maquillar las listas de espera. Práctica común, realizada con el fin de presentar a los medios una prueba de la gestión eficiente de los recursos. Cualquier abordaje serio de la cuestión deberá partir de un estudio riguroso, basado en un nuevo modo de contar. Así, todos podremos ver lo mismo, y mediremos correctamente el impacto de cada medida.
Desde el punto de vista del ciudadano, será preciso que la reglamentación en vigor sea explicada con toda claridad. Además, su aplicación debe ser facilitada. Los Decretos de Garantía de Plazo de Respuesta deben ser mucho más que papel. No vale una normativa garantista cuyo ejercicio real nadie explica al paciente de modo amable y receptivo. Ello conduce al ciudadano mínimamente exigente a un laberinto donde los “no sé” o los “pregunte usted allá” son el cínico correlato de una reglamentación ambiciosa solo en apariencia.
Los andaluces vivimos en una comunidad situada a la cola de la nación en cuanto a inversión por habitante en Sanidad Pública.
Además de la mejoría financiera — que va de suyo —, se nos antoja preciso dotarnos de una especial transparencia a la hora de la evaluación continuada de una cuestión tan sensible. Del mismo modo, urge voluntad política para sacar la defensa administrativa del ciudadano de lo meramente decorativo, y hacer de ella un mecanismo eficaz y funcional en el día a día.