Gobierno bonito y feminista

 

Así se definen, sin pudor, en una cursilería reñida con la seriedad y el rigor que exigen la práctica política algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. El pensamiento único de este Gobierno es compartido en algunos aspectos por partidos de la oposición y medios de comunicación, consiguiendo una aceptación que raya la unanimidad, lo que no impide que en algunos casos sean verdades a medias o simplemente mentiras, elaboradas desde el Gobierno, partidos políticos o medios de comunicación, o todos a la vez, no por una causa justa sino por intereses espurios de rentabilidad política, mediática o económica.

Algunas de estas verdades oficiales o pensamiento único afectan a derechos individuales consagrados en la Constitución, lo que no impide que sean vulnerados por políticos del Gobierno y partidos de la oposición, para no enfrentarse a la opinión pública movida como una jauría pronunciándose a favor de corriente, en un acto políticamente cobarde y moralmente miserable. Oponerse a esa verdad oficial establecida por la opinión pública dirigida por políticos y medios de comunicación expone a quien lo hace a todo tipo de descalificaciones sin fundamento, simplemente por atreverse a contradecir la verdad promulgada por creadores de opinión. Tres ejemplos de verdad oficial-pensamiento único cito a continuación.

 

Las denuncias falsas por maltrato son solo el 0.01%

 

Una verdad oficial que es una verdad a medias que a veces es la peor mentira se refiere al insignificante número de condenas contra mujeres por denuncias falsas, lo que según los voceros de la verdad oficial y el pensamiento único evidenciaría que las mismas son muy escasas. Falso. Según el CGPJ son solo el 0,01% las mujeres condenadas por este hecho y este dato así, sin contextualizar, es cierto. Tan cierto como lo es lo que no dice el CGPJ, y es que para que un hombre pueda actuar por ser víctima de denuncia falsa el juez debe dictar Auto de archivo definitivo por inocencia o sin responsabilidad del acusado, o actuar por propia iniciativa deduciendo testimonio contra la denunciante, extremos que no ocurren nunca salvo alguna excepción que confirma la regla de lo que nunca se hace. Solo en el supuesto de archivo definitivo y sin responsabilidad del acusado, es decir declarado inocente de la acusación contra él por la denuncia de una mujer, el hombre puede intentar iniciar acciones legales por falsa denuncia. No dice el CGPJ que en el 99,99 % de los casos los jueces decretan el archivo provisional por su propia seguridad pues solo hay que imaginar un crimen cometido por alguien declarado inocente.

El archivo provisional es la medida que garantiza al juez menos problemas en su resolución, y es el que impide poder iniciar actuaciones contra la mujer denunciante por muy evidentes que sean las evidencias. Hasta puede entenderse que así sea aunque solo fuera para impedir que una mujer maltratada pudiera además ser acusada de denuncia falsa por su maltratador, pero está mal que los poderes judiciales, el Gobierno y los medios de comunicación no cuenten toda la verdad y manipulen a la opinión pública con verdades a medias, cinismo e hipocresía que son una evidente manipulación de la opinión pública. Tampoco dice el CGPJ que más del 80% de las denuncias presentadas son archivadas. Y que solo con presentar la denuncia se adquiere derecho a percibir ayuda económica. Existen además bufetes de abogados y asociaciones de mujeres concertados con ellos que reciben subvenciones por tratar estos asuntos, además de enfocar la separación de bienes y custodia de los hijos con ventaja para sus clientas, según sus consejos.

En ese 80% de denuncias archivadas hay bastantes más denuncias falsas que ese mantra del 0,01%; ninguna mujer no tiene solo por serlo mejor condición que un hombre; entre ellas hay el mismo número de personas sin escrúpulos y de mala condición que entre los hombres. Estamos ante el intento de imponer una ideología feminista radical, hembrista, que desprecia al varón y lo considera un ser inferior, y están actuando el Gobierno, el partido que lo apoya, otros de la presunta izquierda y algunos medios de comunicación presuntamente progresistas, unos porque la comparten, otros porque buscan réditos en lectores/oyentes y otros por pura ignorancia.

 

No dice el CGPJ que en el 99,99 % de los casos los jueces decretan el archivo provisional por su propia seguridad pues solo hay que imaginar un crimen cometido por alguien declarado inocente.

 

Para combatir de verdad la violencia de género y no fomentar una filosofía hembrista (que no feminista que defiende la igualdad), hay que investigar todas y cada una de las denuncias presentadas, las que prosperan y ese 80% que se archivan, porque ahí hay posiblemente miles  de denuncias falsas cuyas autoras quedan impunes, y seguro que también se dan entre ellas  numerosos casos de malos tratos cuyos autores, despreciables como un terrorista, asesino, pederasta, torturador o violador, tampoco reciben el castigo que merece su miserable comportamiento. Investigar todas las denuncias como se hizo con la del eurodiputado socialista López Aguilar, en la que se desplegó a varios policías interrogando a vecinos y familiares buscando pruebas contra él, con el resultado contrario al pretendido: resultó ser inocente.

Llevar a cabo estas acciones rigurosas para combatir en serio el maltrato y no utilizarlo políticamente con demagogia y mentira y aprovecharse de decenas de millones de euros en subvenciones, supondría una dotación de personal policial, medios y juzgados tan costosa que ningún Gobierno está dispuesto a asumir, porque con ello en ningún caso garantiza que no haya más mujeres muertas por agresión masculina. Son problemas complejos que afectan a todos los países occidentales y democráticos del mundo (donde las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, que ocurre en menos de la mitad de los existentes) y en muchos países supuestamente más avanzados que España del Centro y Norte de Europa, se supone que con una educación más igualitaria, tienen más crímenes y denuncias que en España.

Es una campaña miserable, injusta, la de tomar la parte por el todo y ocultando datos que impiden analizar el problema en profundidad, como el número de crímenes cometidos por hombres de otras creencias y países donde la democracia no ha llegado y donde la mujer es considerada un ser inferior. Estos datos son fundamentales porque igual señalan que los millones de euros para asociaciones de maltratadas y bufetes de abogados que actúan haciendo trampas debería dirigirse a cursos de integración y concienciación de hombres procedentes de otras culturas donde la superioridad machista forma parte de su cultura social. En este país quedan vestigios de ello, tras siglos de dominación masculina, pero en ningún caso puede tratarse este fenómeno criminal con la hipocresía y verdades a medias que lo hace el Gobierno, algunos partidos políticos y determinados medios de comunicación irresponsables.

 

Es una campaña miserable, injusta, la de tomar la parte por el todo y ocultando datos que impiden analizar el problema en profundidad, como el número de crímenes cometidos por hombres de otras creencias y países donde la democracia no ha llegado y donde la mujer es considerada un ser inferior.

 

La violación de La Manada

 

La Manada es otro caso que sirve para explicar de lo que hablamos, del  pensamiento único, la verdad oficial, a la que se suman todos los partidos políticos vulnerando derechos esenciales en cualquier Estado de Derecho. El nivel de presión social alcanzado en este caso pudo influir en la sentencia dictada. La violación es un delito execrable. Los acusados de este caso han sido socialmente condenados antes que la justicia diga la última palabra. Las pruebas, como así ratificarán los jueces, demuestran que no hubo violación, que fueron relaciones libremente acordadas y coinciden las pruebas materiales (cámaras públicas y videos allí grabados) con la declaración de los acusados y expertos.

Es un caso creado por los abertzales del ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra, con actuaciones cómplices y nada profesionales de miembros de la Policía Foral, que quedan en flagrante evidencia en la sentencia recaída (y recurrida). Ni siquiera la reforma que plantean ahora PSOE y UPodemos subidos a la ola del hembrismo, demandando que conste la expresa concesión de permiso de una mujer antes de mantener relaciones sexuales (con lo que estoy de acuerdo), vale para condenar a inocentes como en este caso, porque existen grabaciones de audio, según el juez del voto discrepante y el experto, donde se oye nítidamente la voz de una mujer que ante la pregunta de un varón de si procede a la penetración responde un rotundo “sí”, con algunas otras frases escabrosas que omito pero que constan en la sentencia. Cintas que la Policía Foral dice que no pudo limpiar de otros sonidos (estoy seguro que es posible) y que además no devolvió al juzgado, sino que envió un informe diciendo que no era posible hacer tan elemental tarea técnica. También explicó un miembro de la Policía Foral que no señalaron que se veía en un video a la denunciante sujetando y moviendo rítmicamente el pene de uno de los acusados de violación porque suponían que podía haberse agarrado al mismo para no caerse. Informe pericial que evidencia la manipulación policial en este caso.

 

Es un caso creado por los abertzales del ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra, con actuaciones cómplices y nada profesionales de miembros de la Policía Foral, que quedan en flagrante evidencia en la sentencia recaída (y recurrida).

 

Villarejo.

Idéntico a los anteriores es el caso de Villarejo. En 2017 el comisario jubilado presentó denuncia en la Audiencia Nacional acusando al director del CNI de diversos delitos (muy graves, de haberse cometido) de los que dijo tener pruebas. No fue ni aceptada a trámite. Fue rechazada sin hacer ni una sola diligencia de comprobación. ¿Es lo normal en la justicia española? ¿Es normal que se actúe así? ¿Es chantaje una denuncia penal en la que dices que vas a aportar las pruebas de lo denunciado? ¿Podría ser que el chantaje lo estén haciendo personas infinitamente más poderosas y que este comisario jubilado sea el dedo que señala la luna? Yo creo que sí. Y que seguramente será condenado a muchos años de cárcel pero las múltiples dudas que provocan estos comportamientos de servicios incontrolados y opacos no se disiparán sin que se conozca qué pasó, quienes fueron los protagonistas, cuánto dinero de todos costaron esas prácticas corruptas y a qué persona o personas poderosas se protegía.