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Las torres de Punta Umbría “William Martin”

Admite Hdez. Cansino que desde el punto de vista judicial y/o administrativo el caso no está definitivamente cerrado.

 

William Martin ha pasado a la historia como el hombre que nunca existió. Cuentan que fue un indigente inglés, entre otras muchas versiones sin confirmar, que antes de morir decidió donar su cuerpo. El cadáver, sea cual fuere, sería utilizado por el ejército de su país durante la Segunda Guerra Mundial para engañar a los alemanes. Al parecer, fue trasladado en submarino hasta la costa de Punta Umbría (Huelva), donde lo rescató un grupo de pescadores locales y de Lepe. Todo en él era falso. Su nombre, la documentación que le acreditaba como oficial de la armada británica, cartas familiares y unos supuestos correos con claves secretas en las que se aseguraba un inminente ataque de los aliados para invadir Grecia, cuando en realidad la incursión bélica se llevó a cabo en Sicilia, Decenas de reportajes se han hecho, algún que otro libro se ha escrito y hasta una película se rodó sobre el hombre que nunca existió.

Muchos años después, en la actualidad, William Martin es también el nombre de un proyecto urbanístico ideado en Punta Umbría, que a tenor de las vicisitudes que atraviesa nunca saldrá adelante. Al menos tal y como estaba concebido: dos torres de apartamentos de 19 plantas cada una y zonas de ocio, sobre una parcela de más de 30.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento gobernado por el PSOE, situada entre los depósitos de agua y el cuartel de la Guardia Civil, en la Avenida de Huelva.

La actuación fue adjudicada a la empresa Ríaumbría, y en realidad se trata de una iniciativa que sustituye a otra similar impulsada por la anterior corporación socialista, que finalmente desistió por las críticas recibidas y por la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Ese primer intento de urbanizar la parcela preveía principalmente cuatro torres de viviendas de 11 plantas.

 

JOSÉ CARLOS HDEZ. CANSINO: «UNA ABERRACIÓN URBANISTICA»


En ambos casos, la persona que ha sobresalido por mantener una férrea oposición a los dos proyectos es José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría entre 2003 y 2007 por el Partido Popular, del que se marchó, y ahora portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), de carácter independiente.

Hernández Cansino es abogado, buen abogado según el que suscribe, y ha conseguido a base de recursos, denuncias y de argumentos trufados de sentido común, que las actuaciones urbanísticas previstas en esa parcela no prosperaran. Sobre él han llovido las críticas y las amenazas. Ha tenido que sufrir la quema de su vehículo, y pese a ello ha mantenido el tipo.

Centrándonos en el proyecto de la dos torres de 19 plantas, Hernández Cansino, en declaraciones a Confidencial Andaluz, lo califica de “aberración urbanística”, lo que supone, dice, una vuelta “al modelo de los años 70”. Considera además que la adjudicación fue “un traje a medida” de la empresa beneficiada. Añade que con la venta del suelo el Ayuntamiento perdió 1,3 millones de euros al valorarse por debajo de una tasa anterior. Y sostiene que se cometió una supuesta irregularidad al no llevarse a cabo una desclasificación del terreno para modificar el tipo de vivienda que allí se iba a levantar.

La realidad actual, después de numerosas sentencias y resoluciones judiciales, es que el Ayuntamiento prácticamente ha arrojado la toalla en lo que concierne a las dos torres. Sin embargo, Ríaumbría, integrada por empresarios locales, algunos de ellos cercanos al PSOE, según Hernández Cansino, mantiene abierto un procedimiento para defender sus intereses como entidad adjudicataria, sin renunciar definitivamente al planteamiento inicial. La interpretación que de ello hace el ex alcalde es que en última instancia lo que se persigue es una compensación económica.

Admite Hernández Cansino que desde el punto de vista judicial y/o administrativo el caso no está definitivamente cerrado. Y es que además del interés de la empresa por mantener vivo el asunto, existe un recurso contencioso presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, presuntamente por contravenir el proyecto la Ley de Costas. Cansino ha presentado también una denuncia por ese mismo motivo y el desenlace aún no se ha producido.

En cualquier caso y al margen de los flecos legales, el letrado mantiene que el proyecto, tal y como estaba inicialmente previsto es “inviable”. Y asegura que si el Ayuntamiento, como ha dicho en ocasiones, quiere partir de cero tendría que conciliar posturas con la empresa y que ésta renuncie a futuros pleitos.

La propuesta de UPU para la parcela de la polémica pasa por ubicar en la zona comercios e instalaciones de ocio, y complementarla con un uso hotelero. Y es que como muchos vecinos de Punta Umbría, Hernández Cansino ve que los clientes de los nuevos hoteles del grupo Berceló que se construyeron en su día, no se integran con la localidad. “Con las pulseritas -subraya- tienen de todo”. Indica que los hoteles, incluso en invierno, tienen vida, “una vida que no se traslada al pueblo”

 

VUELVE EL “FANTASMA” DE LOS 13 HOTELES

El ex alcalde de Punta Umbría José Carlos Hernández Cansino, se dispone a librar otra batalla judicial si finalmente prospera una antigua reclamación del empresario Alfredo González Quintero, promotor a través de la firma Punta Umbría Turística de una macrourbanización que incluía la construcción de hasta trece hoteles en terrenos de propiedad municipal. El proyecto, fruto de diferentes convenios,  comenzó a fraguarse en 1999 y quedó descartado en 2004 por los tribunales.

Hernández Cansino cree que tras haberlo intentado sin éxito en 2016, es ahora, después de que en noviembre González Quintero abandonara Punta Umbría Turística con la venta de sus acciones al grupo Barceló, cuando aspira finalmente a resucitar la actuación urbanística, por entender que todavía legalmente puede hacerlo y está en su derecho. La idea del empresario pasaría por construir un gran complejo turístico en la parcela del cámping de la zona de La Bota, explotado de forma privada a través de una concesión administrativa. Si el Ayuntamiento no accede, la indemnización a reclamar ascendería a los 70 millones de euros, resalta el portavoz de UPU.

Afirma el ex alcalde que ha sido ya sondeado por emisarios del empresario y “me han preguntado qué haría yo. Y evidentemente digo que no tiene derechos adquiridos y que me opondré. Los tribunales ya concluyeron que no se puede construir en zonas de especial protección, y hay que tener en cuenta que en 2016 el Pleno del Ayuntamiento dijo que no procedía pagar indemnización alguna por unanimidad, incluida la actual alcaldesa, y ahora no podría volverse atrás”.