Confidencial Andaluz

Fuego amigo en Interior

Fuego amigo en Interior
19:20 | 24 de junio, 2016
Jose Manuel Sanchez Fornet

José Manuel Sánchez Fornet

Esta semana se ha difundido una grabación realizada en el despacho del ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, durante dos entrevistas mantenidas con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso.

Que sea posible grabar una conversación en el despacho del ministro ya nos deja a la altura de Mortadelo y Filemón, de Anacleto agente secreto en materia de seguridad, pero más grave todavía es el contenido de la conversación al ser evidente que el responsable político de las fuerzas de seguridad, que por mandato constitucional deben preservar las libertades y derechos de la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley con escrupuloso respeto a la ideología de cada cual, estaba instigando a un funcionario público a actuar con criterio partidista al margen de lo que establece su estatuto como funcionario del Estado.

El Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción emitió una nota solicitando la dimisión del ministro, algo que ocurriría en cualquier país democrático mínimamente decente pero que aquí no ocurre porque nuestra democracia es de bajísima calidad, y partidos políticos, sindicatos policiales, y asociaciones de la Guardia Civil también se apresuraron a solicitar su dimisión.

Siendo lo más grave el contenido de la conversación, que evidencia que los políticos en España, unos más que otros y los del PP a la cabeza, usan las instituciones con fines partidarios, se está investigando quién, cómo, porqué… hizo la grabación y quién la difundió.

Hay diversas posibilidades (que el director de la OAC llevará un dispositivo en su maletín; que hayan hackeado su teléfono, que hubiese un micrófono de grabación instalado en el despacho…) y las primeras pesquisas policiales señalan a la instalación de un programa en el teléfono del director de la OAC a través de un mensaje, y con control remoto han activado la función de grabación. La claridad de la grabación apunta a otras hipótesis pero ésta es la que están buscando los investigadores, confiamos que con acierto y que llegue a final feliz y no a un callejón sin salida.

Y descarto absolutamente que el comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, alias “el chati”, por ser amigo de Gago, dirigente de su sindicato y haber compartido muchos años de actividad sindical como liberados no vaya a cumplir con su obligación de buscar a los responsables en las tres semanas que le faltan antes de alcanzar la jubilación.

Lo que se sabe es que el contacto del ministro con este responsable público se produjo a través de sus policías más afines, de su entorno más cercano, de su confianza, como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del director adjunto operativo de la Policía (Eugenio Pino, jubilado el 23 de junio), destinado en una embajada y que antes estuvo destinado en Santander pero cobrando dietas por desempeñar su trabajo en Madrid. Él y su mujer, inspectora, ingresan entre 20.000 y 25.000€/mes, más una medalla pensionada que le regalaron el pasado año, lo que deja en evidencia la moral del país en el que estamos, que con una parte importante de la población en la más absoluta pobreza regala esos salarios a funcionarios (demasiados), elegidos por su lealtad política. Gago ha sido muchos años presidente nacional del SPP, el sindicato clasista y conservador que agrupa a los mandos de la Policía. Por ahí debe empezar cualquier investigación seria, y descarto absolutamente que el comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, alias “el chati”, por ser amigo de Gago, dirigente de su sindicato y haber compartido muchos años de actividad sindical como liberados no vaya a cumplir con su obligación de buscar a los responsables en las tres semanas que le faltan antes de alcanzar la jubilación.

Hay que trasladarse a esa fecha de 2014 y ver qué policías estaban trabajando en el entorno del ministro, y nos salen, además de la Junta de Gobierno y de otros colaboradores como Gago, principalmente dos: José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas Aranda, uno en sus tareas habituales en los últimos 20 años y otro, como jefe de Asuntos Internos, nombrado como hombre de confianza de Eugenio Pino que ha sido el hombre de confianza del ministro. Marcelino Martín-Blas fue en octubre de 2012 a Barcelona a hablar con los fiscales que llevaban el “caso Palau” para convencerlos de la conveniencia de ordenar registros en las sedes de CDC, y fue acompañado por el comisario José Luís Olivera, que había sido hasta un año antes jefe de UDEF, después fue nombrado jefe del CITCO, y ahora va a ser nombrado DAO por ser también persona de confianza del actual ministro. La Policía no es la Guardia Civil, donde el DAO sigue siendo el mismo aunque cambie el Gobierno, y aquí cada cambio de Gobierno, incluso con el mismo partido, supone el cese de todos los miembros de la Junta de Gobierno. Y así nos va.

Desde el punto de vista político la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (de quien depende orgánicamente el CNI), con buenas relaciones con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, no se lleva bien con el ministro, tampoco ha habido nunca buenas relaciones entre Fernández Díaz y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

En Interior toda la legislatura se ha desarrollado en un clima de división entre distintos grupos políticos y policiales. De una parte, el ministro de Interior, hombre de confianza de Rajoy, apoyado por el DAO Eugenio Pino, por Martín-Blas, Villarejo, “el Chati”, Gago y otros mandos, hasta que el pasado año se produjo el enfrentamiento Villarejo –Martín-Blas, al que ahora me referiré, con el cese de Martín-Blas como jefe de la Unidad de Asuntos Internos, unidad a la que señalan como la que estaba realizando esas funciones que en algunos medios llaman de unidad de inteligencia, de actuaciones de dudosa legalidad en Cataluña, para tratar de frenar con la imputación de delitos que se hubieran cometido a políticos y partidos independentistas.

Desde el punto de vista político la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (de quien depende orgánicamente el CNI), con buenas relaciones con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, no se lleva bien con el ministro, tampoco ha habido nunca buenas relaciones entre Fernández Díaz y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó (Rajoy impidió su cese hace dos años por considerar que no era oportuna en ese momento), que no ha dirigido nada porque no lo han dejado, y solo le ha faltado la dignidad de decir que o ejercía sus funciones o se iba. Cosidó ha contado con el apoyo leal del subdirector de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, al que quizás esa lealtad, sabiendo el enfrentamiento entre el ministro y Cosidó, le ha costado no ser DAO aunque fuera transitoriamente.

Habrá que revisar la actuación del servicio secreto en España porque en ningún país democrático se permite su injerencia en asuntos internos por intereses espurios.

Esta división política se ha producido paralelamente a la disputa policial que lleva dos años en los medios de comunicación. José Manuel Villarejo es un comisario que lleva años realizando trabajos para la Policía de los que se pueden considerar de información pura en distintos ámbitos, de terrorismo, delincuencia organizada y violenta, económica, etc. Tiene amigos y detractores, como todos, pero durante todos estos años muy pocas personas, incluso en la Policía, sabían que seguía en activo. Su identidad, actuaciones y las denuncias contra él se han producido y difundido a raíz de que denunciara por escrito, en el caso del secuestro del periodista Javier Espinosa y un fotógrafo en Siria, en septiembre de 2013, que los secuestradores habían pedido dos millones de euros de rescate y que sin embargo, los intermediarios y funcionarios públicos encargados de gestionarlo habían pedido en España seis millones de euros.

A partir de ese momento se han difundido sus empresas, su patrimonio (adquirido en los años que estuvo en excedencia antes de volver a trabajar para Interior, a petición de mandos policiales de principios de 1992), y se le ha implicado en casos como el ”Gao Ping”, “Nicolay” (del “pequeño Nicolás”), de la dermatóloga apuñalada que denuncia a López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo de los reyes, y en todos cuantos ha sido posible porque el CNI ha decidido que así sea.

Habrá que revisar la actuación del servicio secreto en España porque en ningún país democrático se permite su injerencia en asuntos internos por intereses espurios. Si se conocieran los documentos de las injerencias del CNI en el caso “Gao Ping”, intentando convencer a un testigo de que preste declaración en un sentido, o en el caso “Telemaco”, de pederastia, con implicación de alguna autoridad, o en el caso “Nicolay”, del que algo se conoce, la confianza que tenemos en algunos miembros del servicio secreto desaparecería de inmediato.

Hay que recordar que Martín-Blas, que está colaborando con el CNI, hizo una imputación falsa en un informe oficial del “caso Nicolay” acusando a Villarejo de haber estado en el Canal de Isabel II con Francisco Nicolás

Hay que recordar que Martín-Blas, que está colaborando con el CNI, hizo una imputación falsa en un informe oficial del “caso Nicolay” acusando a Villarejo de haber estado en el Canal de Isabel II con Francisco Nicolás, acreditándose después que, cuando menos, era un error gravísimo, cuando no una falsedad intencionada. Solo ese asunto, y hay varios más, descalificaría a Martín-Blas para continuar en tareas de investigación por la absoluta falta de rigor en sus investigaciones. Pero ahí sigue, con cobertura del magistrado del juzgado de instrucción nº 2 de Madrid.

El ministro está probando una pequeña ración de su propia medicina. La Policía no puede ser utilizada con intereses políticos partidistas y él se ha ganado suficientes enemigos en el Cuerpo por hacerlo, por ejemplo, asegurando que el primer informe UDEF no era de la UDEF cuando todos en la Policía sabemos que lo era, y lo evidencia que el informe de 10 folios que sus hombres de confianza, Martín-Blas y Oliveras, llevaron a la reunión con los fiscales de Cataluña en octubre de 2012 es prácticamente idéntico párrafo a párrafo a una parte del que se consideró “informe fantasma de UDEF”; perdió confianza de policías utilizando al jefe entonces de la UDEF, Vázquez López, alias “el fiti”, hoy jefe superior de Policía de Galicia, para decir que era falso el informe (porque todavía el ministro estaba jugando a dos bandas con Pujol, como ha hecho durante muchos años, y mientras en privado y secreto alentaba esos informes ante unos mandos, en público los negaba ordenando a otros mandos que también lo hicieran).

Se ha ganado enemigos asegurando que habría denuncias contra los policías que investigaron el “caso ático” que afecta al entonces vicepresidente de la comunidad de Madrid, y sancionando con expedientes y traslados a un comisario y con ceses a dos comisarios generales de Policía Judicial; y se los ha ganado permitiendo patochadas de policía política impropia de un Estado de Derecho como el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que fue defendido ante autoridades judiciales por el hoy jefe superior de Policía de Galicia y antes jefe de UDEF, que en cambio negó la existencia del informe UDEF de 2012, que no era oficial pero recopilaba distintas investigaciones en marcha que, acumuladas, ponían en evidencia que la familia Pujol estaba actuando como una organización criminal desde hacía años, y como investigaciones posteriores han acreditado. Y por no seguir con sus nombramientos de comisario honorario a periodistas afines, o con las condecoraciones a imágenes religiosas, y con su interés de utilizar desfiles militares y ceremonias religiosas sin prestar atención a las condiciones de trabajo de los agentes.

Mención aparte merece lo que está haciendo en la Guardia Civil, cuerpo militar con disciplina cuasi legionaria, impropia de un país democrático, y con continuos obstáculos a sus asociaciones independientes y democráticas para impedir que hagan lo que en otros países y en institutos de carácter militar realizan sus sindicatos, que los tienen. Un cuerpo con el más alto índice de suicidios y de abandono de la profesión por disminución de las facultades psicofísicas cuyos miembros lo consideran el peor ministro de la democracia, cargados de razón.

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