La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presume desde hace un par de semanas de haber logrado algo muy importante en su opinión en estos momentos, la estabilidad política y económica de Andalucía, tras cerrar un acuerdo con Ciudadanos para los presupuestos de 2018. Pero el mensaje de la presidenta parece que no está calando en eso tan intangible y volátiles como son los denominados “mercados”. Andalucía no está siendo un destino empresarial tenido en cuenta tras la desbandada catalana. Y de allí han salido en algo más de una semana 540 empresas.
Una marca del sector cervecero, San Miguel y una dedicada al cuidado de la alopecia, Sanantur, son las dos únicas mercantiles radicadas en Cataluña que han decidido cruzar la “frontera” andaluza para instalar sus sedes respectivas en Málaga.
Algo es algo, aunque la masiva emigración de empresas y bancos a destinos como Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Zaragoza o Bilbao, debiera hacernos preguntar a los andaluces por los motivos por los que solo dos mercantiles han decidido el traslado de su sede social (no sabemos si la fiscal también) a la capital económica de Andalucía. Málaga, que hace años le arrebató la antorcha de la modernización a la rancia capital política y burocrática de la región. Por esa razón Málaga, y contados enclaves andaluces, son capaces de asimilar y dar la bienvenida a aquellos empresarios que busquen la estabilidad de sus negocios.
De momento, como queda dicho, solo dos de más del medio millar de empresas han decido instalarse en el oasis andaluz, nuestro estatus actual a tenor de lo expuesto por la Sra. Presidenta tras la aprobación de los presupuestos de 2018 con la ayuda de su leal federación naranja. Todo ello en una doble carambola cuyo resultado final es el debilitamiento del PP de Moreno Bonilla como alternativa a Susana y al PSOE-A. Y para colmo le encargan la misión imposible de pedirle dinero a Montoro para los presupuestos andaluces. La puntilla, manejada por el perverso Pepe Caballos.
La concentración de firmas en ese sueño secesionista llamada Paisos Catalans, invita desde luego a la desconfianza de algunos.
Susana Díaz, en estos días del despertar de ira secesionista, ha limitado su papel institucional a vender estabilidad política y económica en Andalucía, circunstancia ésta que no se ha producido o al menos los mercados en huida no se han fijado en ella. Como diría Artur Mas hace unos meses, bofetadas tendría que haber en el área de servicio de Abades de Santa Elena en Despeñaperros para ver quien llega primero a San Telmo y pisar esta especie de isla de quietud y prosperidad eternamente prometida por el socialismo gobernante.
Desde luego no parece ni ético ni estético que, en estas horas amargas de la nación, Cataluña incluida, las diversas comunidades autónomas apareciesen como aves de rapiña, enviando emisarios a Barcelona, parche y pata de palo incluidos, con promesas miles y llevándose de esas incursiones el efecto político de una deslocalización psicológica. Pese a todo cabe la duda de que no lo hayan hecho algunos y es muy posible que, en los bajos fondos de la economía y la política, muy de la mano en estos lances, haya habido de todo en estas semanas.
Parece procedente preguntarse si las autoridades políticas andaluzas han estado o están al loro de la marcha y deriva de las múltiples jugadas en marcha. O si por el contrario piensan, como muchos, que no vale la pena hacer ningún esfuerzo, que aquí no pasará como en Quebec, que no volverán al nido de donde salieron. Todo hace pensar que en la solución final también se acabe incluyendo retornos y amnistías. La concentración de firmas en ese sueño secesionista llamada Paisos Catalans, invita desde luego a la desconfianza de algunos.
Porque una cosa es actuar como buitres y otra muy distinta el interesarse de cerca por los efectos que estos movimientos telúricos en la economía puedan tener, a medio y largo plazo, en la de los andaluces.
Parece que olvidan nuestros gobernantes en la Junta que las empresas han huido de Cataluña, lo han hecho fundamentalmente porque los consumidores de sus productos, su gran cuota de mercado, está a este lado del Ebro. Y en este apartado Andalucía, con siete millones de compatriotas consumidores, pesa y mucho en el concierto económico estatal. Por qué sino se iban a marchar de Cataluña marcas cuyos propietarios han aparecido hasta antier mismo como benefactores complacientes del soberanismo, léase Codorniu, Cola Cao o Casa Tarradellas por citar solo tres nombres de los muchos que que aparecen en las listas negras de internet contra la economía independentista. Campañas anónimas, por cierto, nada beneficiosas para la economía española en general, aunque golpeen inicialmente a las empresas catalanas. Campaña que sí maltratará y con dureza a miles de trabajadores que viven de su jornal en esas factorías catalanas.
En honor a la verdad tampoco se conocen a día de hoy indicaciones de ningún tipo al SAS para que examine su relación comercial con uno de sus proveedores más importantes, los laboratorios Grífols.
En este contexto, si miramos a la bancada de la oposición parlamentaria al PSOE-A, se observará que estas cuestiones tampoco parecen interesarles en demasía. Centran el debate en las cargas policiales y en el diálogo, con desesperante mimetismo con el que se desarrolla en el Congreso a propósito de Cataluña. Así, a algunos les interesan más el uso de las porras y las pelotas de Zoido el 1-O en Barcelona, que conocer la marcha de la partida de ajedrez que iniciaron el Sabadell y CaixaBank y donde se juega con intereses muy diversos, desde luego estratégicamente abundantes en Andalucía; sobre todo si tenemos en cuenta el peso y la importancia que Andalucía tiene en la cuenta de resultados de grupos como el de La Caixa y en menor medida el del Banco de Sabadell.
La beligerancia oficial andaluza contra la economía catalana no existe, ni parece que vaya a haberla a corto plazo. Es de justicia el reconocerlo. Y esa no es una mala noticia por la insolidaridad social que conlleva ese tipo de operaciones de lanzar piedras sobre el propio tejado.
Un ejemplo, tampoco se conocen a día de hoy indicaciones de ningún tipo al SAS para que examine su relación comercial con uno de sus proveedores más importantes, los laboratorios Grífols, la única empresa del IBEX35 que contra viento y marea ha decidido permanecer en el Principado, candidato a república. Su presidente, Víctor Grífols, en 2014, animó públicamente a Artur Más a “no arrugarse” y tener “firmeza y determinación” para afrontar el proceso soberanista. De momento Grífols sigue pagando sus impuestos en Dublín, mucho más beneficiosos para sus accionistas que si los pagase en España, un 50% de los cuales irían a las arcas catalanas.
Cabe también preguntarse si en estos días el ejecutivo andaluz ha mandado a discretos emisarios para sondear posibilidades, contactos de los que, por razones obvias, no se habrían dado a la publicidad. Es posible, aunque ninguna fuente es capaz ni siquiera de especular, pero el resultado a día de hoy no parece que esté coronado por el éxito.
Vengo sosteniendo hace tiempo que Susana Díaz ha sido incapaz de eliminar su imagen belicista y guerrillera, a la derecha de la derecha del PSOE, que se ha forjado en su larga batalla por intentar lograr el poder federal de su partido en Ferraz. De ahí que su discurso sobre la estabilidad lograda por su acción de gobierno en Andalucía no sea creíble, al menos para quienes se juegan su dinero y su inversión. Ese es su gran problema, el mismo que hace preguntarse a la gente cómo va a ser capaz de ofrecer estabilidad y confianza quien, por sus hechos y palabras, está desestabilizando al partido fundamental en este momento crítico de la Historia de España.
Quizás le convenga a la Sra. Presidenta calmar y dosificar su ardor guerrero guerracivilista en el Psoe, generaría mayor confianza y, quizás, le mantendría las puertas entreabiertas para llegar algún día a donde, con excesivas prisas y poco tacto, pretende llegar como sea mañana mismo.