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Las cloacas y el Estado contra Villarejo

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet*

El pasado viernes día 3 de noviembre recibí numerosas llamadas de compañeros, amigos y periodistas que querían saber sobre la detención del comisario jubilado José Manuel Villarejo Perez. Envié WhatsApp al propio Villarejo y a otros comisarios, entre ellos a Carlos Salamanca -que me respondió que no sabía qué estaba pasando posiblemente minutos antes de ser detenido- cuando ya lo daban como tal numerosos medios de comunicación. Después emití algunos tuits sobre la inocencia de Villarejo y señalando al CNI como responsable de su detención. Y aquí y ahora me explico con más detalle, sin perjuicio de que a este asunto dedicaré varias páginas en un libro que quiero escribir de mis 37 años en la Policía. Si no me muero antes.

 

 

 

ASI CONOCÍ A VILLAREJO. SUS NEGOCIOS EN EXCEDENCIA.

 

Conocí a Villarejo hace muchos años, cuando denuncié un error de los analistas de Información que no avisaron a un compañero que estaba en una lista de ETA y fue asesinado. Lo enviaron a conocerme y convencerme de la bondad del procedimiento utilizado. Por entonces recién estrenábamos los móviles y los mensajes a través del mismo. Como nos cambiamos los números de teléfono se equivocó y me remitió tres mensajes que debían ir dirigidos al DAO o director general de la Policía de la época. Se lo hice saber y me dijo que era a propósito, para que conociera su opinión de mí. Sé que no era cierto pero acepté pulpo como animal de compañía. En esa primera conversación y en posteriores nos fuimos conociendo; supe  que tras un malentendido con Felipe González al poco de haber sido elegido presidente del Gobierno, en una comida con otros dirigentes del SPP, decidió irse de la Policía, solicitó la excedencia en 1983 y se dedicó a sus negocios.

 

También en ese tiempo, siendo un civil, el Estado, esa mala madrasta que devora a sus hijos, le pidió determinadas tareas de información (inteligencia), infiltrándose en grupos que traficaban con armas, drogas y mujeres.

 

Entre 1983 y 1993 los negocios le fueron bien. Los que saben cómo funciona la seguridad del Estado conocen que tanto el CNI, la Guardia Civil como la Policía, en sus labores de Información, inteligencia, seguridad del Estado o en investigaciones complejas de Policía Judicial sobre tramas de corrupción y mafias, a veces se ven obligadas a crear empresas ficticias que sirven de pantalla para el trabajo profesional. El juez Garzón sabe de las muy buenas tareas que desempeñaron para acabar con el entramado terroristas policías que durante mucho tiempo trabajaron como empleados en empresas de limpieza, recabando datos de mesas de oficina o papeleras; también se han usado repartidores de suministros a bares o comercios, o agencias de viaje creadas en lugares estratégicos que ofrecen precios especiales a determinadas personas sospechosas a las que hay que vigilar, entre otras muchas actividades como instaladores de gas, luz, agua, teléfonos, reparaciones en vía pública, etc.  A Villarejo se le pidió desde la seguridad del Estado cuando ya no era policía que hiciera alguno de esos trabajos usando como pantalla alguna de sus empresas. Y lo hizo. No sé si le pagaron abonando facturas emitidas por sus empresas por servicios distintos a los realmente prestados o lo hicieron con fondos reservados pero supongo que de alguna forma lo harían. También en ese tiempo, siendo un civil, el Estado, esa mala madrasta que devora a sus hijos, le pidió determinadas tareas de información (inteligencia), infiltrándose en grupos que traficaban con armas, drogas y mujeres, con identidad falsa, con lo que si era descubierto habría desaparecido en cualquier país de África, América u Oriente Medio, muerto o encarcelado en cualquiera de las cárceles inmundas de cualquier país sin democracia ni derechos.

 

sede_CNI

 

Pasados diez años de su excedencia y dada su colaboración con el Estado, la Policía, siendo Corcuera ministro de Interior y Carlos Conde Duque director general, le pidió que reingresara, no para ocupar un puesto de Catálogo sino para seguir trabajando en ese mundo de la inteligencia contra grupos criminales organizados y mafias, con la condición de que percibiría el salario como inspector jefe, su categoría profesional, y seguiría dedicado a sus negocios, que podían ser utilizados como tapaderas para el Estado que así no tenía que generar infraestructura de empresas en España o el extranjero en determinadas investigaciones.

Ya en ese tiempo el CNI (entonces CESID) no veía con buenos ojos esta actividad porque la inteligencia, la información, siempre ha sido competencia del servicio secreto desde su creación como CESED por el presidente del Gobierno almirante Luís Carrero Blanco, asesinado por ETA en circunstancias nunca bien aclaradas, que provocaron que el responsable de su seguridad y ministro de Interior, Arias Navarro, en vez de ser cesado lo sustituyera. En España se lee poco, pero hay libros con sólidos datos y documentos desclasificados sobre ese episodio de la historia de España que relatan las injerencias de la CIA en el asunto (y también por acción u omisión del CESED, luego CESID ahora CNI) que pudieron cambiar el rumbo de los acontecimientos políticos. Estaba en juego la posición española en la OTAN, las bases americanas en España y asuntos de interés geoestratégico mundial a las que parece que Carrero Blanco no era nada sensible, pretendiendo mantener el país en una posición que no coincidía con dichos intereses.

 

Cuando yo aparecí como objetivo de ETA en el comando que dirigía Urrusolo Sistiaga en Valencia en 1992, no lo supe por ningún conducto oficial sino que fue unos meses después por una filtración a una revista.

 

Volviendo a Villarejo, el asunto del fallo del procedimiento de análisis de información antiterrorista que no impidió el atentado que costó la vida a un compañero por el que nos conocimos se solventó, y a partir de entonces, con independencia de que se considerase de mayor o menor riesgo la información incautada a ETA se comenzó a avisar a quienes aparecían en alguna lista aunque no figurasen datos de su domicilio o cualquier otro que permitiera interpretar que se iba a cometer un atentado contra él. Cuando yo aparecí como objetivo de ETA en el comando que dirigía Urrusolo Sistiaga en Valencia en 1992, no lo supe por ningún conducto oficial sino que fue unos meses después por una filtración a una revista que informaba de varios dirigentes de dos sindicatos aparecidos en las listas de dicho comando; en las tres ocasiones posteriores en cambió sí recibí información telefónica del subdirector general Operativo, Pedro Diaz-Pintado, de que mi nombre estaba en listas de comandos de Madrid y Sevilla; posteriormente por escrito, a petición mía, el subdirector general Miguel Ángel Fernández-Chico me facilitó información sobre las cuatro listas en que aparecía, los miembros de ETA que conformaban los comandos, etc. Por lo tanto desde mi punto de vista la relación con el comisario Villarejo podía ser útil para mejorar determinadas prácticas en la Policía y así comenzó una relación de años tratando sobre asuntos profesionales.

 

 

CLOACAS DEL ESTADO, SUCIAS  Y LIMPIAS

 

Siempre he pensado que a veces hay determinados supuestos en que para servir al Estado, al interés general, puede ser necesario incumplir la ley. Si hay un grupo terrorista residente en otro país que cruza la frontera mata y escapa, es ilegal pero legítimo que policías españoles crucen la frontera simulando hacer turismo para seguirlos, identificarlos y controlarlos, evitando atentados y muertes en nuestro país. También he pensado siempre que solo la defensa del interés general justifica esas prácticas al margen de la ley, y que si al llevarlas a cabo se pretende un interés personal entonces desaparece el interés del Estado y se pasa a cometer un delito que debe ser perseguido. Nadie, y me han contado de todo, ha podido demostrarme todavía que Villarejo haya incurrido en lo segundo cuando hacia lo primero.  Es evidente que no es una “hermanita de la caridad” porque no habría podido sobrevivir en ese mundo de intrigas, dinero, poder e intereses para los que una vida no vale nada; pero con lo que sé lo considero un fiel servidor del Estado que ha actuado con riesgo para su vida y al que el Estado, como tantas otras veces con otras personas servidores públicos, ha traicionado. Siempre se añoró en la Policía española la frase de la primea ministra británica M. Thatcher: “yo disparé”, cuando miembros de su policía acribillaron en Gibraltar a varios miembros del IRA que iban desarmados. La Policía española los controló desde que entraron por Francia, sus coches, hoteles, contactos y se informó de que no llevaban armas, pese a lo cual el gobierno británico decidió que no debían ser detenidos sino muertos. Y su máximo responsable político asumió la responsabilidad, cosa que jamás ha hecho en España ningún político ni mando del Ejército o la Policía.

 

En Cataluña el trabajo de Villarejo supuso captar como “fuente” de información, testigo en la terminología jurídica, para la Policía y la justicia a Victoria Álvarez y a Javier de la Rosa, conocedores del entramado mafioso de la familia Pujol.

 

Villarejo ha actuado fuera y dentro de España durante sus años de excedencia y después de volver al Cuerpo infiltrándose e infiltrando personas, captando fuentes en ETA, terrorismo yihadista, traficantes de armas o tramas de corrupción política en Cataluña, Madrid, Marbella y otros muchos lugares, siguiendo órdenes de los mandos políticos y policiales. Y siempre ha tenido actuando contra él al CNI, celoso de mantener en exclusiva sus competencias dentro y fuera de España como no tiene ningún otro servicio secreto del mundo, que le concede una impunidad absoluta por falta de control y que ha visto siempre a Villarejo como un enemigo.

 

En Cataluña el trabajo de Villarejo supuso captar como “fuente” de información, testigo en la terminología jurídica, para la Policía y la justicia a Victoria Álvarez y a Javier de la Rosa, conocedores del entramado mafioso de la familia Pujol; lo hizo usando una identidad operativa facilitada por la secretaria de Estado y consiguió una excelente labor de infiltración policial, que nada tiene que ver con otras prácticas de la ilegal “operación Cataluña” en la que quieren implicarlo. Convencer a testigos que saben de los delitos cometidos es una cosa, legal y necesaria, y grabar ilegalmente al ministro, difundirlo o elaborar el engendro del informe PISA como han hecho otros es cosa distinta que nada tienen que ver. Esas prácticas ilegales pueden haber sido llevadas a cabo por algunos elementos de los que ahora son testigos de cargo (falsos) contra Villarejo. Confío que el tiempo y las instrucciones judiciales arrojen luz sobre el particular.

 

 

Villarejo

 

 

LA ALARGADA SOMBRA DEL CNI

 

Aunque Villarejo estuvo siempre enfrentado con el CNI por hacerles la competencia, el nombramiento de Marcelino Martín-Blas como jefe de Asuntos Internos y enlace con el CNI engrosó su lista de enemigos.  Para entonces Villarejo había incrementado notablemente su patrimonio merced a una recalificación de terrenos de su propiedad en Córdoba, siendo alcaldesa Rosa Aguilar, donde tenía planeado erigir un parque de ocio, y había sido ascendido a comisario.

 

En una investigación sobre la mafia china de Gao Ping conocida como “caso Emperador” llevada a cabo por Asuntos Internos, se incluyó como sospechoso a un hijo de Villarejo y a su gran amigo, hoy también detenido y entonces comisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca. El hijo de Villarejo ni fue llamado a declarar, porque había miles de pequeños empresarios que adquirían productos a los almacenes chinos y no había ninguna prueba ni indicio de que su relación fuese distinta a la de esos miles de pequeños comerciantes, y Carlos Salamanca, tras un calvario de filtraciones falsas a los medios de comunicación, fue declarado inocente en sentencia que criticaba duramente las suposiciones y conjeturas sin prueba ni fundamento de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín-Blas Aranda. El procedimiento, a instancias del fiscal Grinda, sobre el que Villarejo había realizado alguna denuncia ante la fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, siguió contra otros varios  policías, un comisario, inspector jefe, inspector, subinspector y un policía local, hasta celebrar juicio oral en el que el fiscal Grinda pidió penas de varios años de cárcel y el tribunal sentenció la inocencia de todos ellos por falta de pruebas sobre las acusaciones que se les realizaban.

 

Los terroristas habían solicitado dos millones de dólares de rescate, que cuando dicha petición llegó a vicepresidencia del Gobierno en España ya se había incrementado a seis millones, que fueron los que se entregaron por España procedentes de fondos reservados

 

El diario El Mundo, siendo su director Casimiro García-Abadillo, colgó en su web durante dos horas acta notarial y archivo de voz de una conversación entre una agente del CNI y el número dos de la trama de Gao Ping, ciudadano chino que resultó absuelto, en el que la agente del CNI, citada con el sospechoso entonces imputado en un restaurante cerrado, trataba de convencerlo de que prestara declaración en el caso. Además había un informe de ubicación del teléfono de la espía en aquel momento y en días posteriores que la situaba en la sede del CNI, y como su voz era tan nítida que se identificaba perfectamente y eso podía ser un delito (lo es difundir datos que pueden llevar a identificar a un agente del CNI), posiblemente por ello dicha noticia desapareció de la web. Qué hacia el CNI en un asunto de delincuencia común investigado por la Policía ni se ha explicado ni se explicará. El CNI no da cuenta de sus actos a nadie y nadie controla sus actividades.

 

Extravío de 4 millones de dólares

 

El CNI aparece después en el caso “pequeño Nicolás”, también relacionado con Villarejo (con informe presuntamente pericial de la Unidad de Asuntos Internos de Martín-Blas adjudicando a Villarejo la identidad de un jubilado, extremo que resultó ser falso). Pero donde se desatan las hostilidades definitivamente es porque durante el secuestro del periodista de El Mundo Javier Espinosa y del fotógrafo Ricardo García por terroristas en Siria, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, Villarejo entregó una minuta registrada en la DAO que dirigía Eugenio Pino señalando que según fuentes dignas de crédito, los terroristas habían solicitado dos millones de dólares de rescate, que cuando dicha petición llegó a vicepresidencia del Gobierno en España ya se había incrementado a seis millones, que fueron los que se entregaron por España procedentes de fondos reservados, y cuando llegaron a manos de los secuestradores solo lo hicieron dos, habiéndose “extraviado” cuatro millones de dólares por el camino en manos de agentes del CNI. En un país serio esta minuta debería haber provocado que por servicios ajenos al CNI se investigase el asunto, pero esos servicios de control de quienes controlan no existen en este país, que se aplica más para encarcelar al denunciante de estas prácticas o en atacar a denunciantes de corrupción que a esclarecer los hechos denunciados.

 

Después ha venido el caso de la doctora Pinto. Un anónimo al comisario de Chamartín  dirigiendo hacia la identificación de Villarejo que en mi opinión fue elaborado y remitido por expertos en la materia, como ahora, en esta operación “Tándem” con la detención de Villarejo, su esposa y su amigo el comisario principal Carlos Salamanca, también un anónimo llegado a la fiscalía anticorrupción en abril pasado, que en mi opinión procede de los mismos expertos que lo remitieron al comisario de Chamartín. Motivo de otro artículo será el interés que ponen algunas fiscalías en investigar escritos anónimos cuando he sido testigo de numerosos informes documentados y firmados por mí en nombre de alguna organización sindical o contra corrupción que han sido rechazados con denuncias de prácticas corruptas de políticos, mandos policiales o empresarios bien relacionados.

 

En este último caso Villarejo tenía (espero que a buen recaudo, aunque Rajoy ya la ha oído), una grabación en la que dicha amiga del rey contaba que se había sentido amenazada por el director del CNI, general Félix Sanz Roldan, en una visita que le hizo a su residencia en Paris.

 

Juan_Carlos_Rey_Milans_1977

 

 

Protección de la bragueta real

 

Procede  recordar la actuación del CNI en diversas prácticas de protección del rey emérito para encubrir con dinero público sus relaciones con mujeres, ya sea Bárbara Rey, Corinna o cualquier otra para hacerse una idea de los métodos que usan. En este último caso Villarejo tenía (espero que a buen recaudo, aunque Rajoy ya la ha oído), una grabación en la que dicha amiga del rey contaba que se había sentido amenazada por el director del CNI, general Félix Sanz Roldan, en una visita que le hizo a su residencia en Paris. La última del CNI contra Villarejo es reciente. Estaba el comisario jubilado en Madrid en un restaurante donde come habitualmente cuando comprobó que había dos coches y dos motos con su conductores y dos parejas, en total ocho personas en evidente actitud de vigilancia sobre él, por lo que llamó a jefatura superior, siendo identificado por un coche policial cuatro agentes y las matrículas de los vehículos usados (más datos en este artículo  de julio pasado).

 

Algún amigo jubilado que ha trabajado muchos años en estos asuntos de inteligencia e información me aconseja no escribir del CNI ni del Rey actual o emérito; dice que eso no reporta ningún beneficio. Yo no pretendo beneficio. Creo que España es una democracia, aunque infectada de corrupción y prácticas indeseables, donde se puede y se debe ejercitar el derecho a la libertad de expresión al que no estoy dispuesto a renunciar a pesar de las querellas y expedientes sorteados. Y en el ejercicio de esa libertad digo que mientras no haya una sentencia con pruebas que yo pueda revisar y comprobar que no son un montaje o interpretaciones teledirigidas, confío en la inocencia de Villarejo, un servidor público que ha puesto en riesgo su vida muchas veces y ha salvado la de ciudadano/as españoles, y en la de Carlos Salamanca, por muy intensa y extensa que sea la campaña contra ellos desatada desde las más sucias cloacas del Estado, que siguen tan vírgenes como en los peores tiempos de la dictadura franquista.

 

Un país cuya historia oficial encumbra al jefe del Estado, hoy Rey emérito, por detener un intento de golpe de Estado el 23F-1981, sabiendo toda la clase política, periodística, policías, empresarios, militares y quienes tienen una mínima información que el Rey fue el instigador del movimiento para destituir a Adolfo Suárez, que el general Armada actuaba a sus órdenes, Milans del Bosch a las de Armada y Tejero a las de Milans convencido de que cumplía órdenes reales, no merece una sociedad mejor ni más limpia de corrupción que la que padecemos. Un país que para seguir manteniendo la verdad oficial que es mentira y lo sabe, retrasa la desclasificación de los documentos del 23F indefinidamente tiene un grave problema de solvencia moral, pues prefiere mantener una historia falsa a sabiendas de que lo es que enfrentarse a la verdad de los hechos. En este país hay que seguir reclamando libertad de expresión, controles de los poderes que no los tienen y justicia independiente, para acabar con prácticas corruptas heredadas de la dictadura que se siguen manteniendo tanto en las cloacas del Estado como en las alfombras del poder.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex  Secretario General del SUP.
Miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas

@sanchezfornet