Las pensiones y la insostenibilidad del Sistema

Era cuestión de tiempo. Los jubilados y pensionistas han salido a la calle para reivindicar justamente pensiones dignas al quedar enterados de mano del Gobierno de que la subida en 2018 será del 0,25%. Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Zaragoza… En pie de guerra. Bocina en mano, al menos. Las protestas han estallado y a nadie le debería sorprender. Una pérdida de poder adquisitivo ante la inflación y la variación del IPC (Índice de Precios al Consumo) no iba a mantener a tantas bocas calladas. Pero antes de lanzarse rápidamente como es costumbre sobre la yugular de quienes protestan o pretender subirse al carro por rédito electoral con anuncios de medidas efectistas e irrealizables que no engañarían ni a un niño de cinco años, echemos un vistazo de dónde venimos para poder atisbar la solución que, al margen de criterios específicos, el conjunto de los ciudadanos españoles sabe por dónde van.

Las protestas han estallado y a nadie le debería sorprender. Una pérdida de poder adquisitivo ante la inflación y la variación del IPC (Índice de Precios al Consumo) no iba a mantener a tantas bocas calladas.

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en pensiones en 2018 es de 8.904 millones de euros, en comparación con los 6.138 del año 2007, en el que empezó la Crisis. De estos, en 2018 la cifra alcanza los 1.047 euros de pensión media para los jubilados, respecto de los 766 en 2007. De la misma manera, en 2018 tenemos 5.883.810 pensiones de jubilación, en contraste con las 4.895.541 de 2007. A esto hay que sumar las pensiones por Incapacidad Permanente (948.857 -939 de pensión media-), Viudedad (2.359.665 -651 de pensión media-), Orfandad (337.848 -382 de pensión media-) y Favor Familiar (41.242 -540 de pensión media), configurando una Media Total de 9.527.422 pensionistas y 930 euros de pensión media. En cifras de Enero de 2018. Esta es la situación y esto es lo que hay que sostener. No obstante la realidad es que mientras las pensiones se han incrementado un 40% desde el estallido de la crisis, los sueldos de los trabajadores -en definitiva, quienes tienen que sostener el sistema- no ha ido a la par. Es más, ha sido inversamente proporcional, dado que ha ido decreciendo cada vez más, junto con el aumento de la precariedad laboral, la fuga de los jóvenes que llevan esa fuerza de trabajo a otros países y la dificultad de acceso al mercado laboral en unas condiciones ni siquiera óptimas, sino mínimamente viables. Esto y no otra cosa es lo que se esconde detrás de la protesta de los pensionistas, toda vez que la entrada en vigor del índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) configura la subida anual al 0,25% en caso de déficit de la Seguridad Social. Ya sabemos lo que espera. En todo caso el FMI nos ayuda con sus cálculos estimatorios, que auguran una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 30%.

La cosa se pone más dura aún si echamos cuenta a lo que advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE: que en 2050 España tendrá 76 personas de más de 65 años por cada 100 de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, escalas superadas tan sólo por Japón. Si esto ya deja literalmente helado a quien se asoma a ello, lo peor está por venir: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social prevé que el país tendrá que crecer en 30 años al 4,2% de Producto Interior Bruto para poder subir las pensiones al ritmo de la inflación, amortiguando así la pérdida de poder adquisitivo. Ahora crecemos al 3% y, para retorcer más el cuchillo, las previsiones elevan hasta un 50% el número de pensionistas para el año 2050. La conclusión es clara: el sistema actual de pensiones no es sostenible. Y, atendiendo a los datos y a las previsiones citadas, el futuro que nos espera es muy negro. Asumir esto es absolutamente necesario para poder encarar ese futuro con garantías de éxito. Y es lo que el Gobierno tiene que decirle a la ciudadanía. No los eslóganes cómodos y las medias verdades para evitar perder votos.

Los partidos políticos saben una cosa que jamás dirán en público. Y es que nunca, nunca, jamás de los jamases, van a tocar sus privilegios.

Es hora de exigir a los políticos que tomen medidas para solucionarlas fuera de los recortes en los aspectos más necesarios para que una sociedad pueda seguir evolucionando, la Educación y la Sanidad. La única forma realmente sensata de evitar el colapso que se avecina es proporcionar oportunidades de inversión, invertir a su vez en I+D+i, formar bien a nuestros jóvenes para que sean competitivos y facilitarles la entrada en un mercado laboral en el que hoy en día, me incluyo, es endiabladamente difícil acceder sin que te exploten los primeros y sangrantes años, garantizar la calidad y la estabilidad de estos empleos para que no vayan a buscarlo a otros lugares y meter mano, mando dura, en el conglomerado administrativo estatal para reducir órganos, trámites y procesos redundantes e innecesarios. Todo lo que vaya encaminado, y así parece que va a ser durante mucho tiempo, a sangrar a las personas con más y más impuestos para poder sostener un sistema inviable a la par que las clases pasivas aumentan sin cesar provocando a su vez que la edad de jubilación de las generaciones venideras se extienda mientras sus sueldos y su calidad de vida menguan, nos conducirá irremediablemente al desastre.

Los partidos políticos saben una cosa que jamás dirán en público. Y es que nunca, nunca, jamás de los jamases, van a tocar sus privilegios. Nunca van a arreglar de verdad una administración anquilosada, ineficiente, cara y deficitaria, porque saben que la Administración es un apéndice de ellos mismos y que reducirla, siquiera un mínimo, implica para ellos pérdida de poder y de estómagos agradecidos que mueven durante la época de las elecciones cual caciquismo decimonónico. Seguirán recortando donde nunca se tiene que recortar, seguirán sin crear soluciones viables para el mercado laboral y seguirán haciendo recaer sobre la población el coste social de sus políticas. Mientras en otros lugares se premia la iniciativa y la imaginación, aquí se la castiga. Donde se facilita el emprendimiento, aquí se lo dificulta. Donde se protegen y amplían los derechos, aquí se los secuestra. No estoy haciendo un alegato gratuito. Sería lo fácil. Propongo una solución. Si no ampliamos la población activa y facilitamos que esta tenga un número y un nivel de vida lo suficientemente generoso como para poder desplazar la carga impositiva sobre un porcentaje mayor de la población en vez de apretar de sobremanera a grupos determinados o a rentas determinadas asfixiando las economías familiares y desincentivando la generación de capital y de puestos de trabajo, no podremos sostener el sistema de pensiones. Es así de fácil. Y hoy en día, con el espacio de libre circulación de trabajadores, capitales, mercancías y servicios en la Unión Europea, la tradicional receta envenenada de “subir los impuestos a los más ricos”  se antoja ridícula en un sistema fiscal progresivo para reconfigurarlo como confiscatorio. Porque una vez que los “ricos” vuelen, esos impuestos duros habrán de recaer sobre grupos con rentas más bajas, y ahí acabará todo. Es lo que los pensionistas deben exigir a la clase política, junto con todos y cada uno de los españoles.

Necesitamos más emprendedores y menos políticos.