Juicio a los golpistas: con más pena que gloria

La bacanal democrática de tantos procesos electorales en marcha distrae la atención sobre el desarrollo del juicio a los golpistas catalanes, que se sigue en el Tribunal Supremo (TS).

Ya declararon los acusados y algunos testigos. Son actos que están pasando, en general, con más pena que gloria, a la espera de más pruebas.

De todos los testimonios producidos hasta ahora, quizás el más penoso y lamentable haya sido el del exministro del interior, Juan Ignacio Zoido.

Éste dio la sensación de que pretendía escabullir el bulto.

De que no se enteró de nada durante la crisis del otoño de 2017 en Cataluña. De que prácticamente la Guardia Civil y la Policía Nacional ―ambas dependientes de su ministerio―, actuaron de forma autónoma. 

A tenor de su comparecencia, parecería que Zoido, titular de un ministerio de estado tan esencial en la gestión de aquella crisis, no estuvo en lo que tenía que estar. Confieso que no me sorprende su actitud de florero barato de bazar chino.

Si la memoria no me engaña, este personaje fue el único jefe de filas de grupo municipal (del momento o su pasado), que no asistió a ninguno de los múltiples actos públicos organizados por la Fuerza Terrestre en Sevilla, durante los dos años en los que el que suscribe estuvo de titular en la Capitanía General.  

De lo hasta ahora desarrollado en el juicio es muy destacable la plena concurrencia de acusados y sus testigos en que, en la crisis catalana, no pasó nada punible, excepto por parte del “represor” estado español.

Casi al unísono, ellos intentan desviar la atención del Tribunal

Desde los acusados y sus hechos (por los que se sientan en el banquillo), hacia la actuación del Gobierno durante la crisis. Tratan de poner en cuestión no su propia credibilidad sino la del Estado. En otros términos, su estrategia de defensa es convertir el juicio a los separatistas en un juicio al Gobierno.

Desafortunadamente, declaraciones huidizas como la de Zoido coadyuban a esa perversa estrategia.  

A destacar también, por un lado, el testimonio de Rajoy en firme y rotunda defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Y, por el otro, la engolada declaración del lendakari Urkullu. Éste habló de su intento de mediación ―de hombre bueno―, entre Rajoy y Puigdemont. Pero hubo de reconocer que la petición de mediación provino de Puigdemont y no de Rajoy. Así como que este último simplemente escuchó, como había declarado don Mariano que hizo con tantos espontáneos como se le acercaron.  

De todo el laberinto, lo más sorprendente es la cuestión de las urnas del fallido referéndum del 1-O.

Porque cuando la justicia había prohibido la realización de la consulta. E incluso se diera a los Mossos y las FCSE la orden de impedirla, unas ¡6000! urnas brotaron como por ensalmo. Bueno, por ensalmo no. Porque, el 29 de septiembre de 2017, Junqueras (vicepresidente de la Generalidad ), Turull (consejero de presidencia) y Romeva (consejero de “exteriores”) comparecieron en rueda de prensa. Mostrando jubilosamente una de las urnas que iban a utilizar dos días después (1-O).

Resulta asimismo incomprensible que, cuando en su momento, se pudieron requisar millones de papeletas y sobres para las votaciones (aunque fuera insuficiente), todavía se desconozca casi todo lo relativo a las urnas.

Ni quién las fabricó. Ni dónde se almacenaron. Ni cómo se repartieron. Y ni tan siquiera cómo y contra qué fondos se pagaron.

Algo escalofriante, al pensar en la multiplicidad de servicios de inteligencia e investigación a disposición del Estado. CNI, Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros. ¿Fue y es ineficacia? ¿Negligencia? ¿Desorden? ¿Connivencia? Estoy seguro de que “la medicina del tiempo, ese reparador solícito de las desdichas humanas” (Galdós dixit), acabará aclarándolo.