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La portavoz del PP en Melilla, camino del banquillo

La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación para la portavoz parlamentaria del PP de Melilla, exconsejera de Bienestar Social.

Javier García Angosto
Javier G. Angosto

El Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Melilla tendrá a su portavoz sentada en el banquillo por el ‘caso Abogados’. María Antonia Garbín, consejera de Bienestar Social en la pasada legislatura, está acusada de un presunto delito continuado de prevaricación al contratar  a dedo durante más de 10 años a cuatro abogados externos a la Administración. El Partido Popular no le exigirá su acta de diputada en la Asamblea, la Cámara territorial de la Ciudad Autónoma.

Garbín suscribió 91 contratos menores con los mismos cuatro abogados “sin publicidad, sin objetividad y transparencia”. Según la Fiscalía, eludió la legislación en materia de contratación pública. Lo hizo “a sabiendas de su injusticia” y con el “respaldo y connivencia” de directores generales y secretarios técnicos de la Consejería Bienestar Social.

En el caso de los primeros, emitieron informes de necesidad en los expedientes de contratación “a sabiendas de que con esa decisión contravenían la legalidad administrativa vigente y en particular la prohibición de fraccionamiento”.

[blockquote style=»1″]Según la Fiscalía, eludió la legislación en materia de contratación pública. Lo hizo “a sabiendas de su injusticia” y con el “respaldo y connivencia” de directores generales y secretarios técnicos de la Consejería Bienestar Social.[/blockquote]

La labor de los secretarios técnicos en la trama fue la de dar apariencia de legalidad al procedimiento. Según la Fiscalía, “acomodaron de forma torticera la realidad de la Consejería” emitiendo informes jurídicos. Con su actuación, “a sabiendas de que resultaba injusto”, contribuyeron “a eludir los procedimientos ordinarios de contratación y sus mayores fórmulas de control por parte de la Intervención”. Estas contrataciones, supuestamente ilegales, han costado a las arcas públicas más de un millón de euros. 

Pese a que el Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, el Gobierno de Melilla (PP) no le exigirá que deje los cargos públicos que ostenta. El motivo: están convencidos de que Garbín será absuelta tras la celebración del juicio.

Una cuestión administrativa


“Es una cuestión meramente administrativa”. Así ha justificado el portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, el apoyo a la ex consejera de Bienestar Social que no ha repetido como consejera tras las elecciones de mayo de 2015. El Partido Popular tuvo que ‘sacrificarla’ para mantener la mayoría absoluta con el apoyo de PPL, una escisión del partido que ahora, tras un parco de gobernabilidad, será absorbido.

Conesa ha argumentado que Garbín “heredó” este método de contratación de abogados que comenzó en 1999. En cualquier caso, está totalmente convencido de que será absuelta tras el juicio.

El portavoz del Gobierno se resiste a creer los argumentos de la Fiscalía entorno a la complicidad de tantos funcionarios para cometer un supuesto delito de prevaricación: “No me puedo creer, es una opinión personal, que se hayan puestos todos de acuerdo a lo largo de todos esos años de manera grosera y clara para incumplir la ley”.

Juicio oral

El Ministerio Fiscal y las acusaciones, la Asociación Libre de Abogados y el sindicato Manos Limpias, han solicitado la apertura de juicio oral. Todavía no hay fecha concreta aunque Garbín, en declaraciones a Cope Melilla, ha dicho que en algo más de un mes quedará fijada la vista. Además, ha defendido su inocencia y ha cargado contra la instrucción judicial a la que acusa de “estar politizada”.