Confidencial Andaluz

De la ‘Operación Nazarí’ al ‘Caso Conde de Montecristo’

De la ‘Operación Nazarí’ al ‘Caso Conde de Montecristo’
01:42 | 23 de mayo, 2016

La imparcialidad de  la fiscalía.

 

 

Isabel Nieto avatar CA

Isabel M. Nieto. Abogada. Exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada (Investigada en la Operación Nazarí)

En Granada hemos tenido la fortuna de contar siempre con un equipo de fiscales que han ejercido  su función de manera recta y conveniente. Unos fiscales cabales , que han dignificado su profesión y han dado prestigio a una ciudad con tradición de altos juristas, que desde 1505 alberga la Real Audiencia y Chancillería y aun actualmente mantiene la  sede del Tribunal superior de Justicia de Andalucía .

Dice nuestra Constitución en su articulo 124 que el Ministerio Fiscal, tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, con sujeción  a los principios de legalidad e imparcialidad.

El Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/81 de 30 de Diciembre nos confirma que la principal misión de la fiscalía es la de defender la legalidad y por eso se le asigna tanto  la defensa de menores e incapaces como la acusación o no,  en los procedimientos penales ante las denuncias presentadas por los particulares. Pero siempre con sujeción al principio de imparcialidad.

La independencia del poder judicial y el hecho de que en España para acceder a esta profesión sea necesario superar unas duras oposiciones, deben hacernos sentir orgullosos de nuestro sistema, mucho más Isabel Nieto artc 1 webperfecto que el de muchos otros países, sobre todos los anglosajones.

Pero como cualquier otra institución de nuestra sociedad, las buenas praxis del Ministerio fiscal también  pueden degenerar, porque al final esta integrado por personas, con sus defectos y sus virtudes. También aparecen ovejas negras y fiscales “ a la americana”, que, como en las películas,  esperan a base de éxitos profesionales ascender en su carrera, con apoyo de los partidos políticos. Esos éxitos profesionales no siempre son compatibles con sus principios de imparcialidad y defensa de la legalidad y esa forma de entender la profesión, la degenera.

Ya tuvimos un reciente ejemplo en Granada en junio de 2014, con el  Auto de Archivo de las Diligencias de investigación abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 6 contra algunos miembros del Partido Socialista de Armilla, denunciados, claro está ,  por el PP.  El Juez instructor en un acto de impotencia, entendió que era «inviable» continuar con la instrucción pese a existir indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, con un Ministerio Fiscal que se empeñaba en el  archivo. La fiscal solicitó el archivo, según el propio Juez mediante un escrito nada menos que de 24 páginas “farragosas y discutibles”.

Esa misma Fiscal que con tanto interés defendía la causa de Armilla, curiosamente es la misma fiscal que con las mismas formas farragosas ha montado el llamado caso Nazarí. Que más bien debería haber llamado el caso Conde de Montecristo. Ha metido en una coctelera las envidias de unos funcionarios hacia otros, la miseria de un matador de pollos aspirante a promotor, la rabia de algún especulador  arruinado, la ansiedad de una fiscal hacia el estrellato, bien aliñado todo con las malas hierbas aromáticas de los partidos políticos et  voilà: ya tenemos el marco perfecto para montar la perfecta macrocausa  que nos lleve al fin perseguido: Quitar de en medio al Alcalde de Granada.

Con los antecedentes encontrados en los últimos años, es fácil para todo el mundo creer que donde hay políticos hay corrupción o dinero. Qué fallo que en casa del Alcalde de Granada  o de la concejal, solo encontraran 1.500 euros. Qué pena que no tengan cajas de seguridad en los bancos ni cuentas en paraísos fiscales. Que lástima que el lunes 23 tengan que devolver su “tablet” al Alcalde porque solo han encontrado fotos de sus nietos. Vaya por Dios. Algo habrá que hacer para mantener la acusación.

Isabel Nieto artc 2 webDicen las malas lenguas que con este panorama desolador, la Fiscal anda ofreciendo tratos a todo aquel funcionario que tenga alguna queja a nivel personal en los últimos 12 años. Y que algunos van a aprovechar su momento. Y es curioso que sea la misma Fiscal quien  se niegue a abrir diligencias de investigación contra unos de ellos, Jacobo de la Rosa, funcionario de Granada denunciado por un patrimonio injustificable.

El exceso de interés en buscar pruebas, o incentivar a testigos,  no es sano para el ministerio fiscal, porque es un claro síntoma de parcialidad, y algo que le aparta  de su función. En el caso Conde de Montecristo ya hemos sobrepasado con creces los límites establecidos por la Constitución. Ya asistimos a la vulneración de la legalidad el día de los registros domiciliarios, con extralimitación de la orden judicial, y ahora estamos asistiendo  a la vulneración de la imparcialidad cuando afloran con tanta claridad los intereses subjetivos y personales.

¿Dónde están las pruebas objetivas?. Queda por saber si los ordenadores que fueron trasladados sin autorización judicial se encuentran precintados o han podido ser abiertos sin la presencia de las partes, como establece la ley. Ante la desesperación de la acusación, cualquier cosa puede pasar, ya puestos a jugar a las películas americanas, parece que ya vale todo.

Pero estas estrategias, no satisfacen el interés social, ni los derechos de los ciudadanos ,como exige la Constitución. Estas estrategias no son acordes con los principios de legalidad e imparcialidad, que deben imperar en un Fiscal.  No respetan la presunción de inocencia y producen una gran indefensión en los afectados. Como decía el Juez a la misma Fiscal en el caso de Armilla, “vencerás, pero no convencerás”.

Y mientras tanto, en los interrogatorios, al no existir hechos objetivos delictivos, solo se  hacen preguntas relacionadas con el derecho administrativo, para intentar comprender los procedimientos y los conceptos urbanísticos, por si pudieran encontrar  alguna irregularidad en los expedientes. Mire Vd. por donde, la última  reforma  llevada a cabo por Ley 24/2007, sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,  perseguía reforzar la capacidad funcional  del Ministerio Fiscal, buscando una mayor eficacia conforme a un criterio de especialización, y una más clara definición de la carrera profesional. Así aparece la figura  del Fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio. Como siempre, la idea era buena y  el papel lo aguanta todo. Pero lo lógico seria  para poder ocupar una plaza de fiscal en materia de  ordenación del territorio, primero prepararse y saber derecho urbanístico y después  acceder a la plaza. No al revés. El derecho urbanístico es la legislación mas compleja que existe en nuestro ordenamiento jurídico y muy pocos son los especialistas en esta materia.  No se estudia en la Facultad de derecho ni en las oposiciones a fiscalía ni judicatura. Por eso los interrogatorios a los investigados se convierten en largas clases de conceptos básicos de urbanismo. O podríamos también verlos como un examen donde el que pregunta desconoce la respuesta.Isabel Nieto artc 3 web

Esta fiscalía teóricamente especializada en el urbanismo, ha mantenido desde su creación varias  acusaciones contra las mismas personas hoy investigadas en la Operación Nazari, y todas ellas han sido finalmente archivadas por tratarse de cuestiones contencioso-administrativas y no penales. Sigue siendo su asignatura pendiente. Y con este recuento 15-0 no consigue sumar puntos para ascender en su pretendida  carrera fiscal “a la americana”. La operación Conde de Montecristo es su oportunidad.

Pero también tiene otra oportunidad:   recuperar la senda perdida.  La vida te permite elegir  lo bueno y lo malo. La fiscal debería   resetearse, reiniciarse  y recuperar el buen nombre profesional.  Lo que haga para sí misma lo hará en beneficio de la institución a la que representa y del Estado de Derecho. El poder judicial en el que se integra, debe cumplir también la Ley. Y aquí está fallando  la primera:  la Constitución. El mejor consejo , o la mejor opción seria abstenerse de intervenir en un caso  en el que ya está tan implicada, y que otro tome las riendas de la imparcialidad.

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