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Las preocupaciones de la gente

Victor Arrogante
Victor Arrogante

Cuatro son los principales problemas que existen en España, apreciados por la ciudadanía: el paro, la corrupción y el fraude, los problemas económicos, los políticos en general, los partidos y la política, según el Barómetro de enero del CIS. Quienes estarían obligados a dar respuestas a las preocupaciones de la gente, ofreciendo solución a sus problemas, representan el cuarto problema. Todo parece un despropósito.

El problema de la violencia terrorista de ETA, que tanto parece importarle al gobierno en funciones, solo es un problema para el 0,1% de los encuestados, frente al terrorismo internacional que lo es para el 5,0% y solo el 1,9% dice que le afecta personalmente. Sin embargo las denuncias por «enaltecimiento del terrorismo» se han multiplicado por 10 desde que ETA dejó las armas, parece que algunos necesitan a ETA para hacer su política. El Gobierno ha resucitado el terrorismo como arma política, ante un eventual pacto de izquierdas, lo que es una de las vergüenzas.

El 2,6%, considera que los nacionalismos son un problema en España y sólo el 1,0% se siente afectado por ello. Analizando estos datos, es cuando se percibe cuán lejos se encuentra el gobierno de la gente, de sus problemas y ansiedades. No podemos confiar en quienes hacen política partidista, diciendo que lo hacen por interés general, cuando es solo por su beneficio.

Siguiendo analizando los datos del CIS, para el 61,9% la situación económica es «mala» o «muy mala»; la considera buena el 3,6% y muy buena el 0,2% de la población. No hay esperanza ni ilusión en el futuro. Para el 40,3% la situación económica el próximo año va a ser igual a la actual y el 11,9% considera que estará todavía peor. Si vemos cual es la valoración sobre la situación política, es para entristecerse. El 69,9% califica la situación política como «mala» o «muy mala», sin esperanzas de que mejore; el 33,2% considera que todo seguirá igual y el 17,2% que todo irá a peor.

Analizando otras encuestas y sondeos, en la de Simple Lógica, realizada en estos últimos días de febrero, en cuanto a la aprobación de la acción política, a Albert Rivera le aprueba el 51,1%. Mariano Rajoy, suspende para el 69,8%, a Pablo Iglesias le suspende el 66,7% y al líder del PSOE, Pedro Sánchez el 66,3%. Alberto Garzón sale aprobado para el 50,2%. Desesperanzadores datos. Rajoy debe abandonar su ansia de poder, por el bien de la ciudadanía. El resto de los líderes, en cuanto sangre fresca que son, deben cambiar el estilo anquilosado de hacer política, acercándose al pueblo y dar respuesta a sus necesidades.

Sobre intención de voto, la encuesta nos representa el futuro inmediato político, en el supuesto (cada vez más cierto) de que se celebren nuevas elecciones generales. El PP desciende hasta el 26,9%, -1,8% sobre sus resultados en las pasadas elecciones. El porcentaje de voto estimado para PSOE es del  21,7% (-0,3%). La tercera fuerza es Podemos, con el  20,3% (-0,4%). Ciudadanos obtendría el 18,9% de los votos, siendo el partido que más se beneficia, por los cinco puntos que le otorgan por encima de sus resultados del 20-D. También Izquierda Unida ascendería en más de un punto, con igual número de escaños. En definitiva, un escenario incierto muy parecido al actual.

[blockquote style=»1″]Los problemas ciudadanos no son ni el terrorismo de ETA ni el soberanismo catalán o vasco, como hemos conocido por el CIS. Los problemas de la gente son el paro, la situación económica y social, la corrupción, los políticos corruptos, la política alejada de la gente, la sanidad o la educación.[/blockquote]

Es mi opinión, que una situación, en la que el campo se expande y no otorga mayoría absoluta a ninguna fuerza política, favorece la democracia. Solo caben pactos y acuerdos entre afines o entre quienes coincidan en sus programas políticos e ideológicos, con generosidad y responsabilidad. Con determinados partidos, como con el PP, representante de la corrupción económica, no caben ni pactos de Estado ni acuerdos de gobierno ni manos tendidas que vengan a legitimar sus políticas represivas, regresivas y antisociales que le identifican.

Los resultados del 20-D fueron los que son y cada cual los analiza en su beneficio y provecho, como hace Mariano Rajoy, que no para de decir que es el partido más votado (que es cierto) y que por tanto tiene la legitimidad de formar gobierno, que no es así, en un Sistema parlamentario como el nuestro. El bloque ideológico progresista y de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) obtuvo 11.643.375 votos (45,9%) y 161 escaños. El bloque ideológico de la derecha (Partido Popular y Ciudadanos) obtuvo 10.716.293 votos (42,3%) y el Sistema le otorga 163 diputados. Si contamos con los votos obtenidos por otras fuerzas de la izquierda nacionalista, aportarían cerca de otro millón de votos más. El Congreso es progresista y de izquierdas.

Cuando la indecencia política se hizo carne, habitó en Rajoy, que pretende deslegitimar a quién está intentando formar una mayoría que le permita formar gobierno, por mandato del jefe del Estado. Rajoy reivindica su victoria y el derecho del PP a presidir el nuevo gobierno, cuando fue el propio Mariano, quien negó la posibilidad de presentarse a la investidura. La viñeta de Manel Fontdevila en eldiario.es identifica al personaje en un cartón de bingo como «cobarde, poco preparado, caradura, torpe, inepto y mal educado». Le falta marcar la casilla de corrupto. Y es la corrupción la que ha obligado a Esperanza Aguirre a dimitir como presidenta del PP de Madrid y le muestra el camino a seguir, aunque «él mejor que nadie sabe lo que tiene que hacer».

Izquierda Unida ha presentado sus propuestas programáticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Proponen una reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal; un Plan de Emergencia Social y de Empleo; elevar el SMI, recuperar la edad de jubilación a los 65 años, derogación de las reformas laborales aprobadas por los últimos gobiernos; modificación del artículo 135 de la Constitución; creación de una banca pública a partir de las entidades bancarias nacionalizadas; derogación de la LOMCE, de la ‘Ley mordaza’ y supresión del artículo 315.3 del Código Penal sobre el derecho de huelga; aprobación de un Plan de choque contra la violencia de género, impulsar la autonomía municipal y reformar el sistema electoral. También propone crear una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos. Coherencia ideológica y cercanía a los problemas reales.

El PSOE tiene sobre la mesa una propuesta de gobierno a favor del empleo y la recuperación económica, un pacto por la educación, la ciencia y la cultura, medidas contra la desigualdad, contra la corrupción, avance en profundización de la democracia, diversas medidas sociales y reforma de la Constitución. También Podemos ha presentado su Ley 25 de Emergencia social, sobre tres ejes: combatir la emergencia energética, garantizar el derecho a la vivienda y garantizar el derecho de acceso universal a la sanidad. Por lo que sabemos está preparando una propuesta de gobierno que presentará al PSOE para la investidura.

[blockquote style=»1″]Todas las propuestas son válidas, confluyentes y negociables, para dar respuesta a los problemas y preocupaciones ciudadanas. Pocas excusas quedan para no llegar a un pacto. Los partidos, que representan la mayoría de progreso y de izquierdas, tienen la obligación de llegar a un acuerdo.[/blockquote]

La plataforma ciudadana No Somos Delito envió una carta a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en la que les plantean sus reivindicaciones «para alcanzar el libre ejercicio de los derechos civiles»: derogación «íntegra e inmediata» de la Ley de Seguridad Ciudadana, la última reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el pacto antiterrorista. También proponen que se firme un pacto de Estado para la defensa de las libertades y los derechos civiles; y se conceda una amnistía social para las personas sancionadas por defender sus derechos.

Todas las propuestas son válidas, confluyentes y negociables, para dar respuesta a los problemas y preocupaciones ciudadanas. Pocas excusas quedan para no llegar a un pacto. Los partidos, que representan la mayoría de progreso y de izquierdas, tienen la obligación de llegar a un acuerdo, que permita la formación de un gobierno de progreso, por la izquierda −como alternativa a un gobierno de derechas−, en el que la decencia sea su estandarte, que dignifique a la política y a los políticos.

La cuestión no es resolver la formación del gobierno a golpe de propuestas de sillones en el consejo de ministros, aunque hay que tenerlo en cuenta. Además hay que hacer propuestas de medidas políticas, cediendo las que no tengan la condición de prioritarias y haciéndose fuerte en las que signifique identidad ideológica y las innegociables por su dimensión social. Veremos como termina este capítulo de la historia. Espero que por el bien general sea sin el PP.

Siempre he defendido −y sigo en el empeño− la nobleza de la política y de las personas que dedican su tiempo y su vida, de buena fe, a defender ideas y acometer acciones por el beneficio del pueblo, desde un sindicato, partido político, asociación o movimiento social. No hay nada más noble que trabajar por la libertad, la democracia, la justicia social, la solidaridad y el bienestar conciudadano. No para gestionar mejor el capitalismo, que nos conduce a la miseria, sino para superarlo.

Los problemas ciudadanos no son ni el terrorismo de ETA ni el soberanismo catalán o vasco, como hemos conocido por el CIS. Los problemas de la gente son el paro, la situación económica y social, la corrupción, los políticos corruptos, la política alejada de la gente, la sanidad o la educación. Las nuevas generaciones de políticos, tienen que acercarse a las preocupaciones de la gente y entre todos dar las respuestas necesarias para la solución de los problemas sociales; por decencia democrática.