Hay que derogar ya la ley mordaza
De 19.500 multas impuestas en 2016 se pasó a 20.700 en 2017 y 4.361 en el primer trimestre de 2018.
La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como ley mordaza, acaba de cumplir tres años de su entrada en vigor. Desde su promulgación se han impuesto, nada menos, que 44.000 sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Según un informe de Amnistía Internacional hecho público el pasado viernes 29 de junio, de las cerca de 19.500 multas impuestas en 2016 por la aplicación del artículo 37.4 de la ley, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, se pasó a 20.700 multas en 2017 y a 4.361 solo durante el primer trimestre de 2018.
Según el mismo informe, la reforma del Código Penal supuso un aumento más que significativo de las condenas por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.
En total, entre 2015 y 2017 se han condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. Al tiempo, que se incrementa la discrecionalidad de las actuaciones policiales lo que, sin duda, provoca “indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia”.
Amnistía Internacional también denuncia que la legislación todavía vigente ha producido un mayor “señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica”.
Se puede constatar en la realidad del día a día, que tanto la ley mordaza, como la última reforma del Código Penal, están sirviendo para procesar penalmente, o sancionar por vía administrativa, a usuarios de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas por expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información, reconocidos en la Constitución Española.
Todos los medios de información progresistas, se han hecho eco estos días del triste aniversario, de la consolidación del deterioro de la libertad de información, expresión, al tiempo que han clamado para que se lleve a la práctica la exigencia de Amnistía Internacional de que en el debate, que se debe abrir sin demora, sobre la reforma de la ley mordaza, se tenga en consideración la revisión en profundidad de la legislación, para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.
Está claro que el PSOE no puede ser tibio en esta materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA
De otra parte, hay que tratar de garantizar que todas las personas puedan acceder a los recursos adecuados, efectivos y rápidos, cuando por la actuación de terceros, o de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.
El cambio inesperado de Gobierno abrió una puerta a la esperanza. Aunque a decir verdad, no todos son muy optimistas al respecto. El pasado 25 de junio, a instancias del Ejecutivo, el grupo parlamentario Socialista anunciaba que había entablado conversaciones con otros grupos para poner en marcha el compromiso de Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, de llevar a cabo de forma urgente una reforma en profundidad de las materias aquí expuestas.
Al margen de las dificultades jurídicas que entraña la existencia en tramitación en el Congreso de los Diputados de dos proposiciones de ley sobre la materia, una del PSOE y otra del PNV que según fuentes de las citadas negociaciones, será la que prevalecerá, también hay que tener en cuenta la posición de Podemos, donde son partidarios de elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero. Por otro lado, habrá que estar pendientes de la resolución de los recursos presentados, tanto por el PSOE, como otros grupos, ante el Tribunal Constitucional sobre la ley mordaza del Partido Popular.
Está más claro que el agua que en esta coyuntura el PSOE no puede ser tibio en esta delicada materia, ni tampoco en la elaboración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para mí, lego en la materia, eliminar contenidos de internet sin pasar por el juez es CENSURA.
Como bien señalaba en su cuenta de Twitter el bufet Almeida, experto en estas lides, “comprendemos que no tiene una mayoría estable, comprendemos que las vacaciones parlamentarias complican la tramitación, pero no comprenderemos que mantenga en vigor la #LeyMordaza”.