Los políticos y los sinvergüenzas ya no están blindados en España, ni tienen bula, como ocurría hasta hace poco. En tiempos de Felipe González, los políticos se apropiaron de Rumasa y de Banesto y hasta ordenaron asesinatos de Estado y nadie salió a las calles a protestar. Aquellos políticos tenían «patente de corso» porque el pueblo les permitía todo tipo de abusos, pero las cosas han cambiado y hoy tienen miedo de que les vean por las calles y les abucheen y viven cada día más aislados y escondidos, cociéndose en sus privilegios y en el miedo al pueblo, al que dicen representar y servir. La sensación de ser considerados opresores y de pasar a la Historia como sinvergüenzas y antidemócratas está causando estragos en las filas políticas.
Aunque no lo veamos claro, los ciudadanos avanzamos en España y los políticos, cada día con menos prestigio, credibilidad y aprecio, retroceden. Pronto, con un poco de suerte, alcanzaremos los umbrales de la democracia, que consisten en que sea el gobierno el que tema al pueblo y no el pueblo el que tema al gobierno, como ocurre en las tiranías.
Los políticos y los sinvergüenzas ya no están blindados en España, ni tienen bula, como ocurría hasta hace poco.
Los políticos han perdido credibilidad y tienen que resignarse a no ser creídos. El caso de la muerte de Blesa ha demostrado que medio país no cree la versión del suicidio y sospecha que pudo ser asesinado. Existe el derecho a sospechar de la verdad oficial en un país como España, donde se miente desde el poder, se estafa y no se cumplen las promesas electorales. Las versiones oficiales ya levantan sospechas porque los políticos se lo han ganado a pulso.
Es ético, democrático y hermoso que la sociedad presione y acose a esta plaga de desechos sociales, que no tienen ningún remordimiento en dejar en la ruina a ancianos, a gente con pocos recursos, a familias enteras con menores, etc.
Es esperanzador que la presión social empiece a ser tan fuerte que los canallas se sientan rechazados hasta por su entorno más cercano. Ese rechazo al corrupto es signo de salud democrática y de una regeneración que tiene que empezar desde abajo, porque arriba sólo hay corrupción y deterioro ético. Ahora sabemos que Blesa, un depredador sin escrúpulos que arruinó y estafó a millones de personas, no podía acudir a sitios habituales porque nadie quería estar con él y allá donde acudía, como el caso del consulado español en Londres, el cónsul fue cesado. Si entraba en un restaurante, era escupido o abofeteado. Parecerá duro pero ese debe ser el destino del corrupto, sobre todo cuando la Justicia, como ocurre en España, no cumple su cometido. En este caso la condena social fue más efectiva que la condena jurídica, que lo mantenía en libertad, a pesar de la inmensidad de sus delitos. Los ciudadanos, una vez más, como ya es habitual en una España podrida en sus alturas y en los palacios del poder, han vuelto a estar por encima de las instituciones.
En Andalucía, gracias a la lucha popular contra el antidemocrático y anticonstitucional Impuesto de Sucesiones, ya se ha instalado en la conciencia colectiva que ese impuesto es injusto y abusivo y que la Junta de Andalucía, en especial su líder, Susana Díaz, es la «mala» de la película.
Hay que ser claros y admitir que nuestro país, que parece bendecido por el cielo con un clima atractivo y unas tierras fértiles y hermosas, ha sido convertido en un basurero político y social, plagado de desigualdad, injusticia, abuso y corrupción. Los políticos son los grandes culpables del drama porque el deterioro y la infección empezó en las alturas y desde allí nos contaminó a todos.
En países europeos más democráticos que España muchos se escandalizan ante la baja calidad de la democracia española. La reciente expulsión del Parlamento de Andalucía de un grupo de ciudadanos que protestaban contra un impuesto tan claramente injusto y abusivo como el de Sucesiones y Donaciones, ha provocado multitud de apoyos desde países europeos, que se han dirigido a «Stop Impuesto Sucesiones», la asociación que coordina esa protesta, ofreciendo ayuda para denunciar el asunto ante Bruselas y el tribunal de Estrasburgo.
Hay encuestas no publicadas que reflejan algo muy preocupante sobre la «calidad» de España como país: de los millones de españoles que hay rodando por el mundo, casi ninguno quiere volver. Echan de menos el jamón y también el clima, pero, a pesar de éso, nadie quiere volver. Las 17 taifas, el despilfarro, la sensación de vivir en una dictadura de políticos, los privilegios de las clases gobernantes, los impuestos, el desprecio a los emprendedores, el saqueo de las clases medias, la inseguridad bancaria y la conciencia que se tiene de ser un ciudadano sometido, sin derechos, pesa mucho en la decisión de no regresar jamás a este país que los políticos han convertido en un infierno fiscal, ajeno a la democracia y a la decencia.
En Andalucía, gracias a la lucha popular contra el antidemocrático y anticonstitucional Impuesto de Sucesiones, ya se ha instalado en la conciencia colectiva que ese impuesto es injusto y abusivo y que la Junta de Andalucía, en especial su líder, Susana Díaz, es la «mala» de la película. Su imagen quizás esté irremediablemente dañada, a pesar de la densa red clientelar que el socialismo andaluz ha tejido con dinero público.
Aunque nos sintamos desesperados por la lentitud del avance de la democracia y la decencia en España, hay razones para estar contentos porque los políticos cada día tienen más miedo al rechazo popular y a pagar sus desmanes y corrupciones no sólo en las urnas sino también en las calles, con un rechazo social que Miguel Blesa, Rodrigo Rato, los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y otros muchos ya han experimentado en sus propias carnes.