Fue declarada Lugar de Memoria Histórica en recuerdo de los presos que acogió por su ideología política o condición sexual
Sigue el abandono. La antigua prisión de Huelva ha pasado de ser un ‘centro social okupado y autogestionado’, denominación de algunos colectivos, a ofrecer no solo una imagen de abandono y suciedad sino un foco de insalubridad que salta a la vista nada más acceder por su puerta principal, abierta a cualquier transeunte.
La dejadez institucional hizo el 23 de febrero de 2013 que el movimiento okupa ‘indultase’ el majestuoso edificio, cuyas paredes fueron testigos de vejaciones a republicanos y homosexuales. Por ello, ese mismo año fue declarado Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía en recuerdo de los presos políticos y los represaliados por su orientación sexual. Esta declaración, según la normativa autonómica, obliga también a su titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
La antigua Prisión Provincial, con un espacio de 3.624 metros cuadrados, fue diseñada en 1930 por el arquitecto Pérez Carasa. El inmueble está incluido en el catálogo municipal de los Edificios y Elementos de Interés del Ayuntamiento con un grado de protección integral monumental.
Ahora, sin embargo, el hedor anuncia al visitante, nada más abrirse la puerta principal, que las viejas instalaciones han atraído también a quienes tratan de subsistir con la venta de la chatarra o a quienes no dudan en hacer allí mismo sus necesidades fisiológicas.
De igual modo, el autor del reportaje no ha encontrado okupa alguno al menos en las dependencias a las que se accede desde dicha puerta.
El abandono que sufre este centro ha causado la indignación de la ciudadanía, desde la que, en los últimos años, se ha propuesto, una vez rehabilitadas sus instalaciones, diversos usos.
Así, desde la fundación Triángulo, que defiende los derechos del colectivo Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), se ha sugerido que parte de sus dependencias puedan reconvertirse en sede de colectivos sociales. Otros proponen que recobren vida de la mano de actividades formativas y/o culturales.
Ahora se ha conocido que el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que va a imponer una multa coercitiva a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ante el «incumplimiento» de la orden de ejecución remitida por el Consistorio a finales de septiembre para que se acometieran actuaciones urgentes de seguridad y limpieza en el citado edificio.
Así lo ha hecho público el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, Manuel Gómez Márquez, añadiendo que se ha abierto otro expediente a este organismo estatal por infringir la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), procedimiento que podrá desembocar en otra sanción.
“Es necesario proteger este edificio y, sobre todo –ha señalado el edil- la seguridad de las personas que entran y salen de allí. Durante este tiempo se han producido incendios y derrumbes y la Administración responsable del edificio no ha hecho absolutamente nada”. Por ello, según ha avanzado el concejal, “hemos decidido actuar de forma subsidiaria desde el Ayuntamiento para acometer las actuaciones más urgentes con cargo a los presupuestos municipales pero reclamando luego los costes por vía de apremio”. De este modo, se limpiarán y desbrozarán las zonas exteriores y se cerrarán todos los accesos tapiando puertas y ventanas para evitar más incidencias, intrusiones y hurtos.
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Como ha apuntado el también portavoz del Equipo de Gobierno, estas medidas son fruto de la “inacción y desidia de la Administración central ante un problema que se ha convertido en un foco de inseguridad e insalubridad para los vecinos del entorno y los propios ocupantes del inmueble, además del grave perjuicio al patrimonio histórico de nuestra ciudad, seriamente afectado por tantos años de abandono”.
Ante la “inoperancia” del Gobierno central en este asunto, “pues Instituciones Penitenciarias no solo ha incumplido los plazos que se le dieron el pasado otoño sino la prórroga que le concedimos”, el Consistorio onubense explica que ha iniciado un procedimiento por el que se interpondrán hasta diez multas coercitivas para exigir al titular del inmueble las actuaciones requeridas: limpieza exhaustiva exterior e interior, retirada de escombros y residuos, cerramiento de todos los accesos a la edificación, así como la reparación de cubiertas y de todos los elementos estructurales en los que se ha detectado peligro de desprendimientos.
Como mecanismo de ejecución forzosa, cada una de estas multas -que se impondrán con una periodicidad mensual- supondrá una cuantía del 10% del coste de las actuaciones requeridas, que en total rondan los 40.000 euros.
Como procede en estos casos, el Ayuntamiento tiene la potestad de hacer cumplir a los responsables de un inmueble -máxime si está catalogado por su valor patrimonial y arquitectónico- su responsabilidad de mantener en óptimas condiciones las construcciones ubicadas en el término municipal. “Por tanto, -ha afirmado el concejal- estamos actuando como con cualquier otro propietario de un inmueble de la ciudad”.
Así, estas medidas cautelares se establecen como “imprescindibles” para la conservación de un conjunto edificatorio cuya titularidad todavía está pendiente de transferirse al Consistorio. Ese trasvase patrimonial está a expensas de la resolución de un procedimiento que se inició en 2006.