Estamos pisando arenas movedizas. Puigdemont no es ese fanático sin estrategia que algunas informaciones nos quieren hacer ver. Que perderá su pulso al Estado español no tengo ninguna duda, pero que puede originar severos daños en nuestra credibilidad, tampoco.
Carles Puigdemont ha reaparecido en Bélgica acompañado de varios exconsejeros, celebrado una rueda de prensa en la que no ha permitido formular preguntas a medios españoles salvo a TV3, y ha denunciado la falta de garantías en la separación de poderes en España entre el poder ejecutivo y el poder judicial. No ha ido a hacer turismo.
Esta urgencia en la actuación judicial, esta precipitación, no habla en favor de la independencia de nuestra justicia.
Presentada una querella por la fiscalía el lunes, el martes la juez receptora (estaba de guardia el lunes) cita a declarar para 48 horas después a Puigdemont y a otros miembros de su gobierno. Aunque la citación sea por los hechos investigados con anterioridad, esa celeridad contrasta con meses y años de espera cuando se ha tratado de perseguir casos de corrupción en la que están implicados políticos importantes ya sean del PP o del PSOE. Y esta urgencia en la actuación judicial, esta precipitación, no habla en favor de la independencia de nuestra justicia.
Puigdemont sabe lo que hace. Se ha ido a Bélgica por su sistema jurídico y no va a solicitar asilo político. Su abogado ya ha manifestado que no ha recibido citación oficial para comparecer el próximo jueves y que no lo hará. Confiemos que la jueza tenga documento acreditativo de que tal citación ha llegado a manos del político porque de lo contrario el desarrollo de los acontecimientos estará actuando en favor del falso relato que pretende imponer Puigdemont y el independentismo.
Si la jueza encargada de la instrucción de la causa contra Puigdemont no cumple escrupulosamente las normas, procedimientos y garantías del investigado, España se expone a que un tribunal belga lo ponga así de manifiesto.
Bélgica, sus tribunales, presumen de ser los más garantistas de la UE. En España lo hemos comprobado con alguna negativa de extradición de miembros de ETA solicitada con suficientes datos sobre su implicación en atentados con víctimas mortales. Por eso está allí Puigdemont. Los tribunales de España no gozan de prestigio en países de la Unión Europea. Numerosas sentencias por torturas contra mandos de Policía y Guardia Civil establecen que los tribunales de España no han investigado denuncias por dichas prácticas, suponiendo ello una merma de credibilidad de la justicia de nuestro país, desautorizada en muchas ocasiones por tribunales de la UE y de Bélgica.
Si la jueza encargada de la instrucción de la causa contra Puigdemont no cumple escrupulosamente las normas, procedimientos y garantías del investigado, España se expone a que un tribunal belga lo ponga así de manifiesto, suponiendo ello, si se produjera, un retroceso de las posiciones del gobierno de España y un balón de oxígeno importante para Puigdemont y sus tesis independentistas.
Lo que no puede hacer el Gobierno es pretender que la justicia haga el trabajo que les corresponde a ellos.
La justicia tiene que hacer su trabajo y los políticos el suyo. El Gobierno de España tiene instrumentos con la aplicación del artículo 155 y/o la ley de Seguridad Nacional para garantizar que no se puede producir una ruptura de la unidad territorial. Lo que no puede hacer el Gobierno es pretender que la justicia haga el trabajo que les corresponde a ellos. Ya tuvimos prueba el 1-O con lo ocurrido por la indecisión del Gobierno en asumir la dirección de los Mossos. Existe la creencia de que cualquier decisión del Gobierno en la dirección de las fuerzas de seguridad debe ser adoptada por un juez y eso no es así. El Gobierno puede y debe actuar con sus recursos y capacidades legales en asuntos como el que nos ocupa y exponerse después a la revisión judicial de sus actos, pero no puede ni debe permanecer impasible a la espera de decisiones judiciales que suplan su capacidad ejecutiva porque a veces el factor tiempo, el momento en que se toma e impone una decisión puede hacer que las cosas sean de una u otra forma. Si el Gobierno hubiese actuado antes del 1-O asumiendo la dirección de los Mossos el referéndum ilegal y las imágenes del mismo no se habrían producido. A veces una excesiva prudencia política, no adoptar decisiones en el momento oportuno pueden ocasionar un perjuicio para el interés general.
Si tras los errores del 1-O la descoordinación e inacción del Gobierno se mantiene las próximas semanas y hasta el 21 de diciembre, fiando decisiones ejecutivas a instancias judiciales españolas e internacionales, el Gobierno estará renunciando a dirigir la estrategia política en un asunto tan grave como el que nos ocupa, quedando al albur de cualquier decisión judicial que puede cambiar radicalmente la situación y echar por tierra la estrategia del Gobierno, si es que la tiene más allá de ir a rebufo de los acontecimientos.
Los jueces y la justicia española han sido puestas en entredicho en numerosas ocasiones en tribunales europeos como para extremar el rigor en las actuaciones e impedir que un tribunal extranjero pueda dar un impulso a las tesis independentistas y poner en cuestión el estado de Derecho en España. Solo imaginar que Puigdemont se niegue a declarar, que se dicte una orden internacional de detención y que se produzca un Auto o sentencia contra la misma de un juez belga abre un escenario de impredecibles consecuencias para el futuro más inmediato, que puede afectar al rumbo de los acontecimientos futuros incluido el resultado electoral el 21-D.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP.
Miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas
@sanchezfornet