Guardaos de los Jueces, ciudadanos
El poder de juzgar y ejecutar lo juzgado es personal, no corporativo.
La lucha togada entre magistrados de la Sala tercera del Tribunal Supremo; las aceptaciones calladas y dimisiones sonoras para presidir el alto tribunal tras los pactos entre partidos que tan hipócritamente han escandalizado a tirios y troyanos; las trepidantes y a menudo controvertidos nombramientos de magistrados del Supremo o en salas y Audiencias provinciales en el, denunciado por la prensa , manipulador mandato del magistrado Lesmes antiguo alto cargo de gobiernos del Partido Popular; el ambiente de descrédito y pérdida de confianza en jueces y magistrados, por mucha huelga que convoquen y realicen, exigen, creo, alguna reflexión.
La soberanía nacional se residencia en el pueblo español (artículo 1 de la Constitución), no en los jueces, no en el rey en cuyo nombre dictan sentencias. Esa soberanía de ciudadanos se ejerce mediante representantes elegidos en voto libre y secreto que se constituyen en las Cortes Generales, Congreso y Senado. Las Cortes representan al pueblo español. No lo representa el gobierno que dirige la Administracion Pública como Poder Ejecutivo. No lo representan los jueces que ejercen el Poder Judicial. Ni el gobierno español, ni los jueces y magistrados representan a los ciudadanos ya que su representación la ostentan, solo y únicamente, los electos por ellos a Cortes cuando las constituyen, tras cada elección legítima.
La soberanía nacional se residencia en el pueblo español (artículo 1 de la Constitución), no en los jueces, no en el rey en cuyo nombre dictan sentencias.
La soberanía nacional española está representada y se ejerce a través de los electos en el Congreso y el Senado. Ni el rey, ni el presidente del gobierno, ni los jueces y magistrados, representan en cuanto tales, la soberanía nacional. Son, dicho con respeto, empleados pagados por esa soberanía de ciudadanos para que ejerzan determinada funciones en favor de la comunidad nacional española.
El señor Rufián, con sus inelegancias y estulticias, forma parte de la soberanía nacional residenciada en las Cortes Generales. El señor Sanchez, en cuanto diputado, también. En cuanto presidente del Gobierno, no. El señor Lesmes no tiene representación de la soberanía popular. Es un funcionario al que esa soberanía le ha dado un poder, el de juzgar, con las leyes que aprueba el Congreso y con los procedimientos que dispone el Congreso.
Las Cortes Generales aprueban y derogan leyes que han de ser cumplidas por los ciudadanos, por el gobierno de la Nación, por las administraciones públicas y por los jueces. Los jueces no hacen leyes. Juzgan a quienes las incumplen. Y juzgan porque el pueblo español a través de oposiciones convocadas legítimamente y hechas posibles presupuestariamente por las Cortes se dota de un cuerpo de funcionarios, jueces y magistrados, para administrar la justicia que emana de él. Esos funcionarios, lo son igual que el resto de los funcionarios, con una sola excepción: ostentan un poder delegado por el pueblo español para, una vez que han visto y oído una causa en un procedimiento regulado por la ley aprobada en Cortes, deciden en conciencia y de acuerdo con su razón, motivadamente la sentencia que corresponde aplicar en cada caso que les es sometido. Y las hacen cumplir. Ese es el Poder Judicial. No otro.
El señor Rufián, con sus inelegancias y estulticias, forma parte de la soberanía nacional residenciada en las Cortes Generales.
En España había en el año 2017 5.637 jueces. No podemos consentir que 5.637 personas se erijan en dueños de horca y cuchillo de su auto organización corporativa so pretexto de que son el Poder Judicial. El poder de juzgar y ejecutar lo juzgado es personal, no corporativo.
Nos suicidaríamos si consintiéramos que seis mil ciudadanos españoles, jueces que ejercen un poder que emana del pueblo, pudiera decidir cómo se organizan, como gastan sus presupuestos, como se sancionan, como ascienden, como constituyen las salas de justicia y la suerte de los pleitos a ellas asignados. Seis mil para seis mil poderes. Y mientras el legislativo necesita que ejerzan el voto los ciudadanos, varios millones, no seis mil personas, llamados a elegir a los diputados y senadores que, ellos sí, representan y ejercen el poder legislativo para organizar política y administrativamente con todo lo que eso conlleva a cuarenta y nueve millones de ciudadanos.
No. Los jueces deben votar una parte de los vocales del Consejo General del Poder judicial. El Congreso y el Senado, la soberanía nacional, elegirá la mayoría de los vocales. Los jueces deben tener asegurada por el Congreso y el Senado y por el Ejecutivo su independencia personal para dictar sentencias conforme a las leyes dictadas por el Legislativo. Y echar mano de policía y otros funcionarios para hacerla cumplir. Y se acabó.