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Fantasmas españoles

La pretensión de que el Gobierno presione al TS, por la vía de la fiscalía, en orden a favorecer a los políticos presos, es seguramente la más repugnante y cínica idea antidemocrática que pueda muñirse.

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos (P’s) escenificaron, el pasado jueves, 11 de octubre, la firma de un documento de variada interpretación. Ésta va desde el mero acuerdo presupuestario al de legislatura. O, incluso, hasta el compromiso político de futura coalición de gobierno. Suena muy raro, casi fantasmagórico, que no se haya presentado como un arreglo entre partidos, PSOE y P’s, sino entre el Gobierno y un partido, negro sobre blanco en papel oficial con membrete de la presidencia del Gobierno, y firmado en la sede de ésta.  Un acto que confirma el interés del dúo Pedro-Pablo por agotar la presente legislatura, sobre una base parlamentaria muy superior a la fuerza que tienen por separado.

Pero tal cimiento no garantiza que los firmantes alcancen sus objetivos. Porque, de entrada, la aritmética parlamentaria no da, entre los dos, los 176 diputados que garantizarían la mayoría absoluta en el Congreso. El corolario inmediato es que tanto Sánchez como Iglesias parecen confiar en que, en los casi dos años a venir, serán capaces de reproducir en la cámara baja, en algún momento, esa mayoría que, el pasado 1 de junio, en el Congreso, posibilitó la censura de Rajoy y, en el mismo instante, la investidura de Sánchez como presidente del gobierno.

 

El primer gran envite comienza mañana, lunes 15 de octubre, cuando el Gobierno remita a Bruselas el cuadro macroeconómico y los datos esenciales del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

 

Información que será allí valorada por la Comisión de la UE. A pesar de que la financiación de muchas de las nuevas partidas “sociales” que se pretenden presupuestar no están muy claras, es de suponer que la Comisión no rechazará inicialmente ese embrión presupuestario; siempre que los números cuadren (y los números, si no cuadran, se hacen cuadrar a martillazos). Uno, en su escepticismo, se teme que esos nuevos gastos, en un ambiente económico desfavorable ―digan lo que digan―, serán financiados por una subida de impuestos que, como históricamente suele suceder, apoquinaremos al final los de siempre.

Salvado lo anterior, y tras la aprobación por el consejo de ministros del correspondiente proyecto de ley de PGE-2019, éste será enviado al congreso de los diputados para su tramitación. Y comenzará el segundo gran envite: el de concitar la mayoría necesaria para que, tras un proceso que se adivina farragoso ―incluyendo la previsible devolución de los Presupuestos desde el Senado al Congreso, para final decisión de éste― se logre, en su caso, la aprobación final que supuestamente posibilitaría desarrollar, en su mayor alcance, el pacto político firmado por el binomio Pedro-Pablo.

Tal mayoría requerirá, al menos, los votos del PNV y de los dos partidos secesionistas catalanes (ERC y PDeCat). Los de los “recogenueces” del PNV no serán difíciles de lograr, bien que, en su caso, nuevamente veremos, a cambio de sus cinco votos, las alforjas vascas rebosantes de millones de euros adicionales, a costa del resto de los españoles.

 

Otra cosa son los votos de los secesionistas catalanes. Éstos ―así vienen anunciándolo―, venderán sus votos no solo por dinero, sino especialmente por concesiones políticas, que concretan en dos términos: “autodeterminación” y “presos políticos”.

 

Esos son dos escollos prácticamente insuperables. En primer lugar, porque el pretendido “referéndum de autodeterminación” es anticonstitucional. Y, en segundo término, porque el destino de los que intentaron el golpe de estado del pasado año, no está, afortunadamente, en manos del Gobierno, sino de la Justicia. Y la pretensión de que el Gobierno presione al Tribunal Supremo (TS), por la vía de la fiscalía, en orden a favorecer a los políticos presos, es seguramente la más repugnante y cínica idea antidemocrática que pueda muñirse. Con esto de los golpes, criaturas secesionistas, no existe esa segunda oportunidad que tan afanosamente buscaba “El Platanito”. Aún así, como a los secesionistas les interesa mucho más la continuidad del actual gobierno socialista apoyado por los comunistas podemitas, que unas elecciones anticipadas de incierto resultado, posiblemente aporten sus votos para que los PGE-2019 salgan adelante.

Paradójicamente, y a pesar del fortalecimiento parlamentario de apoyo al Gobierno tras el pacto Sánchez-Iglesias, sobre España sobrevuelan dos fantasmas. Uno es el embrión de un conflicto civil en Cataluña, tras el despertar, tanto en Cataluña como en el resto de España, de la conciencia ciudadana activa frente a la chaladura y matonería secesionistas. El otro es la ingobernabilidad nacional latente, que no se evaporará hasta que haya elecciones generales.