¿Está en peligro la libertad del individuo?

 En estos momentos pocos son ya los que quedan que defiendan con uñas y dientes la gestión del Gobierno. El destape del correo remitido por el Estado Mayor de la Guardia Civil a sus comandancias y unidades especializadas con el objetivo de implementar medidas destinadas -como ya es de dominio público- a ‘minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno’ y controlar los mensajes que generen desafección al mismo o a sus instituciones, ha dejado patente que lo del Jefe de aquél no fue un ‘lapsus’. Explicación tan apresurada como insatisfactoria, que no impidió que nadie pusiera en tela de juicio la sinceridad de las autoridades y que la imagen del instituto armado quedara manchada, guste o no. Demasiadas ‘coincidencias’ ya. El anuncio por parte de Marlaska de la monitorización de los contenidos en las redes sociales, la pregunta liberticida en el CIS de Tezanos, el que los dos ‘verificadores’ de Facebook sean dos plataformas afines ideológicamente al Gobierno y a una cadena de televisión (La Sexta) notoriamente militante, el que WhatsApp limite los reenvíos de los mensajes, la ilegalidad de las medidas de Excepción dentro del Estado de Alarma, la legitimación para la Expropiación en la tan cacareada Orden Ministerial publicada en el BOE, los impedimentos continuos al control del Gobierno por el Parlamento, la utilización de las instituciones públicas para hacer propaganda electoral, la censuraa prioride las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa, la puesta encima de la mesa de las medidas de aislamiento forzoso para los asintomáticos, el control de los datos y las pretensiones de geolocalización estatal, las medidas de intervención económica y de limitación del libre mercado… Y un largo etcétera.

Si alguien se fija, no estará de más comprobar cómo la redacción deliberadamente vaga y amplia de los términos del Real Decreto-ley por el que se estableció el Estado de Alarma ha permitido en la práctica que los agentes de policía y guardia civil obtengan un margen muy amplio para la imposición de sanciones. En su mayoría, amparándose en la ‘desobediencia’ a pesar de que esta implique necesariamente un requerimiento previo por parte de la autoridad y no pueda verse contemplado dentro de ella el incumplimiento de lo dispuesto en una ley, una norma con rango de ley (como es el Decreto-ley) o una disposición reglamentaria. Dada la alta cuantía económica de estas sanciones, no es descabellado suponer que el Gobierno haya redactado el decreto así con el objetivo de ampliar los supuestos por los que sancionar al particular para recaudar dinero por la puerta de atrás. Sabiendo como sabe que se le viene un grave problema encima a la hora de financiar todas las medidas intervencionistas que está aprobando.

Sin ir más lejos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la de lo Contencioso-Administrativo, ha admitido a trámite al recurso contra el Decreto-ley gubernamental que suspende los derechos a causa del Estado de Alarma, por violación de los Derechos Fundamentales. Algo que ya hemos tratado aquí en este medio (https://confidencialandaluz.com/el-boe-del-sabado-es-inconstitucional/). El artículo 55 de la Constitución no permite suspender los derechos fundamentales bajo el Estado de Alarma, tan sólo lo permite en los casos de Estado de Excepción y de Sitio. Lo que se ha activado es el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona que se regula en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. E importante a tener en cuenta es que el Tribunal Supremo rara vez suele admitir a trámite este tipo de recursos contra disposiciones del Poder Ejecutivo. En este caso lo ha hecho y además ha emplazado a la Vicepresidente el Gobierno Carmen Calvo a que aporte toda la documentación relativa al asunto. Lo que significa dos cosas: que el recurso está muy bien fundamentado, y que existen razones para que el Tribunal entienda de él. Mal asunto para el Gobierno. Con estas bases, gran parte de las sanciones que al amparo del Decreto-ley se han impuesto podrán ser tumbadas en los juzgados con éxito por abogados hábiles.

Ahora toca echar una mirada a otros países de Europa, especialmente a Hungría y Polonia, dos países pertenecientes a la Unión Europea. En el primero, su Primer Ministro Viktor Orban ha logrado la extensión indeterminada del Estado de Emergencia para gobernar sin control parlamentario de ningún tipo por medio de decreto. La clave está en que es potestad exclusiva del Ejecutivo decidir cuándo finaliza dicho Estado de Emergencia. Y dado que el Tribunal Constitucional está plagado de miembros afines al partido en el poder, es dudoso que desde esta instancia pueda ejercerse algún control eficaz contra esta medida. No lejos de este planteamiento anda Polonia, cuyo Ejecutivo dirigido por la formación ‘Ley y Justicia’ sigue empeñado en celebrar Elecciones Presidenciales en mayo entro de las medidas de excepción adoptadas y pese al grave riesgo que el Covid-19 todavía representa en el país. De hecho, la Comisión Europea ha decidido supervisar las medidas de emergencia adoptadas en estos dos países ante el peligro de que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la Unión Europea. El denominador común está en que ambos países llevan años conduciéndose por una vertiente autoritaria destinada eliminar la independencia de los tribunales, el control parlamentario de las decisiones gubernamentales y las libertades de expresión e información de la oposición política, de los medios de comunicación y de los simples particulares.

No es nada nuevo. La Crisis del Coronavirus tan sólo ha acelerado unas tendencias que ya estaban latentes en las democracias occidentales. Unas tendencias de marcado carácter autoritario y anti-parlamentario que arraigan con facilidad en aquellos que, cansados de la ‘borrachera de libertad’ creen que la evolución lógica de sus Estados pasa por imposición de una estricta moral pública y de un control absoluto o elevado de la población por su propia seguridad. Es preferible evitar que alguien se ofenda que permitir que alguien pueda ofender. Aquí en España lo contemplamos con tanta fuerza como impotencia. No en vano, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, bautizada como ‘Ley Mordaza’ aprobada por el Partido Popular, es la que están empleado el Partido Socialista y Podemos para hacer efectiva la limitación de los derechos fundamentales e imponer su visión. Lejos de derogarla como prometieron en su propaganda electoral, han engañado a todos los españoles demostrando hasta qué extremos es peligroa esta ley.

Poco a poco, va calando el discurso aquél que insiste que el individuo es en realidad incapaz de autodeterminarse y que necesita que el Estado haga todo por él: decidir qué sentir, qué pensar y qué hacer. Esta es la ideología que subyace bajo todos estos planteamientos, sean progresistas o conservadores. Lo que sí está claro es que no son liberales. Pues el liberalismo se basa exactamente en lo opuesto: en la responsabilidad del ciudadano particular ante sí mismo y ante la sociedad de la libertad de sus acciones. La contienda que se libra hoy en la arena política no es entre ideologías sino entre cosmovisiones:

IndividualismovsColectivismo, ResponsabilidadvsServidumbre, LibertadvsTiranía, DemocraciavsDictadura. A raíz de este desastre sanitario, las pulsiones que perseveran en la eliminación de los parlamentos y de los mercados van a experimentar una subida considerable, y van a utilizar todos sus recursos económicos y de poder para aprovechar la oportunidad e ir reduciendo poco a poco y gradualmente la esfera de libertad de la que aún gozamos. Por eso es imprescindible que estemos alerta e identifiquemos todos los intentos, camuflados o no, con que los partidos actualmente en el poder pretendan pilotar un cambio de régimen en España.