Si hay una juez que haya levantado odios y pasiones en nuestro país esa es la magistrada Mercedes Alaya. Saltó a la fama a raíz de algunos casos mediáticos (Betis, los ERE, Mercasevilla o cursos de formación), habiendo realizado una instrucción de todos ellos con decisiones judiciales en momentos claves de la vida política andaluza que desde el PSOE se ha relacionado con su intención de beneficiar al PP.
Tras un tiempo de silencio en la Audiencia Provincial de Sevilla, plaza a la que accedió en 2015, ha sido ahora, coincidiendo con el juicio de los ERE, cuando en una entrevista realizada al diario ABC ha sorprendido a compañeros de profesión, políticos y medios de comunicación por la claridad y contundencia con la que se expresa, alejada de los cánones que impone lo políticamente correcto en una jueza en ejercicio.
La juez Alaya ha introducido un cambio no poco importante en su comportamiento; si mientras instruía sus decisiones coincidían con actos políticos en los que podía verse perjudicado el PSOE, en la reciente entrevista cuestiona por igual al PP y al PSOE, así como a responsables de la judicatura que autorizaron su traslado a la Audiencia sin permitirle continuar con la instrucción de los casos que estaba instruyendo, promesa que según ella le hicieron y no han cumplido por acuerdo entre el PP y el PSOE.
Que una juez en ejercicio se refiera a decisiones del presidente del Tribunal Superior de Justicia y a un órgano del Consejo General del Poder Judicial como decisiones de políticos dice mucho de la situación de la justicia en España.
No hay que descartar que sea expedientada por estas declaraciones por las que no habrá incrementado la cuota de amigo/as entre los miembros de la judicatura.
Hay quien ha querido ver en esta entrevista de la jueza Alaya una presentación pública de una futura candidata política. Solo pensarlo, a algunos dirigentes políticos del PP y del PSOE les produce escalofríos, y también a alguno de Cs a quien podría disputarle el cargo si se decidiera, y el partido la aceptara, a saltar a la política.
En esa entrevista Alaya no ha obviado ninguna cuestión polémica. Preguntada por la sentencia de La Manada dice que con la actual Ley no puede condenarse por violación
y señala que la sentencia es muy buena, tanto en los argumentos de los dos jueces que condenan por abuso como al voto particular, que señala como muy bien fundamentado, y al hacerlo arroja un jarro de agua fría a esos políticos, periodistas y organizaciones que un minuto después de pronunciada la sentencia ya se habían lanzado a cuestionarla sin haber leído los fundamentos jurídicos. Profundiza más en la sentencia al señalar como hechos probados que constan que la víctima dijo no haber sentido dolor nunca y que cambió tres veces su declaración, con lo que supongo que ya estará incluida por esas personas que quieren imponer el pensamiento único entre las personas que apoyan a los violadores. Así de simples son quienes no aceptan opiniones discrepantes y razonadas sobre asuntos tan espinosos como el de La Manada.
Permanezcamos atento a las próximas semanas y meses por si lo que hoy son meras especulaciones resultaran en el futuro como el primer escalón de una estrategia bien estudiada que podría venir a poner patas arriba el tablero político sevillano y andaluz.