Qué cantidad de tinta, papel, vídeos y tertulias se han dedicado al debate del problema español en Cataluña en los últimos tiempos. Creo que se ha argumentado de todo, a favor o en contra, sobre un pretendido derecho a independizarse de España. Se ha hablado de derechos pretendidamente históricos saliendo a relucir Ramón Berenguer, doña Petronila y hasta el oso que mató a Favila. Se ha discutido sobre derecho nacional, internacional y perifrástico. Y sobre todo lo que uno pudiera imaginarse. Y así hemos llegado a la cuenta atrás hacia el 1 de octubre (1-O), fecha fijada por el presidente de la Generalidad de Cataluña, el “Molt honorable” Puigdemont, para celebrar un ilegal referéndum de autodeterminación. Consulta anti-constitucional que, en su caso, sería pretendida e inmediatamente seguida por una declaración unilateral de independencia.
Pero las grandes trolas del frente independentista, con el gobierno autonómico a la cabeza, se han ido desplomando. Entre ellas, la primera es aquella del “España nos roba”. Usada hasta la saciedad, se ha mostrado, sin embargo, que Cataluña no es la autonomía que más contribuye a los gastos del estado. Y que, además, quien ha estado robando a los catalanes a manos llenas eran sus autoridades autonómicas así como Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), partido que ha determinado la política catalana durante treinta años. Asimismo se ha volatilizado otra gran mentira, muy pregonada desde el Palacio de la Generalidad, que buscaba internacionalizar la ansiedad independentista. Es esa de que Cataluña “se ha ganado el reconocimiento como nación en el marco de Europa” como había proclamado Puigdemont. Y nadie serio, ni en Europa (ni en América), ha movido un dedo para cobijar las pretensiones secesionistas de algunos catalanes.
Hay todo un catálogo de mentiras. Por ejemplo, se pregonaba que “CDC no había cobrado comisiones” (Mas), y afloró el escándalo del 3%. Se “garantizaba la libertad de prensa” (Junqueras), y el parlamento catalán ha votado a favor de negar subvenciones a los medios que no publiciten el referéndum ilegal. Se afirmaba que “los funcionarios podrían estar absolutamente tranquilos porque nadie estará obligado a nada” (Puigdemont), y se amenaza con sanciones a los funcionarios que trabajan en Cataluña que no cumplan la “ley de ruptura”…
Está calando que no hay poder constituyente autonómico ni legalidad casera, que estén por encima de los expresados por el pueblo soberano en la Constitución.
Y, de repente, han empezado a proliferar los ataques de nervios entre los soberanistas. Lo que se pretendía rocoso está haciendo aguas. Está calando que no hay poder constituyente autonómico ni legalidad casera, que estén por encima de los expresados por el pueblo soberano en la Constitución. Así como que las instituciones autonómicas no poseen la potestad de vulnerar el orden constitucional, cuando es precisamente éste lo que sustenta su propia autoridad. Ante tal deterioro del frente independentista, el gobierno catalán se ha bunkerizado. Con la fantasía independentista como único programa, intenta así blindarse frente a cualquier acción exterior a él, a sus propias tesis y, en definitiva, a su quimera. Cuatro consejeros y una serie de otros altos cargos han sido ya “dimitidos”.
Tal bunkerización tiene en “la pela” su talón de Aquiles. “La pela” ha sido, durante todo el proceso, el mejor fermento de un pretendido fervor popular favorable a la independencia. Ahora se ha revelado que el riesgo del patrimonio personal es la más dolorosa amenaza para la unidad de acción soberanista. Y de ahí, por ejemplo, la cínica e interesada idea del vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, de hacer una “caja de resistencia”, con aportaciones de los ciudadanos, para pagar las responsabilidades pecuniarias y multas en que incurran los dirigentes independentistas. Me temo que el “Vicemolt” no ha caído en que eso podría ser una donación y, como tal, objeto de tributación a las arcas que custodia el señor Montoro en el ministerio de hacienda.
Uno piensa que con “la pela” como suprema finalidad del criminal intento ilegal de amputar la Nación española no se va muy lejos.
Hacienda, tras detectar un desvío en la gestión del presupuesto catalán en el apartado de “Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales” ha establecido un control y supervisión rigurosos de los gastos en Cataluña. De esta forma, consejerías y organismos de la Generalidad tendrán que informar semanalmente al Ministerio sobre gastos. Se trata de disuadir aquéllos que impliquen desobedecer las sentencias del Tribunal Constitucional, así como de evitar que el presupuesto financie una consulta ilegal. Porque ―tomemos todos buena nota― los caprichos y las extravagancias, especialmente los ya declarados ilegales por los tribunales, hay que financiarlos con el patrimonio de uno, y no con el de todos.
Uno piensa que con “la pela” como suprema finalidad del criminal intento ilegal de amputar la Nación española no se va muy lejos. La búsqueda de “la pela”, que generó el proceso, es lo que acabará con él. Pienso que las élites independentistas no han caído en que sacar adelante tan inmensa barbaridad demanda no solo arriesgar el patrimonio, sino también estar dispuesto a dar lo más querido; es decir, la propia vida. Todo lo demás es teatro. En la lógica del gran dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, no entender eso debería hacerles desistir de su loco intento. Porque si solo quieren hacer lo que pueden entender, en vez de ir al teatro tendrían que ir al baño.
*Pedro Pitarch es Teniente General del Ejército (r).