Gabriel Amat, el hombre fuerte del PP de Almería, tiene una suerte providencial con los jueces que le tocan. La investigación del Caso HALSA confirma el lento interés por llegar al fondo de la verdad
Un Juez de Almería «imputó» penalmente por teléfono a un ciudadano al que ordenó presentarse de inmediato ante su autoridad, minutos antes de que entregase al Fiscal Superior en Granada documentación comprometida que demostrarían financiación irregular del PP almeriense. Todo ello mediante comisiones en obras públicas adjudicadas a la empresa que más ha trabajado para instituciones gobernadas por el PP.
Primer capítulo de una serie de trabajos de investigación y sus últimas novedades procesales sobre los bajos fondos que –con muchísima lentitud– la Justicia investiga en Almería.
Ocultándose el sol tras una débil bruma matinal, el 04 de Noviembre de 2013, representantes de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Trasparencia (AMAyT) y D. Francisco Manuel Osuna (extrabajador de la mercantil Hispano Almería), se disponen a presentar una ampliación de denuncia, sobre la ya formulada el 23 de octubre pasado, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sita en lo que fue, en su día, el Palacio de la Real Cancillería de Granada cuando, de repente, suena el móvil del testigo y denunciante, Sr. Osuna:
- Sr. Osuna: Dígame.
- Interlocutora: ¿D. Francisco Osuna?
- Sr. Osuna: Sí, ¿quién llama?
- Interlocutor: Le llamo del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, por orden del Sr. Juez le pongo en su conocimiento que debe comparecer en el día de hoy, de forma inmediata y ante este juzgado, para declarar en calidad de imputado así como deberá entregar toda la documentación que usted va a depositar en la Fiscalía de Granada.
Perplejos y asombrados nos quedamos los presentes ante tan imperiosa y amenazante llamada. Nos invadía, sobretodo, la incertidumbre por saber. ¿Cómo era posible que supiesen, en un juzgado de Almería, de nuestras intenciones e inmediata presencia ante las puertas de la Cancillería granadina? ¿Por qué comunicaban, telefónicamente y de forma tan urgente, una decisión judicial? ¿Por qué tanta prisa?
Entre cruces de miradas, he de reconocer que con cierto acojono, decidimos ponernos el mundo por montera y cumplir con nuestro objetivo, denunciar ante la Fiscalía del TSJA, con testigo y abundante documentación incluida (más de 8.000 documentos), la posible e ilegal financiación del Partido Popular en la provincia de Almería. Lo que después pasaría a denominarse como el conocido:
- “CASO HISPANO ALMERÍA Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP”.
Podrá considerarse la pieza principal de una serie de causas judicializadas mediante las que se evidencia la existencia de una estrecha colaboración político-empresarial entre miembros de la organización política del Partido Popular de Almería; alcaldes, concejales, diputados autonómicos, senadores, y lo que podría denominarse como grupo de empresas pertenecientes a la mercantil Hispano Almería. Vinculaciones que, en el tiempo, han dado como fruto la adjudicación de más de 550 obras, la gran mayoría en municipios e instituciones gobernados por el Partido Popular, mediante el supuesto pago de prebendas económicas procedentes de una caja “b”. Contraprestaciones económicas que vendrían a incorporarse –en parte–, y como fuente de financiación de distintas campañas electorales, a la tesorería de la organización política cuyo máximo exponente en la provincia almeriense es el conocido como, y entre otros sobrenombres, “El Fabra andaluz”, D. Gabriel Amat Ayllón, actualmente investigado por la justicia y la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado (UDyCO).
Las distintas causas, que iremos desgranando en éste artículo y subsiguientes, hace prever, y más pronto que tarde, que si no todas, sí una gran mayoría de ellas, se configuren en una macrocausa debido a las connotaciones y conexiones existentes. Siendo el Partido Popular de Almería la piedra angular de todo un entramado político-empresarial configurado fundamentalmente para la financiación del PP y altos cargos del mismo a cambio de suculentos contratos de obra, civil y pública, e incumpliendo, reiteradamente, lo preceptuado en la Ley de Contratos del Estado.
Algunos de los datos que, en un principio, podríamos evaluar en ésta causa “principal” son, verdaderamente, escandalosos y llamativos:
- Más de 550 son las obras, según sus propios datos, adjudicadas a la sociedad “hispano”, fundamental y mayoritariamente por instituciones locales y provinciales gobernadas por el Partido Popular del “Fabra Andaluz”.
- Más de 71 recibos, de entregas de dinero en “b”, son los que figuran aportados, por ahora, por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), en el expediente judicial, Diligencias Previas 836/14, instruido en el Juzgado nº 3 de Almería.
- Un número indeterminado, por ahora, de emisión de facturas “falsas” emitidas con la intención, supuestamente, de “estafar” a la hacienda pública.
- Un número indeterminado, por ahora, de regalos en especies cuyos beneficiarios, fundamentalmente, han sido alcaldes, concejales y técnicos de la administración pública. Desde entradas para palcos en las plazas de toros de Almería y Roquetas de Mar hasta algún que otro viaje al extranjero, o los denominados como “regalos navideños”, cuyos importes dejarían a más de uno perplejo.
- Recibos de cantidades entregadas, en dinero “b”, que en algunos de las obras superarían más de 600.000 euros, como es el caso conocido del Auditorio de Roquetas de Mar donde, y a pesar de aportarse a las diligencias estos recibos así como la existencia de una sentencia del TSJA declarando ilegal todo el procedimiento administrativo, el Fiscal y Juez de lo penal, como la Audiencia Provincial de Almería, archivan la causa.
- Recibos de entregas en “b” al Partido Popular del municipio de Níjar por importe de 25.000 euros cuyo concepto, claramente, expone: “P.P. Níjar Elecciones 2008”.
- Entregas en “b”, realizadas al que fuera, por aquél entonces Diputado Provincial del PP, D. Gonzalo Bermejo, cuyo concepto del recibo no deja lugar a dudas: “Dado a Gonzalo B. el 11-04-02, 12.020,24 €” y otro recibo de fecha 16 de mayo de 2003 donde se deja de manifiesto el siguiente concepto: “CAMPAÑA MUNICIPAL- G. BERMEJO, ARANCE, 18.000€”.
- Así, en el mismo mes de mayo pero en ésta ocasión del año 2007, concretamente el día 03, figura otra entrega por importe de 36.000 euros cuyo concepto es el de “ELECCIONES 2007”.
- Y el no menos llamativo recibo emitido en fecha 27 de noviembre del año 2000, por importe de 250.000 ptas. y cuyo concepto era el de “Gastos de Invitación de Policía Local entrega a José María González (Concejal)”. El Sr. González ha sido durante los 20 años del alcalde Amat el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, imputado, como su amigo Amat y otros miembros de distintas corporaciones, en la conocida como causa La Fabriquilla.
Y a la vista de toda esta información y hechos denunciados ante la Fiscalía del TSJA, e incorporados en las Diligencias Previas 836/14, el Iltmo. Fiscal, en su día, emitió Decreto mediante el que dejaba claro cuáles deberían ser las líneas de investigación a seguir, todo ello fundamentado en unas primeras conclusiones extraídas del propio informe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a esa Fiscalía:
“…Es igualmente evidente que la documentación que ha sido aportada en la denuncia requiere de una futura valoración procesal y, en su caso, la previa comprobación policial que resulte pertinente y que permita establecer la posible existencia de algunos hechos que podrían alcanzar relevancia penal, al margen de otras posibles responsabilidades que puedan establecerse, como formas continuadas de prevaricación y cohecho…”
“…Es evidente que la documentación aportada se configura como una fórmula de control interno, con dilatada persistencia temporal y en la que no se aprecia la intervención de terceras personas ajenas a la sociedad. Lo denunciado por Amayt deberá ser investigado con todas las garantías y siempre con respeto a los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa…”
Cabe destacar en éstas actuaciones, como en otras causas judicializadas en los tribunales de Almería y provincia, el posicionamiento generalizado de algunos de sus Magistrados, en clara referencia y en perjuicio al Derecho de la Tutela Judicial Efectiva que le ampara a la Asociación Amayt como Acusación Popular. Y es que la juez instructora, Dª Ana Belén Vico, ha negado la personación solicitada y presentada por la asociación, en fecha 06 de febrero de 2015 (10 meses los transcurridos), después de haber sido los denunciantes de los hechos puestos en conocimiento de la justicia y que actualmente se están investigando. No es que en esta ocasión exija fianza, sino que no ha dado ni la más mínima opción a ello. Evidentemente, Amayt, en fecha 04 de junio de 2015, presentó Recurso de Reforma ante la resolución de la juez, pero nuevamente las demoras judiciales siguen entorpeciendo la labor de “fiscalización” de esta asociación puesto que, a día de la fecha, la magistrada no se ha dignado a contestar el Recurso de Reforma planteado, habiendo transcurrido desde entonces la friolera de casi siete meses.
ANTERIOR CAPÍTULO:
La justicia rodea al ‘Fabra andaluz’ del PP
PRÓXIMA ENTREGA:
- UN DÍA EN LAS CARRERAS
- EL VIAJE DE PLACER A LONDRES DEL ALCALDE DE LA MOJONERA Y DIPUTADO ANDALUZ, JOSÉ CARA, CON EL DUEÑO DE LA CONSTRUCTORA HISPANO ALMERÍA S.A.