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La dirección federal del PSOE decidida a aplicar el Código Ético a Ignacio Caraballo

Exige la renuncia en caso de apertura de juicio oral en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo.

La dirección federal del PSOE está dispuesta a aplicar al Código Ético del partido, “con todas sus consecuencias”, en el caso del líder de los socialistas onubenses y presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo. Caraballo ha sido imputado, junto a otras cuatro personas, por el Juzgado de Instrucción de Huelva, que ha considerado “verosímil” la comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias en el caso de un presunto soborno a dos concejales de Si se ^Puede (Podemos)  en el Ayuntamiento de Almonte.

 

Así lo han asegurado a Confidencial Andaluz y La Mar de Onuba fuentes de toda solvencia  cercanas al Secretario General del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

 

El Código Ético del PSOE, aprobado en octubre de 2014, incluye un total de cinco compromisos. El primero de ellos, “la renuncia por parte de los cargos institucionales socialistas al ejercicio profesional de actividades privadas y que, en todo caso, garantice que aquellas que eventualmente puedan ser autorizadas no reportarán al representante ningún tipo de asignación económica o retribución”. La segunda medida sería “la publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los cargos, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones. En tercer lugar, “la prohibición de la concesión de indulto en los delitos vinculados a supuestos de corrupción política y violencia de género”. La cuarta medida pasa por “elevar la exigencia del régimen de incompatibilidades para que mejore el formato de la declaración de bienes y patrimonio de los funcionarios y cargos públicos, así como la obligación de comunicar las variaciones que se produzcan en las mismas durante el mandato y, en todo caso, al inicio y fin del mismo”. Y en quinto y último lugar, “impedir la concurrencia en una candidatura electoral, o en su caso obligar a cesar, a quien ostenta un cargo representativo cuando se abra juicio oral contra ellos por delitos vinculados con la corrupción política”.

 

Este último supuesto es el que resultaría de aplicación en el caso del secretario provincial del PSOE onubense, al que la instrucción judicial señala como actor necesario en el caso del presunto soborno con el que los socialistas de Alajaraque habrían logrado frenar una moción de censura contra la alcaldesa Rocío Ayuso hace dos años.

 

La moción fue registrada por los concejales del Partido Popular y de la candidatura impulsada por Podemos Sí se Puede. Según las grabaciones que forman parte de la instrucción, Caraballo habría “autorizado”  la contratación en la empresa Aguas de Huelva de la esposa de unos de los concejales podemitas. Al final, la moción decayó y los socialistas lograron salvar la Alcaldía aljaraqueña.

 

El código ético del PSOE, que Pedro Sánchez impulsó durante su primer mandato como secretario general, dice textualmente que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

El traslado del auto que ordena elevar al Tribunal del Jurado el caso Aljaraque a los investigados estaba previsto para el pasado martes , aunque la vista fue suspendida sine die, estandopendientede nueva fecha por parte de la jueza instructora. Las fuentes de la direccióa los investigados  federal consultadas por esta redacción han asegurado,,con toda rotundidad, que en el momento que dicha notificación se produzca, la dirección federal del PSOE pondrá en marcha los mecanismos para que el Código Ético se aplique, “porque no hay excepciones”.