¿Ley de Memoria o de dictadura histórica?
Un texto denso en el que toda la bilis, revanchismo y mala leche de quienes se identifican con un bando de la última guerra civil explota en grado hiperbólico.
Els País
Así es como debería definirse la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario del PSOE del 22 de diciembre de 2017, ‘ley de dictadura histórica’. Si se atiende a su contenido literal primero y a su alcance legal y de facto después. Si ya de por sí la ley anterior estaba impulsada por un sectarismo atroz, aunque encapuchado con una aparente justificación noble que implicara que se pueda enterrar dignamente a los asesinados, esta rebasa todo cómputo de lucidez alegable para mostrarse como una norma que poco o nada tendría que envidiar a la emanada de la dictadura franquista para apuntalar el mito de “la unidad de destino en lo universal”. Son 31 páginas, 50 artículos, 12 Disposiciones Adicionales, una Derogatoria y 3 finales. Un texto denso en el que toda la bilis, revanchismo y mala leche de quienes se identifican con un bando de la última guerra civil explota en grado hiperbólico. Un texto, además, que lejos de todos esos buenos deseos propagandísticos de abrazos, arcoíris y florecitas al son del compás del Himno de Riego, bandera tricolor en mano y bajo la atenta mirada del retrato de Manuel Azaña pintado por Enrique Segura, es una muestra de la necesidad que tiene el PSOE, junto con los comunistas de PODEMOS, Izquierda Unida, los Nacionalistas y otros grupos varios, de imponer su visión de la Historia y anular todas las demás.
Una cosa quiero dejar clara: todas las medidas encaminadas al conocimiento científico (esto es, sin propaganda política) de nuestra última guerra civil (que hemos tenido más) y a la localización, exhumación de fosas y digno entierro de los muertos no sólo es algo recomendable, sino una exigencia y un deber que el Estado, sea cual sea el color del gobierno, tiene para con la sociedad española. No obstante este noble propósito, que es empleado vilmente en esta y otras leyes para meter por la puerta de atrás preceptos abiertamente inconstitucionales, no debe jamás ser el medio para otorgar legitimidad a las visiones que tienen en la libertad elemental su principal enemigo. Tal es lo que sucede con los grupos arriba mencionados, que se consideran herederos del Frente Popular y lo identifican a él -y, por tanto, a sus propias ideas- con la República, con la Democracia y con la “Libertad” (la suya, claro). Es en esta clave y no en otra con la que hay que cotejar el texto de la proposición de Ley, que cuando habla de “Memoria Democrática” y de “reconciliación”, lo que quiere decir en realidad es “mi visión de la Historia” y “eliminación de las ideas discrepantes con este dogma”. Hay que saber qué significan las palabras.
No es baladí el hecho de que se quiera fijar como punto de inicio del cómputo la fecha de la sublevación militar. Antes no les interesa.
Vamos por partes. Cuando la proposición de ley, en su Exposición de Motivos, página 2, habla de los que se comprometieron y dieron su vida por la democracia y las libertades, se refiere a los partidos políticos y sindicatos que practicaron el gansterismo indiscriminado, las huelgas salvajes, las ocupaciones de tierras, la quema de iglesias, las sublevaciones contra la República misma y el asesinato de los rivales. Antes y durante la guerra. No es baladí el hecho de que se quiera fijar como punto de inicio del cómputo la fecha de la sublevación militar. Antes no les interesa, porque eso da al traste sin remisión con la propaganda que durante la contienda sostuvieron y que sus historiadores subvencionados han propalado en las universidades públicas españolas. Según ellos, la república idílica fue víctima de un golpe de estado orquestado por los oligarcas, los terratenientes, los militares reaccionarios y los curas. El pueblo se defendió como pudo, pero perdió. Ganaron los malos, España vivió bajo una tiranía 39 años y ahora hay que ganar en los Parlamentos lo que se perdió en el campo de batalla. La baja calidad de la Educación Pública Española hará el resto por aquellos que no han cogido en su vida un libro de Historia, y esta versión facilona y zafia entrará con facilidad. Son múltiples las alusiones. Lean, lean. Pero cuando terminen hagan el favor de investigar un poco y cerciorarse de hechos avalados por datos incontrovertibles.
El PSOE fue un partido terrorista de ideología marxista (la más asesina de cuantas ha dado la humanidad y la productora de los regímenes político más despiadados y económicamente ineficaces) que sólo apoyó la República para sus propios fines y que se sublevó contra ella en 1934 cuando perdió las elecciones en 1933, dando lugar a una guerra civil en Asturias y asesinando a policías y civiles en el transcurso de la misma. Fue un partido que organizó checas, esto es, centros de tortura y de asesinato de opositores. Fue también el partido que colocó dos Presidentes del Gobierno durante el Frente Popular en guerra que fueron responsables de asesinatos, recorte de libertades, expropiaciones y de que el “Oro de Moscú” se quedara en Moscú, Francisco Largo Caballero (“el Lenin español”) y Juan Negrín. Fueron unos de los principales artífices, junto con su amigos los republicanos jacobinos (Azaña y cía) que materializaron el fraude electoral que aupó al Frente Popular al Gobierno. Fueron los responsables de organizar policías políticas durante la misma etapa republicana pre-bélica, una de las cuales liquidó al líder de la oposición, José Clavo Sotelo. El mismo Frente Popular, vean, ahogó la ya de por sí precaria independencia de los Tribunales de Justicia, metió en la cárcel a la posición, censuró la prensa y secuestró los diarios que decían cosas que no le gustaban, y planeaba la disolución de las formaciones políticas no afines, hecho que se consumó una vez iniciadas las hostilidades. Y lo peor de todo, fue el artífice la peor matanza de la guerra civil, la Matanza de Paracuellos, y de la creación del SIM, el Servicio de Información Militar, impulsado por el socialista Indalecio Prieto, entonces Ministro de Defensa. Una policía política para descubrir y asesinar a los opositores, en la línea del NKVD soviético y de las SS alemana.
Lo peor viene después, con la judicialización de Historia, que implica que lo que es y no es Historia lo decide el Estado, el Partido que gobierna, y no los Historiadores, los científicos ni los profesionales acreditados.
Que el PSOE, un partido que abandonó sabiamente el marxismo y toda la parafernalia revolucionaria durante su XXVIII Congreso en mayo de 1979 y que ha gobernado democráticamente el país durante tanto tiempo, se identifique con esto, y considere a estas personas defensores de la libertad, es indignante. Y peligroso. Que lo hagan sindicatos como la CNT, el SAT y formaciones políticas que abiertamente admiran a asesinos como Lenin o el Che Guevara, véase PODEMOS o Izquierda Unida, entra dentro de lo asumible, porque llevan toda la vida igual. Ahora vamos a la propuesta de ley. Vamos a quedarnos pálidos con lo que se considera víctima en el artículo 2, con la Comisión de la Verdad del artículo 6, con el control estatal en el artículo 10 y un largo etcétera. Lo peor viene después, con la judicialización de Historia, que implica que lo que es y no es Historia lo decide el Estado, el Partido que gobierna, y no los Historiadores, los científicos ni los profesionales acreditados. Ni siquiera el ciudadano de a pie, tenga o no razón. Mucho más lejos se va con la eliminación de los símbolos de la guerra civil y del franquismo indiscriminadamente (artículo 27), al margen de que sean un pedazo de nuestra Historia que debe ser conservado precisamente por ello, desprovisto de su contenido político. Imagino que después de esto quitarán el busto de Tomás Zumalacárregui, caudillo carlista, en su Ormáiztegui natal, por defensor del Antiguo Régimen, requiriéndose para ello una nueva ley de Memoria Democrática para las Guerras Carlistas. A ver quién mató más.
Finalizo con esto y que el lector juzgue como considere apropiado. En las aulas tendrá que darse obligatoriamente esta versión de la Historia (artículo 32). Para que los niños desde chiquititos se vayan empapando. Los miembros del Ejército de Stalin en España, ese activista por los Derechos Humanos, las Brigadas Internacionales, recibirán la nacionalidad española. Por defender la democracia (artículo 37). Los de la Legión Cóndor alemana y el CTV italiano se quedan fuera. El artículo 40 creará un Consejo de Memoria vinculado al Poder Judicial, con el propósito de que esta visión politizada de la Historia sea, como se ha dicho, efectivamente judicializada y pueda imponerse por medio de dichos mecanismos legales. Lo que entronca con un régimen sancionador disparatado, sito en el Título IV de la proposición, tan amplio que en el fondo cualquiera que “haga” o “diga” algo en contra de la “verdad” que impone el texto legal será castigado. Que esa es el objetivo que impulsa esta proto-ley, castigar y saciar la sed de venganza de gente que ni vivió la guerra. Vayamos al punto 1 de la Disposición Adicional Primera:
Serán declaradas ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo.
Siendo justos, habría que ilegalizar también a todas las asociaciones y grupos que hagan apología del comunismo, el socialismo, el anarquismo, el jacobinismo, el nacionalismo y el separatismo.
Dado que esto proviene de quienes consideran “fascistas” a todo aquél que no piense como ellos, tenemos una idea aproximada de por dónde van los tiros. Siendo justos, habría que ilegalizar también a todas las asociaciones y grupos que hagan apología del comunismo, el socialismo, el anarquismo, el jacobinismo, el nacionalismo y el separatismo. Que bien se mancharon las manos de sangre durante la guerra y después. Que le pregunten, si no, a Santiago Carrillo. Y por si no fuera suficiente, todo esto no puede estar “atado y bien atado” sin la correspondiente reforma del Código Penal, particularmente en sus artículos 510 y 320. Se crea un 510 bis para sancionar con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses “fomenten” el odio y la discriminación contra las víctimas de la guerra civil, lo que debe ser entendido a tenor de lo que sanciona después, esto es, la elaboración y difusión de cualquier material idóneo para lo anterior, de forma directa o indirecta. Esto significa que dicho precepto legal abre la puerta a prohibir judicialmente cualquier material o comentario que ponga en cuestión la visión que tienen los herederos del Frente Popular, vehiculándola con el fomento del odio. La letra b) del punto 1 del artículo merece citarse en su integridad:
Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales.
De la misma manera que las letras a) y b) del punto 2, que establece la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses para, entre otros:
- a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas a las que se refiere el apartado anterior por su condición como tales, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas mencionadas por su condición como tales.
- b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución.
El punto 4 estipula además “que se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia”, lo que se completa en el punto 5 con la destrucción por orden judicial de todos los soportes, libros, archivos o medios empleados este delito. Y para finalizar, el artículo 320 bis, para asegurarse de atar bien corto a los funcionarios potencialmente rebeldes:
La autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses y con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Esto no es ni justificar el Franquismo ni ser un fascista. Es explicar la verdad.
Toda una aberración legal para impedir la libertad de expresión, de investigación, de información y de pensamiento, una una sobre-punidad draconiana que si se asemeja a algo es al franquismo. Todo sea para impedir que se diga la verdad: el la sublevación militar no se produjo ni para acabar con la República ni con los avances sociales -aunque el resultado de la misma así lo acabase haciendo- sino debido a la aniquilación de la democracia llevada a cabo por el Frente Popular y por los partidos que lo integraban, entre ellos el PSOE, la inestabilidad social, los asesinatos políticos y la situación prerrevolucionaria y de colapso que vivió el país durante la primavera de 1936. Esto no es ni justificar el Franquismo ni ser un fascista. Es explicar la verdad. Y lo hago ahora que mientras esta proposición de ley no sea aprobada aún puedo hacerlo. Porque si se hace, se acabó la libertad para hablar y para escribir.
Los ciudadanos debemos oponernos con uñas y dientes a esta ley, antes de que sea tarde. Mirad Polonia. Ahí es a dónde vamos. La Historia es para los historiadores, no para los políticos.