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La Caixa, en el punto de mira judicial del Caso Dolmen

La Caixa, en el punto de mira judicial del Caso Dolmen
22:39 | 24 de septiembre, 2017
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Salvador Gata*

Con fecha 24 de julio de 2017 la administración concursal formada por el Abogado Jesús Borjabad García, integrado en el despacho profesional Ernst & Young  Abogados, S,L,P de Sevilla y el Economista Antonio Moreno Rodríguez presentaron escrito ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Sevilla,  que entendía del concurso necesario nº 1669/2013  solicitado  por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) contra la FDSE (Fundación Para el Desarrollo del Sur de Europa), declarando el concurso de la FDSE de Culpable, acordando su traslado al Ministerio Fiscal para la emisión de dictamen, haciendo una relación de las personas afectadas por la calificación y sus cómplices para que, previos los trámites dicte sentencia.

Los administradores concursales solicitan para Juan Miguel Salas Tornero  la condena a Inhabilitación y a restituir a la concursada en el 23´23% del déficit patrimonial, esto es, 1.755.188,31€. Antonio Carrillo Alcalá, Inhabilitación y a restituir a la concursada en un 38´38%, 2.899.876,35€. Santiago Herrero León, Inhabilitación y restituir a la concursada en un 38´38%, 2.899.876,35€. A la mercantil DOLMEN CONSULTIN INMOBILIARIO y en su representación y con carácter solidario a Antonio González Lara a indemnizar a la masa concursal la cantidad de 15.109.376,16€.

La FDSE fue constituida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el 18 de abril de 2.005 con una dotación inicial de 107.2503, 03€ de los que solo se desembolsaron 37.563,23€. Los miembros del patronato según el Acta fundacional fueron Rafael Álvarez Colunga, Presidente. Nicolás M. Velasco como Secretario y Santiago Herrero León, Antonio Carrillo Alcalá y Juan Miguel Salas Tornero como Vocales.

Por acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla  de fecha 13 de diciembre de 2006  se resolvió el  concurso  para la adjudicación de tres parcelas en el Polígono Aeropuerto donde se construirían 583 Viviendas VPO. Las parcelas fueron adjudicadas a la FDSE y se autorizó el contrato de compraventa de las mismas.

El 10 de enero de 2007 la FDSE contrató a la mercantil Dolmen Consulting Inmobiliario S.L para el control y dirección técnica de la promoción inmobiliaria ISBYLIA, otorgándole poderes con amplias atribuciones a Dolmen.

Dolmen subcontrató las obras con otras dos empresas de la construcción: Gestión y Servicios CYR S.L  y DOSEVI, S.L. Empresas que pertenecían al entramado societario de Dolmen.

 

Dolmen desvía 14 millones de euros para otros fines distintos de la construcción de las viviendas. Y como consecuencia de ello, la mayoría de las empresas y proveedores  que realizaron los trabajos no cobraron.

 

Esta promoción fue financiada en su totalidad por CAJA MADRID (BANKIA)  y el importe de los créditos con garantía hipotecaria ascendió  a 51.195.712€. Además la FDSE contó con apoyos financieros como las pólizas de crédito suscritas con BANKIA de 1.749.000 €. Y avaladas por  la Junta de Andalucía que le concedió una subvención  para fomentar la construcción de viviendas protegidas.

Según el informe emitido por la consultora Forest & Partner en el mes de septiembre de 2008 Dolmen estaba sumida en una grave crisis financiera. No obstante la CEA decidió dar amplios poderes a Antonio González Lara para la gestión de los recursos aportados por CAJA MADRID.

El resultado tras nueve años de obras y litigios es un desfase entre lo recibido y lo empleado en la realización material de las obras. Es decir, Dolmen desvía 14 millones de euros para otros fines distintos de la construcción de las viviendas. Y como consecuencia de ello, la mayoría de las empresas y proveedores  que realizaron los trabajos no cobraron, a pesar de que CAJA MADRID había librado las cantidades necesarias para su pago.

Se interpusieron varias demandas. Una de ellas firmada por los contratistas y proveedores que se habían visto estafados por Dolmen. Estos contratitas y proveedores denunciaban a la CEA y a DOLMEN de haberse quedado con el dinero de CAJA MADRID, haberlos contratado y no haberles pagado los trabajos realizados. Esto es lo que ha quedado de manifiesto tras el minucioso estudio realizado por los administradores concursales. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, cuya titular Patricia Fernández, tras tomar declaración a los miembros del patronato de  FDSE y de DOLMEN, dio traslado del asunto a la Fiscalía (concretamente al Fiscal delegado de Delitos Económicos Arcadio Martínez) que de modo incomprensible, obvió el informe de Forest & Partnet donde se evidenciaba el desvío malicioso de importantes sumas de dinero a otros fines distintos del pago de las obras y emitió un informe en el que decía que,  respecto a  la promoción Islilla  “no ha quedado acreditado, en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción”.  Alegaba en que una fase de la promoción estaba ya concluida y entregada y en las otras dos, el grado de ejecución de los trabajos superaba el 90%.

La juez instructora hizo suyos estos argumentos añadiendo,   en su auto de archivo,   que “la promoción Islilla fue uno más de esos negocios inmobiliarios en los que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculados al inicio de la crisis económica y bancaria”. Con esto  dio carpetazo al asunto  y  emplazó a los afectados a que recurrieran  en la vía civil y mercantil para poder obtener una compensación económica por sus trabajos, realizados y  no cobrados.

 

 

¿ Qué es DOLMEN?

 

Dolmen se presentaba como un proyecto empresarial líder en VPO que desarrolla viviendas protegidas y que aglutina a más de 40 promotoras.

Ofrecen una gestión integral  del proceso Inmobiliario; cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales en la estructura de la empresa especializados en cada uno de los pasos del complejo proceso inmobiliario.

Así, la empresa dispone de  los recursos humanos y técnicos necesarios para hacerse cargo desde la búsqueda y adquisiciones de suelo hasta la entrega de llaves, pasando por la elaboración de los proyectos de construcción de obras, la dirección y ejecución de la misma, la gestión de las subvenciones y ayudas oficiales, la finalización de las promociones, la comercialización de las viviendas y los servicios postventa y de atención al cliente.

Actúa como instrumento al servicio de las corporaciones autonómicas y locales para ayudarles a cumplir sus planes de viviendas.

En esta línea, suscriben convenios de colaboración con cerca de medio centenar de ayuntamientos de comunidades como Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha o Extremadura.

 

Dolmen funcionaba como una empresa piramidal. Mientras iban obteniendo créditos para nuevas promociones iban pagando a los proveedores y contratistas.

 

Gracias a esta fórmula, los ayuntamientos pueden responder a sus obligaciones legales y satisfacer la demanda de vivienda asequible de sus ciudadanos a través  de la gestión pública, pero sin asumir riesgos sociales ni económicos. Además obtienen beneficios superiores por la venta directa del suelo y se ahorran los elevados costes en infraestructura técnica y humana que requiere cualquier proyecto constructivo.

El éxito de esta política de alianzas ha llevado a extenderla también al ámbito privado. Así, disponen de convenios de colaboración o sociedades participadas con instituciones de prestigio como la Fundación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Fundación Caixa de Girona, Agrupació Mútua, Caja Granada, Unicaja, UGT-Andalucía, La Escuela Oficial de Enfermería de Sevilla o la Asociación de la Prensa de Sevilla , entre otras.

Por cada promoción creaban una sociedad limitada vinculada a la matriz (Azotea, Vial, etc.) en las que aparecía como administradores personas relacionadas con Dolmen , responsables de determinadas aéreas (Alejandro Cotta Torres, Francisco Ramas Varo , Eduardo Cruz  Delgado incluso el propio Antonio González Lara) para más tarde , en vísperas de la presentación del concurso , terminar todas administradas por  Inversiones Murallas del Sol S.l ,  que a su vez era administrada en exclusividad por Antonio González Lara.

Dolmen funcionaba como una empresa piramidal. Mientras iban obteniendo créditos para nuevas promociones iban pagando a los proveedores y contratistas. De estos créditos se iban detrayendo importantes cantidades sin justificar (gastos de gestión), que se compensaban con la obtención de  nuevos créditos. Al llegar la crisis de 2008 y a la vista de que los bancos iban a endurecer las condiciones para la concesión de nuevos créditos, Dolmen intenta salvar los muebles pagando precipitadamente la mayor parte de la deuda que tenía con las entidades financieras, sobre todo con la CAIXA, llegando a reducir su deuda en más de 17 millones de euros. Y todo a costa de los sufridos proveedores y contratista que han hecho el trabajo y no han cobrado nada de lo ejecutado.

Paralelamente a la promoción de Sevilla Este, el Grupo Dolmen estaba realizando otras cinco promociones en Almonte, La Palma del Condado y Rociana del Condado, todas estas localidades de la Provincia de Huelva.

 

El segundo, Delito de estafa imputable a la entidad financiera CAIXABANK como  persona jurídica que actúa a través de la persona física Inmaculada Dornaleteche Batista.

 

La operativa, la misma que en la promoción ISBYLIA, solo que en este caso la entidad que financiaba el proyecto era La CAIXA.

Corre el año 2008 y CAIXABANK ha suscrito varios créditos hipotecarios a favor de DOLMEN, por lo que esta empresa acumulaba una deuda con CAIXABANK de  42.661.790,24.€ según consta en los informes de los concursos de acreedores de las diferentes promotoras del grupo Dolmen .

Plenamente conocedora de la situación patrimonial por la que atravesaba  Dolmen (a través, entre otros de los informes del Banco de España, La Agencia Tributaria, La Seguridad Social y, sobre todo  del informe de Forest & Partnet) CAIXABANK asume de facto la administración de las distintas promotoras vinculadas al grupo Dolmen (Vial Inmuebles y Azotea de inmuebles) y convence a los contratistas para que continúen trabajando y no abandonen unas obras que se encontraban al 30% prometiéndoles que cobrarían lo adeudado por Dolmen al final de las obras y con la entrega a sus propietarios, la subrogación en los préstamos hipotecarios y la concesión de las AEDES. Pero inesperadamente, cuando los contratistas han realizado todo su trabajo y, a falta de unas pequeñas obras de urbanización, CAIXABANK abandona el proyecto, suspende la continuación de las obras, por tanto, estas no se entregan y no se obtienen las Ayudas Estatales a la Adquisición de Viviendas. Resultado, las contratistas han realizado su trabajo, no han cobrado, la Caixa se ha enriquecido con unas obras terminadas y por las que solo ha pagado un 50%.

Toda esta macro estafa,  ha sido  igualmente  denunciada y las diligencias previas están  en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla, que encomendó la investigación a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de la Policía Nacional  de Sevilla.

Los investigadores de esta Unidad Policial llevan presentados  cinco atestado elaborados a lo largo de  los dos últimos años y en los que ponen de manifiesto, que los hechos denunciados  encajan de lleno con los elementos esenciales de dos tipos delictivos: Por un lado el previsto en el art.252 del vigente código penal y por otro el contemplado en el art. 248 C.P.

El primero de ellos, Administración desleal, imputable a los representantes legales o administradores de hecho de las distintas promotoras del grupo Dolmen, principalmente Antonio González Lara. El segundo, Delito de estafa imputable a la entidad financiera CAIXABANK como  persona jurídica que actúa a través de la persona física Inmaculada Dornaleteche Batista. Amén de una suerte de delitos como los  societarios, apropiación indebida, falsedad documental  y malversación de caudales públicos.

En este momento se está a la espera del informe del Fiscal delegado de delitos económicos que, quizá en esta ocasión, si tenga en cuenta los informes de los organismos estatales y de la administración concursal de la FDSE.

 

*Salvador Gata es un seudónimo. 

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1 Comentario

  1. Eulalia tello
    Eulalia tello septiembre 25, 13:09

    Por fin hay cifras del despropósito. Se le pone nombre y apellidos al negocio del engaño. Es necesario que la justicia funcione y que los delincuentes estén dónde les corresponde. Pero , por favor, que antes devuelvan lo que se llevaron indebidamente. Enhorabuena por el artículo

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