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La Alhambra y el régimen

Pepe Torrente
Pepe Torrente*

“El juez considera que los investigados formaban un grupo criminal organizado para la adjudicación ilegal de contratos y enriquecimientos personales al margen de la legalidad, contratando al margen de la ley y actuando sobre fondos públicos”.

Lo que les acabo de transcribir no es una pieza del caso Gürtel, ni un tomo aparte de los oscuros trinques del Bárcenas de turno. No tiene nada que ver con la trama del Canal Isabel II de Madrid, ni es una nueva incriminación del Caso Nazarí y sus teatrillos extra policiales contra Pepe Torres, Isabel Nieto y los exmiembros de la Junta de Gobierno local.

Es un párrafo del juez que investiga los entresijos del denominado, aunque no lo parezca ni el ruido sea siquiera tibio para elevarlo a los titulares más sonoros, ”caso audio guías de la Alhambra”, además de los contratos que el Patronato adjudicaba a sus “escogidos” proveedores.

Las audio guías es el hilo del que empezó a tirar el juez instructor, pero la cosa parece que va más allá de lo conocido públicamente hasta ahora, e implica, por conniventes y necesarios para el trinque, tanto a la señora secretaria del Patronato, como al jefe de contabilidad del mismo. Todo un hallazgo. Nada que no nos suene a dejá vú del régimen socialista andaluz.

El juez que investiga el caso cree que hubo un funcionamiento irregular e ilegal en el sistema de contratación de personas y entidades, el cual estaba dirigido a adjudicar contratos que no rebasara los 59.999 €, y así poder hacer la adjudicación directa a los “elegidos” por la fortuna de la amistad y la buena compaña con los responsables de dirigir la elección: el socialismo gobernante. La cosa se facilitaba tramitándolos por la vía del “interés te quiero, Andrés”. Ese cauce personal e indelegable de los procedimientos negociados sin publicidad.

 

El juez considera que los investigados formaban un grupo criminal organizado para la adjudicación ilegal de contratos y enriquecimientos personales al margen de la legalidad, contratando al margen de la ley y actuando sobre fondos públicos”.

 

Para llegar a esta conclusión, Su Señoría no ha tenido que parar el tráfico en la Calle Molinos con dos autobuses de policías interpuestos para que nadie se escape hacia la carretera de Cenes; ni han dado el día libre al personal que trabaja en las oficinas del Patronato;  ni han tenido que escoltar al director general de la Alhambra hasta su despacho con tres coches policía, tres sirenas en azul y unos cartones de parapeto para evitar las fotos del avieso y ávido periodista fotográfico.

Estamos ante un caso que empieza a tomar proporción de escándalo sin precedentes, de cuya magnitud no se atisba aún el tamaño seguro, pero que afecta, y de qué manera, a quien ha venido ejerciendo la autoridad absoluta en el control del gran negocio que resulta la explotación turística del monumento más visitado de España: el PSOE de Chaves, Griñán y Susana juntos.

 

Incluso ardo en deseos de oír al alcalde Paco “Selfi” Cuenca pedir esa neta y exigente limpieza del Patronato de la Alhambra a su candidata preferida en las primarias llamada Susana Díaz.

 

Llama la atención el silencio de los corderos Albert, Marín y Salvador, dada la exigencia ética, estética y perifrástrica con la que estiran el verbo corromper cuando afecta a los más de derechas del PP. Este caso afecta al régimen andaluz que cuasi cogobiernan con Susana. Y están de ruta por el silencio, paseando atónitos sin decir nada, como presumiendo que nada bueno pueden decir. Al parecer, en este caso sí que toca presumir de presunción de inocencia.

Incluso ardo en deseos de oír al alcalde Paco “Selfi” Cuenca pedir esa neta y exigente limpieza del Patronato de la Alhambra a su candidata preferida en las primarias llamada Susana Díaz. Como pide otras limpiezas con efusividad interesada. Sobre todo ahora que se ha conocido una demoledora auditoría que ha revelado una década de graves ilegalidades en la Alhambra.

Según la investigación del juzgado número 4 de Granada, “las irregularidades han significado, de un lado, que determinadas personas y empresas accedieran a múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia”, y que de otro lado, “se produjera un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias”.  Así, sin anestesia ni nivel de indignación en el postureo posterior. Era el modus operandi. Hecho con naturalidad, con ese garbo con el que los socialistas nos gobiernan en Andalucía sin parar (de contar).

 

Ay Señor, Señor, la Alhambra pública y de todos, usada como instrumento de crear afectividades al régimen. Otro más. ¡Y van!

 

Las crónicas hablan de más de 200 contratos administrativos por valor de 6.2 millones de euros, adjudicados a solo siete personas o a sus empresas. Qué transparencia, qué nivel de afecto, y qué magnanimidad demuestran con los capitales ajenos. Y qué serenos se les ve.

Si habría corrupción explícita, que un exjefe de servicio destituido en la Delegación de Cultura de Granada, José María Visedo, ha declarado ante el juez que lo recolocaron en la Alhambra con la condición de que “retirase la querella por posible prevaricación y cohecho” que él mismo había interpuesto contra los máximos responsables de la Consejería de Cultura en la Junta de Andalucía en Granada. En conclusión: que Bárcenas y González, al lado de estos, eran unos aprendices de pardillas maneras.

Ay Señor, Señor, la Alhambra pública y de todos, usada como instrumento de crear afectividades al régimen. Otro más. ¡Y van!

 

*Pepe Torrente es Funcionario. Militante del PP  y colaborador habitual en diversos medios.

@torrentepep