Tras la celebración de las elecciones generales el 26 de junio, seguimos viendo y escuchando declaraciones de quienes han obtenido más votos y escaños y menos de quienes los han perdido. Pocos movimientos, muchas bravatas y silencios tácticos ante los pactos para la formación de un gobierno. Tres alternativas pueden darse: o gobierna Rajoy, o forma gobierno Sánchez o vamos a unas terceras elecciones. Hay quien dice que habría gobierno pasado el verano, sin el uno ni el otro. Mientras, la situación social y económica, aún sin gobierno o precisamente por ello, no se percibe peor que antes del 20 de diciembre. La situación política e institucional sigue siendo un desastre.
La campaña electoral transcurrió en medio de consignas, propuestas y promesas que no se si hoy están vigencia. Las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. La desigualdad social está desbocada, mientras la indecencia del gobierno en funciones mira hacia las alturas, donde están los más ricos para seguir favoreciéndolos.
Por la segunda lista de grandes deudores al fisco publicada por la Agencia Tributaria, conocíamos que con lo que deben los morosos, se pagarían los recortes que exige Bruselas. Con lo que deben los morosos se podría atajar el déficit público; dos veces el recorte exigido por Bruselas; ocho veces la posible multa de la UE; cuatro veces la subida del IRPF; más de seis veces la subida del IVA; tres veces lo que se dedica a I+D+i; diez partidas de dependencia y casi toda la partida de empleo.
Según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la lista de morosos publicada, sólo representa el 30% de la deuda total pendiente de cobro que asciende a 52.200 millones de euros. También denuncian que en lista de morosos se deja fuera a los principales deudores y a las grandes empresas y multinacionales, además de los acogidos a la amnistía fiscal y los que aparecen en la «lista Falciani». Una indecencia más, que dignifica a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Entre los principales deudores a la Hacienda Pública, no se encuentra el 22,1% de la población que vive con menos de 8.000 euros al año, ni los once millones de personas cuyo sueldo medio no llega a 700 euros ni los cerca de cinco millones de personas sin trabajo según la última EPA. Empresarios, deportistas y grandes compañías aparecen en la dichosa lista de los 4.768 deudores morosos. Lo mejor de cada casa.
En la lista de Hacienda aparecen los «no» contribuyentes por deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros al 31 de diciembre de 2015. Entre todos deben a Hacienda 15.700 millones de euros. Mario Conde, Arturo Fernández (expresidente de la patronal madrileña y exvicepresidente de la CEOE), empresas de la familia Ruiz Mateos. Sacyr aparece con una deuda de 116,1 millones de euros. Empresas de José Luis Moreno, el de los «muñecos». Clubes de fútbol, deportistas de élite, la comunidad autónoma de Murcia y el Servicio Murciano de Salud con una deuda superior a los 48 millones de euros. Viajes Marsans, la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y Martinsa Fadesa. Fitonovo, considerada una pieza central de la «organización criminal», según la jueza Alaya en la Operación Madeja o el abogado Rodríguez Menéndez con más de tres millones de euros. No sigo, porque siento arcadas.
Se hace ineludible un cambio que ponga fin a las políticas austericidas del PP y abordar una etapa marcada por el reparto equilibrado de sacrificios y de rentas, por una forma de ejercer la política desde los principios básicos de la honestidad, donde se persiga sin cuartel la corrupción y el fraude fiscal. Es necesario un gobierno de cambio real.
La cuestión es que los que tienen no pagan y el Gobierno actúa como los bandoleros pero al revés: quitándoselo a los pobres para dárselo a los ricos. Mariano ha vuelto a meter la mano en la hucha de las pensiones y ha retirado 8.700 millones del fondo, en plena «operación salida», a traición, como es su condición. La hucha de las pensiones se queda con un saldo de 25.176 millones de euros, frente a los 66.375 millones que había en 2011, cuando el PP llegó a La Moncloa. A este ritmo, si continúa Rajoy como presidente, la hucha de todos los españoles, quedaría agotada entre 2017 y 2018. Conocemos como son, que tipo de política de recortes hacen y su estilo, limitando derechos y recortando libertades, Mariano Rajoy y su cuadrilla no puede volver a gobernar ni siquiera por haber recibido 7.906.185 votos de la derecha unida de toda la vida, de un censo de 34.597.038 de votantes. El resto de partidos con representación parlamentaria, tienen la mayoría de escaños suficiente para impedirlo.
Tras asistir durante meses a demasiadas consignas, intransigencias, declaraciones demagógicas, insultos y escasa convicción en los argumentos, la necesidad obliga a que aflore la flexibilidad, la generosidad y el entendimiento. El Sistema está lastrado por las trabas constitucionales en materia electoral.
Decía que no se si los programas que nos presentaron en campaña siguen siendo posibles o ya son meras promesas rotas. Por ello sería necesario que los partidos y coaliciones con ánimo de gobernar y solucionar los problemas de la mayoría de la gente, elaboren una propuesta de gobierno que rescate a los trabajadores y al pueblo. No es el Gobierno de salvación nacional que pretende Rajoy. Muy esclarecedor que Rajoy quiera salvar a España, después de gobernar durante más de cuatro años y ni un día más.
Tras asistir durante meses a demasiadas consignas, intransigencias, declaraciones demagógicas, insultos y escasa convicción en los argumentos, la necesidad obliga a que aflore la flexibilidad, la generosidad y el entendimiento. El Sistema está lastrado por las trabas constitucionales en materia electoral. La ley D’Hondt es un sistema, en esencia, antidemocrático, porque los votos de los ciudadanos no deberían estar condicionados por coeficientes de población. Es necesario que las Cortes aborden de forma urgente la reforma de la Ley Electoral, para que todos los votos valgan lo mismo. No puede ser que fórmulas matemáticas recorten derechos.
No caben excusas, no caben intereses partidistas ni de liderazgos, no cabe sucumbir a presiones interesadas, internas y externas, que traten de arbitrar o condicionar el juego político. Por el contrario, quienes tienen la obligación de ponerse de acuerdo deben pensar que a ellos les corresponde, no desde la oposición sino, desde el Gobierno, cambiar las cosas y dar respuesta a las necesidades de la gente.
Bajo ninguna razón ni acuerdo puede dejarse gobernar ni un día más a Rajoy y su camarilla. La vida debe continuar, pero sin Rajoy y los suyos. Quienes desde el PSOE y otras latitudes piden que se deje gobernar al PP, podrían llegar a estar cometiendo traición al partido y a la idea socialista que dicen representar. En el PP es en donde se encuentra la extrema derecha, que en otros países se representa por si misma. Con el PP ni pacto de Estado ni acuerdo de investidura ni de gobierno ni mano tendida que legitime su política represiva, regresiva, antisocial y corrupta
A los partidos de izquierda cabe pedirles que abandonen disputas y posiciones partidistas o personalistas irreconciliables, para que busquen propuestas comunes y compromisos claros ante la ciudadanía con el objetivo de que encuentren acuerdos y demuestren que hay soluciones a la crisis social, económica, política existente, desde otra óptica a la practicada hasta ahora.
Hay que diseñar un plan de choque contra el desempleo, derogando las reformas laborales del PP y del PSOE; reposición de todos los puestos de trabajo perdidos en sanidad y educación; reducción de la jornada laboral a las 35 horas sin merma del salario; jubilación a los 60 años, con contratos de relevo. Decretar una moratoria en el pago de la deuda e iniciar una auditoría pública. Recuperar el poder adquisitivo y elevar el salario mínimo al menos a mil euros mensuales. Prohibición de los desahucios de primera vivienda, así como los cortes de agua y luz a los afectados; y defender los derechos democráticos básicos, derogando la Ley Mordaza.
Habrá que convocar nuevas elecciones generales, que sean constituyentes, para aprobar una nueva Constitución que traiga otro advenimiento republicano.