Golpistas a Juicio Oral
En lo sucedido en Cataluña hace un año, los chapuceros secesionistas emplearon toda la violencia que era posible en 2017.
En la causa seguida por el Tribunal Supremo (TS) contra los 18 principales responsables del frustrado golpe de estado en Cataluña del pasado año, tanto la abogacía del estado (AdE) como el ministerio fiscal (Fiscalía) han presentado sus conclusiones y peticiones de penas (la más alta de la Fiscalía, para Oriol Junqueras, de 25 años de cárcel, y la de la acusación popular de 74 años)). Pero todas ellas son PROVISIONALES. Es decir que, como consecuencia de lo que suceda durante el juicio oral, podrán ser ratificadas, modificadas o incluso retiradas, pasando entonces a ser DEFINITIVAS. Tras ellas, quizás a comienzos del verano de 2019, el tribunal juzgador dictará sentencia.
La AdE que, en agosto de 2018, pidió la apertura de juicio oral por rebelión, ahora ha rebajado sus conclusiones al nivel de sedición, que conlleva penas bastante inferiores. Los abogados del estado forman un cuerpo de funcionarios encuadrado en el ministerio de justicia. El abogado del estado es al Gobierno lo que el abogado privado es al cliente que representa. Y como el señor Sánchez, ahora presidente del Gobierno, en unos meses ha devaluado, de rebelión a sedición, su particular “calificación” de los principales presuntos delitos, cometidos por los máximos autores del fallido golpe de estado, era previsible que la AdE hiciera lo propio.
El abogado del estado es al Gobierno lo que el abogado privado es al cliente que representa.
Pero el mero posicionamiento público del presidente del Gobierno sobre los delitos que habrían o no cometido los encausados, supone emitir juicios. Éstos, por la trascendencia del autor constituyen extralimitación de funciones; así como presión e injerencia inaceptables del ejecutivo en el ámbito del poder judicial. Asimismo, al introducir la disparidad acusatoria, AdE versus Fiscalía, el Gobierno no solo debilita a esta última, sino que también confunde a la opinión pública. Y, en su momento, ello jugará a favor de los secesionistas cuando, en su caso condenados, recurran ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y uno se pregunta: ¿es acaso tal disparidad el infame “gesto” de “presupuestos por presos” que los independentistas exigían al ejecutivo para votar a favor de sus PGE-2019?
En septiembre de 2017, vimos estupefactos por televisión las reiteradas violaciones de la Constitución en el parlamento catalán. También observamos los subsiguientes desórdenes públicos, la burla explícita de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y la declaración unilateral de independencia del presidente del gobierno de la Generalidad. Contemplamos igualmente cómo los jerarcas secesionistas sonreían e hinchaban el pecho tras cada fechoría ―”la ley española ya no es aplicable en Cataluña”, clamaban alborozados―. Veremos si, una vez sentados en el banquillo del TS ―y salga a la luz lo que todavía está por salir―, estas criaturas aparecen tan jubilosas y prepotentes como entonces.
¿Es acaso tal disparidad el infame “gesto” de “presupuestos por presos” que los independentistas exigían al ejecutivo para votar a favor de sus PGE-2019?
Pero, por favor, que nos ahorren la matraca secesionista ―”no aceptaremos más que la libre absolución”, amenaza un engolado Torra―. O que no nos flagelen con que no pasó nada ―“hay que retirar las acusaciones”, exige el inefable Tardá―. Porque lo sucedido no nos lo contaron. Porque no lo soñamos. Porque lo vimos en directo. Porque no fue un ejercicio virtual sino un ataque real al orden constitucional. Porque se sembró y abonó la semilla de la discordia entre españoles. Porque se despreció a más de la mitad de los catalanes, amenazando la convivencia en Cataluña. Porque ese “no ha habido tiros”, con el que algunos (entre ellos el presidente Sánchez) intentan descartar la rebelión, es un argumento falaz y demodé. Hoy, en 2018, cuando hablamos de conflictos híbridos, ciberataques o guerras proxy, nadie duda de su naturaleza violenta. De la misma forma ―déjense de cuentos―, en lo sucedido en Cataluña hace un año, los chapuceros secesionistas emplearon toda la violencia que era posible en 2017.
En último término, pienso que sería bueno y hasta necesario que la Fiscalía mantuviera hasta el final la acusación por rebelión. En primer lugar, porque creo honestamente que eso sucedió. Y porque, además, daría al Tribunal Supremo la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, revisarse la doctrina penal sobre la rebelión que, en mi opinión, está bastante obsoleta.