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La UDyCO eleva a 125 las mercantiles investigadas en la ‘Trama Amat’

La policía sugiere que la Junta sea la que investigue si han existido delitos urbanísticos.

IU calcula que Gabriel Amat habría otorgado licencias para 1.250 viviendas a empresas vinculadas familiarmente con él.

En una de las urbanizaciones del sobrino de Amat -Mirador de Playa Serena- estuvo a punto de adquirir un apartamento familiar Javier Arenas, reservándose justo el ático de arriba para Mariano Rajoy.

Pepe Fdez
Pepe Fernández*

Un nuevo informe elevado por la UDyCO-Costa del Sol al Juzgado ha puesto de actualidad el procedimiento judicial abierto en 2012 en Roquetas de Mar  contra el líder del PP en Almeria, Gabriel Amat, en la conocida como “Trama Amat”.
Dicho sumario, que lleva cuatro años instruyéndose lentamente en un juzgado de Roquetas, está orientado en su investigación a conocer si Gabriel Amat, como alcalde de Roquetas, ha estado beneficiando irregularmente en estos últimos 15 años a sociedades mercantiles propias o de familiares que alcanzan a esposa, hijas, cuñados, primos, consuegros, concuñados y sobrinos en distintos grados.

Una impresionante telaraña mercantil familiar que alcanza formalmente a 125 mercantiles en la que la policía judicial parece bastante perdida.

 

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De hecho, en una de las conclusiones del informe elevado al juzgado hace unos días, los funcionarios policiales sugieren a la autoridad judicial que sea la Junta de Andalucía la que, a través de su servicio de Inspección, analice el entramado societario vinculado a cuestiones del urbanismo. Lo expresan en los siguientes términos:

“Sería adecuado que otros organismos, como la Dirección General de la Inspección de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda, quien, a su vez examinados los numerosos expedientes relacionados en la certificación del Secretario, identificara aquellas actuaciones que presentasen indicios de irregularidades e informase sobre la adecuación a la legalidad urbanística, en la fecha de otorgamiento, sobre las licencias de obras, convenios, planes parciales, etc, relacionadas con cada una de las mercantiles. Además, el citado organismo debería, en su caso, establecer si esas posibles irregularidades pudieran derivarse de la mala práctica administrativa o bien pareciesen susceptibles de alcanzar relevancia penal o fiscal”.

En esta misma línea, la UDyCO da la sensación nuevamente de que no le apetece hacer el trabajo de otros, algo que ya dejó evidenciado en un primer informe en marzo de 2015, plagado de fotocopias de los registros y donde se limitaba en pocas lineas a sugerir cómo se debería afrontar la investigación del entramado Amat.

En esta ocasión la policía afina y expresa claramente que “el inicio de una amplia y compleja investigación presenta una serie de elementos cuya valoración excede a la que sería una mera investigación policial, y en este caso debería estar dirigida y tutelada en todo momento por el ministerio fiscal o por un Juzgado de Instrucción”. Cabría preguntarse, ante esta sugerencia policial, si jueces y fiscales no controlan “en todo momento” este tipo de investigaciones tan amplias, complejas y ciertamente cargadas de detonantes políticos.

Así, el nuevo informe dado a conocer por la UDyCO, aporta la confirmación de lo que la acusación y la propia Fiscalía han venido sosteniendo en sus reiteradas ampliaciones de denuncias.

 

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Leyendo el informe se obtiene la sensación de que esta instrucción judicial ha entrado en una especie bucle del que nadie la saca de momento. Da la impresión, leyendo las conclusiones de la Policía en aquel primer informe de la primavera del año pasado que tampoco entraron a fondo en los detalles económicos de la supuesta “trama” y sus vinculaciones, tal y como ordenó el Juzgado en  Auto de 12 de julio de 2013.  No obstante la UDyCO escribía entonces en su primera aproximación al caso: “Efectivamente, la existencia de un entramado de empresas dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias (…) tiene una relación directa con Amat Ayllón, especialmente a través de vínculos familiares y de personas relacionadas con unos u otros de dichos familiares, tratándose, como puede observarse, de un círculo muy amplio que abarca 103 sociedades, no descartando la existencia de algunas otras, habiéndose determinado la relación con otras 12 en la que no constan vínculos tan estrechos y que, en conjunto, podría ampliarse a relacionar todas con otras 300 o más empresas, si tenemos en cuenta vínculos comerciales”.

El hecho en sí “no parece ser motivo suficiente para argüir la existencia de actividades delictivas” afirmaban. Pero a renglón seguido sorprendía la Policia al aventurar que “probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada etc (de Amat a sus parientes). Y tras casi dos años de investigación policial concluyeron: “pero en caso de iniciar actuaciones policiales previas se necesitan indicios claros y concretos que permitan, en primer lugar, realizar investigaciones a fondo y, posteriormente, elevar las mismas a las autoridades judiciales o fiscales competentes”. Y esto lo firmaron los mismos funcionarios que tenían la orden de la Juez de Roquetas de hacer justamente eso desde julio de 2013.

 

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Aquellas primeras conclusiones policiales fueron, en gran medida, una inusual hoja de ruta aconsejando a la Juez, precisamente que tomase el mismo camino dictado en el Auto del verano de 2013. En los veinte meses que duró el trabajo de la UDyCO, la Policia, jamás contactó con los denunciantes para recabar ampliación de datos.

Sin embargo, en este segundo informe, ya se hace referencia a un total de 22 nuevas mercantiles que, como pedía la acusación, deben ser incorporadas a las 103 que ya se investigaban desde el inicio. En este punto, fuente de los denunciantes mantienen que “pueden salir muchas más”.

De hecho, por este motivo, se detecta un error clamoroso relacionado con una sociedad familiar de Gabriel Amat, Producciones Televisivas Ondamar Almería S.L. de la que dicen que “no constan relaciones jurídicas con el ayuntamiento de Roquetas”. Eso no es cierto si se tiene en cuenta que “en el año 2009, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, siendo Amat alcalde, adjudicó a Producciones Televisivas Ondamar (empresa suya, de su mujer e hijas) el importe de 12.000 euros y a la mercantil Máquina de Sueños el importe de 15.000 euros. Ambas contrataciones figuran reflejadas en el Acta de la junta de Gobierno 112/09 de fecha 28 de septiembre de 2009”.

 

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Este nuevo informe policial, pese a todo, se percibe como algo más elaborado y trabajado al haberse cruzado datos facilitados por el ayuntamiento, la Agencia Tributaria y todo aquella información que han ido aportando los denunciantes en este tiempo.

La información – explica la Udyco- fundamentalmente de carácter urbanístico, se ha relacionado con cada una de las sociedades con las que el Consistorio (de Roquetas) ha mantenido relaciones jurídicas (en los últimos 15 años), según el certificado (con llamativas operaciones no incorporadas parece que por error) del Secretario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Esas alusiones, como ha quedado constancia, se han completado con datos solitarios inscritos, autorizados en cuentas bancarias, información de partícipes, sociedades en las que participa, reflejando las fechas a las que se circunscribe la vinculación de las personas del entorno familiar de Gabriel Amat Ayllón”.
Describen a continuación un total de 47 sociedades “mercantiles en las que aparece vinculado el propio alcalde o personas de su entorno familiar”. Al final de la larga lista se señala que “como puede apreciarse, la mayor parte de las relaciones de esas mercantiles con el Ayuntamiento se circunscribe fundamentalmente a actuaciones urbanísticas, que han sido aprobadas en Plenos, Comisiones de Gobierno o de Urbanismo, en ocasiones con los votos favorables de los diferentes partidos, otras con alguna abstención o voto en contra”. Y añaden: “Solo se cuenta con la reseña a las numerosas actuaciones con el consistorio, no con los expedientes con toda la documentación desde su inicio hasta su aprobación o no, ignorándose por tanto si esas relaciones jurídicas se ajustan a la legalidad o no”.

Aquí la policía deja en evidencia el hecho de que se ha contado solamente con la información facilitada por el Secretario Municipal, ya que nunca en este procedimiento se ordenó ninguna entrada y registro policial de la sede de Urbanismo en Roquetas. Información municipal que, como ha quedado demostrado, ha sido incompleta. Un descuido del Sr secretario que, evidentemente, no perjudicaba a los intereses de Gabriel Amat.

 

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No obstante, escrutando el informe policial se desprenden macrodatos que servirán para contextualizar, política y jurídicamente, el Caso Amat. Mientras el diario El País hablaba en su edición de este domingo de un total de 845 licencias otorgadas al entramado familiar de Amat, fuentes de Izquierda Unida elevan la cifra a 1.250 las viviendas autorizadas y construidas por el clan en estos años.

Así, Francisco javier Amat, (Francis), sobrino del alcalde de Roquetas, es el familiar más beneficiado por las decisiones municipales de su tío Gabriel, presente en la inmensa mayoría de tomas de decisión municipal. El Ayuntamiento, según estima el rotativo, otorgó licencias para ejecutar 465 viviendas a empresas con él relacionadas.

La decisión municipal más importante que le benefició ocurrió en mayo de 2007 con la mercantil Caniraga S.L a la que se autorizó a construir 256 viviendas con garaje en Playa Serena. “Mirador de Playa Serena” es el nombre de la lujosa urbanización.

 

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Javier Arenas y Mariano Rajoy aplauden a Gabriel Amat tras el último congreso del PP de Almería.

 

Se da la circunstancia de que en esa promoción estuvo a punto de adquirir una vivienda el entonces presidente regional del PP-A, Javier Arenas y familia, según me confesó el propio Amat y luego confirmaría el propio Arenas. “Tu ya sabes, las cosas de Gabriel, me aconsejó que pusiera un dinero mínimo en una inversión, pero finalmente me deshice de ella” explicó el propio Arenas sin darle mayor importancia, algo incómodo por la pregunta, en presencia del hoy ministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

En aquella época fue muy insistente el rumor entre los populares de Almería que apuntaba a que altos cargos del PP habrían reservado “su piso” en tan privilegiado enclave frente al mar de Playa Serena. Se hablaba de que Arenas habría reservado para él el Portal 4, Planta 4ª, puerta C. Y también se dijo que justo el piso de encima, en el mismo portal 4, pero en la planta 5ª puerta C, se lo tenían reservado al mismísimo Mariano Rajoy. De hecho hay quien ha llegado a ver el reformado sobre plano en su momento para ampliar el apartamento inicialmente proyectado y reservado para el presidente Rajoy. Construido por la empresa Eureblank (propiedad entre otros del sobrino de Amat) y diseñado por el despacho sevillano Donaire Arquitectos – Juan Pedro Donaire Barbero es cuñado de Francis Amat-, es una de las promociones más lujosas construida en estos años en Roquetas.

Otro gran beneficiado por las decisiones administrativas urbanísticas del Ayuntamiento roquetero, según la UDyCO, es el cuñado de Amat, Miguel Pintor Moreno, habiendo obtenido, según ha estimado El País, licencias para un total de 239 viviendas en mercantiles con él vinculadas como Gofeman, Inversiones Prodamasa y Promociones Rysefe. En esta última aparece un primo de Gabriel, Andrés López Amat que tuvo entre 2006 y 2013 el 25% del accionariado según datos facilitados al sumario por la Agencia Tributaria.

Jose Angel Amat Vargas, otro sobrino del alcalde, también recibió licencias entre 2004 y 2006 para 141 viviendas con garaje a través de la sociedad Terrenos de Roquetas SL.

 

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Conviene recordar que, al margen de la denominada Trama Amat, el hombre fuerte del PP en Almería se enfrenta a corto plazo a otro procedimiento distinto aunque parecido en su modus operandi, relacionado con la empresa Jarquil Verde, precisamente por haberle adjudicado un concurso para poner palmeras (con GPS) y donde tiene intereses un yerno de Gabriel Amat. Ambos, el alcalde y su yerno, junto a un funcionario municipal de la absoluta confianza del edil, están esperando prestar declaración ante la Juez tras la denuncia del Fiscal. En fuentes jurídicas conocedoras del caso consideran que “va a resultar muy difícil que Su Señoría haga oídos sordos al Ministerio Fiscal y no les llame en calidad de investigados”.

Si ello sucede, el partido Ciudadanos que viene sosteniendo políticamente a Amat al frente del ayuntamiento, pese a conocerse ampliamente detalles sobre esta investigación judicial desde 2012, ya ha anunciado que pedirán que Amat dimita y abandone la politica. Pero quien sostenía esta tesis, el portavoz de Cs Diego Clemente, ha sido obligado por su partido a abandonar el acta de concejal en Roquetas y dedicarse solo a ser diputado en el Congreso.

*Pepe Fernández es Periodista.
Editor y Director de CONFIDENCIAL ANDALUZ