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Guardias civiles expulsados por demócratas, asignatura pendiente de 40 años de Constitución

La Constitución cumple 40 años con guardias civiles expulsados por querer aplicarla en la G.C.

 

 

El 17 diciembre de 1976, dos días después del referéndum para la reforma política que abría la puerta al cambio del régimen, un grupo de policías armados, guardias civiles y miembros del Cuerpo General de Policía se manifestaron en Madrid. Demandaban tener derecho a sanidad en la seguridad social porque en la militar eran maltratados ellos y sus familias; los mandos y sus familiares tenían preferencia siempre en cualquier acto médico aunque no hubiesen pedido cita. Esta manifestación es uno más de los muchos capítulos sin aclarar de la transición. Algunos de los que estuvieron en la reunión previa a la manifestación, celebrada en la Casa de Campo de Madrid, no saben quiénes eran personas que sin ser policías asistieron a la misma (¿Cómo sabían dónde y que día se celebraba?) y trataron de hacer coincidir la manifestación con el referéndum del día 15, lo que hace pensar que con independencia de la razón que asistía a los manifestantes en sus demandas, el malestar existente fue aprovechado por quienes querían descarrilar los avances políticos provocando incidentes dentro de las fuerzas de seguridad.

 

Algunos de los que estuvieron en la reunión previa a la manifestación, celebrada en la Casa de Campo de Madrid, no saben quiénes eran personas que sin ser policías asistieron a la misma…

 

Policías y guardias civiles demócratas empiezan a plantearse hacer uso de las herramientas de una sociedad democrática. El primero es el policía nacional José López, en 1977 en Sevilla, que convenció a otros cuatro policías (José Osorno, Guillermo Gómez, Carlos Jiménez y Manuel Tapada) y ellos levantaron el Acta fundacional del primer sindicato policial clandestino el 28 de febrero de 1978. Vinieron años de clandestinidad, expedientes, sanciones, amenazas de expulsión y la legalización, en noviembre de 1984. José López fue también elegido secretario general en el primer congreso nacional, enero de 1985, y tras múltiples enfrentamientos con el ministro Barrionuevo y mandos policiales, en junio de 1986 él y toda la junta directiva nacional fueron desprovistos de la exención del servicio para la actividad sindical, incorporados a sus servicios en distintas plantillas de España, expedientados y amenazados con actuaciones penales por su apoyo al clandestino sindicato de la Guardia Civil. Ni manifestaciones, ni denuncias de prácticas corruptas, ni denuncias de actividades policiales al margen de la ley, ni huelga de hambre movieron a Interior a disolver en la práctica la dirección nacional de un sindicato, y sí lo hizo cuando el sindicato policial emitió una nota e hicieron público su apoyo e implicación en la defensa del movimiento sindical en la Guardia Civil.

 

El primero es el policía nacional José López, en 1977 en Sevilla, que convenció a otros cuatro policías (José Osorno, Guillermo Gómez, Carlos Jiménez y Manuel Tapada) y ellos levantaron el Acta fundacional del primer sindicato policial clandestino el 28 de febrero de 1978.

 

En 1985, siete años después de aprobada la Constitución, el guardia civil Manuel Rosa planteó constituir una asociación profesional y recibió como respuesta su detención y encarcelamiento, seguido de otros compañeros de la Guardia Civil que lo secundaban. Durante los años siguientes continuaron las actividades clandestinas y se fueron produciendo detenciones, arrestos y sanciones para impedir su implantación.  Corcuera y Roldán decidieron acabar con ellos a cualquier precio, legal o ilegalmente y se produjo la “Operación Columna”, que consistió en intervenciones telefónicas sin autorización, seguimientos, infiltrar a guardias para provocar delitos y promover la detención de los dirigentes del movimiento clandestino, desembocando en numerosas detenciones entre 1990 y 1992. Decenas de ellos fueron encarcelados, sometidos a juicio militar por sedición (que no prosperaron), expedientados o jubilados por disminución de las facultades psicofísicas, y cuatro fueron expulsados por expedientes gubernativos por promover lo que desde hacía años la Constitución permitía, como era crear asociaciones profesionales. Una sentencia del Tribunal Constitucional avaló el derecho de los guardias civiles a constituir asociaciones profesionales, pero los expulsados Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro y Manuel Linde (ya fallecido) nunca consiguieron que se revisaran sus expedientes y se reconociera la injusticia cometida con ellos. No se han rendido y siguen reclamando justicia. En 1994 José Morata presentó los estatutos de Coproper (Coordinadora Pro-perjudicados por la gestión de Luís Roldán), que tras discrepancias y vicisitudes, contando con el apoyo de Margarita Robles, entonces secretaria de Estado de Interior y hoy ministra de Defensa, fue aprobado.  Coproper fue la estrategia alternativa que de la mano de José Morata y otros compañeros guardias civiles, en especial Florencio Garrido, secretario general los últimos años de existencia, los llevó hasta el nacimiento de la hoy asociación mayoritaria. Manuel Rosa continuó su lucha sin doblegarse y José Piñeiro inscribió en el registro el SUGC, siglas históricas del movimiento clandestino aunque las primeras creadas por Manuel Rosa fueron UDGC (Unión Democrática de Guardias Civiles).

 

Una sentencia del Tribunal Constitucional avaló el derecho de los guardias civiles a constituir asociaciones profesionales, pero los expulsados Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro y Manuel Linde (ya fallecido) nunca consiguieron que se revisaran sus expedientes…

 

Respecto de la demanda de reingreso de los guardias represaliados existe el precedente en el Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). En el año 2010 el Gobierno les reconoció su valentía por defender la llegada de la democracia y les permitió reingresar a quienes lo solicitaron, pasando a la situación legal que les correspondía. Estos militares actuaron contra la legalidad antes de existir la Constitución. Los guardias civiles actuaron muchos años después de aprobada la Constitución. En el año 2010 cuando se produjo ese reconocimiento a los militares ya se había presentado la primera PNL (Proposición No de Ley) en el Congreso de los Diputados sobre los guardias civiles (Rosa Diez, UPyD, 2009) que no fue atendida por el Gobierno socialista. Rosa Diez insistió un tiempo después en su proposición no de ley y nuevamente fue apoyada por unanimidad, pese a lo cual tampoco esta vez sirvió para nada. El pasado año 2017 fue Miguel Gutiérrez, de Cs, quien planteó una PNL sobre el mismo asunto, resultando votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios excepto por el PP (que vota a favor cuando está en la oposición y en contra cuando está en el Gobierno). Quien ha votado siempre a favor ha sido el PSOE, que ahora está en el Gobierno y no tiene ninguna razón para no actuar en consecuencia. No hacerlo implicaría un mensaje de podredumbre, cínico y despreciable de las prácticas políticas en España.

 

Los afectados, cansados de esperar y de gestiones que siempre han resultado infructuosas, decidieron crear una organización dedicada exclusivamente a reivindicar que se corrija la injusticia cometida con ellos. Policías y guardias civiles amigos los acompañan en GUCIPOL (Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles) que preside José Morata y de cuya dirección forma parte también José Piñeiro. Han remitido escritos a los grupos parlamentarios y en fechas recientes, a los ministros de Interior y Defensa demandando que se tomen las medidas precisas para restablecer el reingreso al Cuerpo de la Guardia Civil de los expulsados en la situación administrativa que corresponda. Nada que no se haya hecho antes con los militares de la UMD.

 

El pasado año 2017 fue Miguel Gutiérrez, de Cs, quien planteó una PNL sobre el mismo asunto, resultando votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios excepto por el PP (que vota a favor cuando está en la oposición y en contra cuando está en el Gobierno).

 

Las asociaciones profesionales representativas y alguna que no lo es han suscrito el apoyo a esta demanda. También algunas organizaciones sindicales policiales, aunque esto, visto desde la Guardia Civil, podía ser contraproducente por lo que la estrategia se ha centrado en el apoyo de las asociaciones profesionales de guardias civiles. Todas menos una, que tiene un vocal en el Consejo de la Guardia Civil, apoyan el reingreso; catorce de los quince miembros de la parte social del Consejo de la Guardia Civil apoyan que se cierre este capítulo restableciendo el honor y la justicia a los cuatro expulsados, los tres con vida y el fallecido. Las noticias que llegan de la Dirección General de la Guardia Civil y de los ministerios de Interior y Defensa, por primera vez en veinticinco años no son de cerrazón absoluta, al contrario, parece que valoran como justa la demanda y están estudiando la fórmula legal para resolver el asunto. Cuando no se quiere resolver un problema los gobiernos se escudan en la legalidad, pero en este caso es tan sencillo como tener voluntad y adoptar una decisión política, pues la forma legal, el rango de la norma y todo lo demás es secundario. La sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo rotundamente que los miembros de la Guardia Civil disponían del derecho de asociación profesional debería ser palanca suficiente para restablecer sus derechos a estos quienes les fueron robados. El poder ejecutivo, con el apoyo ampliamente mayoritario del legislativo puede resolver esta situación que no se corresponde con valores de justicia y legalidad. La Constitución cumple 40 años con guardias civiles expulsados por querer aplicarla en la Guardia Civil. Borren esa mancha con el reingreso inmediato de los demócratas del tricornio.