Que entre los locales registrados figure el domicilio particular del alcalde, podría ser un indicio claro de que no estamos ante una instrucción judicial que solo busque poner en claro decisiones administrativas de los cargos políticos municipales granadinos.
La detención esta mañana del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en el contexto de una operación anticorrupción contra el gobierno municipal y empresarios granadinos –“Caso Serrallo”– ha sido el primer aviso serio que recibe el PP de Moreno Bonilla en materia de corrupción en Andalucía. No será la última, vienen más.
La biografía política del que será muy pronto exalcalde de Granada –o dimite o le echarán con una moción de censura– nos puede dar la primera clave de esta acción judicial.
Pepe Torres ha sido, en las últimas décadas, uno de los rostros principales de la derecha política andaluza. Aupado por Javier Arenas a Delegado del Gobierno, le tocó sufrir el envite criminal del sanguinario Comando Andalucía de ETA, cuando asesinaron al matrimonio Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz. Simpático, rural, campechano y más habilidoso de lo que parece a primera vista.
Torres, que había sido diputado autonómico por Granada en varias legislaturas, acabó siendo el elegido para encabezar la reconquista del ayuntamiento de la capital para el PP. Lo logró con mayoría absoluta y Pepeto ( así le empezaron a llamar en Sevilla) se consolidó en el sillón que durante décadas ocuparon ediles socialistas.
Hace meses que en Granada el Caso Serrallo golpea la política local, particularmente al PP. Desde que el Diario Ideal, empezó a informar de las múltiples irregularidades que rodeaban una operación urbanística en terrenos de un parque público.
Las informaciones de la redacción de Ideal que periódicamente veían la luz, para Torres Hurtado y sus leales, eran fruto de una conspiración, urdida desde el PSOE, compinchados con la Fiscalía, todo en venganza porque a los concejales socialistas fueron candidatos “imputados” en otro procedimiento a instancias del PP. Como argumento para un café mañanero no estaba mal, pero la realidad era bien distinta como se ha empezado a comprobar.
La caída política de Pepeto, después de haberse paseado por su ciudad detenido en un coche celular, puede tener un impacto terrible en las propias estructuras del partido en la provincia de Granada.
Los populares granadinos, en tanto que consideraban estos procedimientos como artillería pesada para usar sólo en periodos electorales, siempre mantuvieron la calma; “nada, es un tema administrativo” solían decir cuando les preguntaban en Sevilla. La Justicia, creían, no iba a perder el tiempo en profundizar en unas diligencias por denuncias con fondo electoral y para desgaste del adversario. Además, confiesa un diputado provincial del PP de Granada, “era inimaginable que una cosa así pudiese suceder en la capital judicial de Andalucía, con todo el TSJA aquí como testigo, deteniendo al alcalde y abriendo los telediarios. Siempre creímos que este asunto el partido lo tenía controlado”. Y es que la actividad social que une a políticos, jueces y fiscales en el día a día de los protocolos sociales es especialmente llamativa en la ciudad de Granada. A partir de hoy, tanto Pepe Torres como el PP, actualizan el nombre de Granada en el mapa de la corrupción en España en virtud de una actuación judicial.
Es evidente, dada la repercusión política de la operación de la Udef, dirigida por un Juzgado de Granada, que lo sucedido viene, además, a romper por la mitad el complicado discurso del PP andaluz en materia de corrupción.
Las primeras informaciones publicadas describen con detalle qué lugares se estaban registrando por la policía judicial a lo largo de la mañana de este miércoles 13 de abril. Que entre los locales registrados figure el domicilio particular del alcalde, podría ser un indicio claro de que no estamos ante una instrucción judicial que solo busque poner en claro decisiones administrativas de los cargos políticos municipales granadinos.
Desde luego no es creíble que Pepe Torres se haya llevado a su casa algún expediente municipal. Seguro que se están buscando otras cosas y ahí es donde debe radicar la inquietud de los populares andaluces en estos primeros compases del escándalo a pie de la Alhambra.
Pero hay otro aspecto político más importante, de gran calado, que no convendrá dejar fuera de este apresurado análisis en estas primeras horas en las que las unidades móviles de Tv invaden Granada.
La caída política de Pepeto, después de haberse paseado por su ciudad detenido en un coche celular, puede tener un impacto terrible en las propias estructuras del partido en la provincia de Granada. Particularmente si, como parece lógico, Ciudadanos y el PSOE, deciden quitarle e impulsar una comisión que investigue las responsabilidades políticas a que hubiese lugar a raíz del Caso Serrallo.
Y se da la circunstancia que, junto a Pepe Torres, como Primer Teniente de Alcalde, se encuentra Sebastián Pérez, a su vez presidente provincial del partido. ¿Tantos años junto al alcalde y el Sr Pérez no sabía nada de lo que está destapando la Justicia en el urbanismo granadino?
Los intentos de regeneración que soplan por Génova 13 parece que avanzan pese a la resistencia de la vieja guardia del partido. Lo sucedido en Granada en el día de hoy traerá cambios.