Confidencial Andaluz

Llega al Juzgado el vertido de la mina La Zarza

Llega al Juzgado el vertido de la mina La Zarza
14:44 | 05 de agosto, 2017
Pepe Fdez

Pepe Fernández*

Han pasado dos meses y medio exactos o si se prefiere setenta y nueve días desde la rotura de un tapón – según Medio Ambiente–  en una vieja galería de la Mina La Zarza, localizada en el término municipal de Calañas, en la provincia de Huelva. Aquel accidente provocó que cientos de miles de metros cúbicos de agua contaminada con metales pesados acabase dañando la vida en el rio Odiel y desembocando sus restos en el Océano Atlántico.

El suceso de mediados de mayo no levantó especialmente la sensibilidad de la sociedad española tan preocupada por la preservación medioambiental, quizás porque no mereció portadas y grandes titulares informativos; fue un accidente más sobre el que un silencio se extendió de forma incomprensible, máxime en una provincia especialmente expuesta a la amenaza de la contaminación y las barrabasadas medioambientales provocada por la mano del hombre. Sin olvidar la ubicación cercana del Parque Nacional de Doñana con su pre parque. Sin duda los más alarmados y preocupados fueron, como siempre, los propios vecinos de la comarca y los onubenses en general.

La Junta de Andalucía, que posee la mayor parte de las competencias en materia de minas, así como de la política medioambiental desde la Consejería que dirige el onubense Pepe Fiscal, inició tras el accidente el consiguiente trámite burocrático para determinar las responsabilidades a que hubiese lugar. Conviene también recordar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decidió en su día una apuesta firme (cogida con alfileres) por el sector de la minería en nuestra región. De hecho, tanto las minas de Alquife como las de Aznalcóllar, han sido objeto de atención gubernamental en estos años, especialmente en periodo electoral donde la Sra Díaz prometía reaperturas inminentes de minas que, de momento, siguen paradas y sin los cientos y cientos de puestos de trabajo que iban a crearse. Electoralismo en estado puro, visto lo visto.

 

La Junta, dos meses de silencio.

 

Dos meses y medio después de lo sucedido en Mina La Zarza, la opinión pública andaluza y particularmente la onubense, no tienen noticia cierta de por qué ocurrió ese grave vertido tóxico y venenoso, por qué no se evitó, quiénes son los responsables y qué medidas ha adoptado la administración para evitar que estas bombas de relojería de efectos tóxicos, heredadas de los años de intensa actividad minera, acaben estallando y matando toda la naturaleza que se encuentre a su paso. Por lo que parece de poco o de nada ha servido la experiencia trágica de la balsa de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998, en tanto que, según los expertos este tipo de instalaciones, siguen estando ahí y como se ha vuelto a comprobar en mayo pasado, tan amenazantes como la que liquidó el rio Guadiamar y toda su ribera en la primavera de hace diecinueve años.

Existe en ámbitos ecologistas la impresión de que resultará muy difícil que la Junta de Andalucía, más allá del papeleo técnico y burocrático o sancionador, se ponga seria en este asunto poniendo el caso en manos de la Justicia y es por lo que, desde la sociedad civil, se ha recurrido a la vía judicial, según la información que dispone al respecto Confidencial Andaluz.

 

 

 

Mina La Zarza: Imágenes para después de una catástrofe

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Imágenes del documental gráfico de José Antonio Portero

 

 

Denuncia para el Juzgado de Valverde del Camino

 

Efectivamente el pasado viernes (ayer) fue formalizada una denuncia judicial a propósito del accidente medioambiental ocurrido en el término municipal de Calañas, Huelva. (Al final de este artículo hallarán el documento con el contenido íntegro de dicha denuncia).

Según la denuncia, presentada por la asociación Amayt y apoyada por activistas de la zona, “el pasado 18 de mayo se produjo un vertido de aguas ácidas de mina, con un color rojo intenso y un pH de 1,5, causado por la salida inusualmente violenta e incontrolada de un volumen entre 350.000 y 500.000 metros cúbicos, cargado de metales pesados propios de ese tipo de residuo minero”.

Según relatan en su denuncia, presentada ante la Guardia Civil  de la Palma de Condado, la causa aparente de este vertido fue “consecuencia de la rotura de una válvula de retención situada en la Planta Tercera de la mina subterránea, en conexión directa con la antigua explotación a cielo abierto (Corta Minera) existente, ya colmatada en gran medida por aguas acidas de mina, y con conexión directa con el cauce fluvial del Arroyo Mojafre, conectado a su vez con la Ribera Olivergas, afluente directo del Rio Odiel”.

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Agua roja bajo el Puente de Sotiel

Dichos residuos líquidos han transitado “de forma rápida e incontrolada por el rio Odiel, en conexión directa con el Océano Atlántico, a través del estuario de Huelva en el que está ubicado el Paraje Natural Marismas del Odiel”.

Se afirma en la denuncia, firmada por el presidente de Amayt (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia), el abogado Francisco José Sánchez Ramón y por el Dr. en Geología, investigador, científico  y activista medioambiental José Manuel Cantó Romera – ambos miembros del Colectivo Viriato- que el tránsito fluvial y marítimo de residuos líquidos, cargado de metales pesados y una gran acidez “ha contaminado gravemente a la cuenca del Odiel, al Paraje Natural Marismas del Odiel y al propio Atlántico, “siendo tan lamentable y grave acontecimiento- afirman- un atentado ambiental con consecuencias imprevisibles sobre el Medio Natural y contra la salud pública, que pueden ser constitutivos de ilícitos penales”.

Amayt fue una organización, creada hace años al margen de los partidos políticos desde la misma sociedad civil de Almería,  la misma que mantiene acorralado judicialmente desde hace años a Gabriel Amat líder del PP y alcalde de Roquetas; con el paso del tiempo esta asociación se ha convertido en el núcleo aglutinado del que denominan Grupo Viriato, integrado de momento por docena y media de miembros, procedentes de toda Andalucia, también desde Valencia,  y cuyo denominador común  es el haber sido denunciantes, como funcionarios o no, de casos de corrupción en o relacionados con las administraciones públicas. La idea que de futuro baraja el Grupo Viriato , según fuentes del mismo, es constituirse en asociación y actuar judicialmente contra la corrupción en todo el territorio.

 

Posible incumplimiento del Plan de seguridad

 

Para los denunciantes, las causas de ese vertido “no debieron producirse si se hubieran adoptado las medidas precautorias pertinentes y exigibles por la Legislación Minera y demás normas de desarrollo que regulan los planes de Seguridad en este tipo de Explotación Minera, lo que evidencia la posible existencia del incumplimiento normativo en cuanto a los requisitos legales que debe cumplir el referido Plan de Seguridad”.

Implícitamente se critica la actuación, tras este suceso, de las administraciones implicadas que, se dice, “lamentablemente actúan cuando – a posteriori- se producen tan graves hechos, por lo que deberían depurarse todas las responsabilidades de tipo penal y administrativo contra los posibles responsables en los que se encuadraban dentro de sus funciones evitar esta situación catastrófica medioambiental, sanitaria y de atentado contra la salud pública”.

Los denunciantes ante la Guardia Civil solicitan en su escrito que sea admitida a trámite por el Juzgado de Valverde del Camino y una serie de diligencias, la mayoría encaminadas a conocer qué sabe y qué ha hecho la administración antes, durante y después del atentado ambiental. Y al mismo tiempo que se reciba declaración a los presuntos responsables “y en concreto a los representantes legales de las empresas titulares de la mina y a los técnicos responsables del Plan de seguridad, del Plan de Seguimiento y del Plan de Emergencia, si es que existe el mismo, según manifiestan los medios de comunicación”. También se pide que comparezca como testigo el alcalde Mario Peña “que ha publicitado el mencionado vertido en las redes sociales”.

Del suceso en Mina La Zarza queda constancia gráfica especialmente en YouTube, donde pueden hallarse impactantes imágenes que hablan por sí mismas del desastre que supuso la ruptura de una válvula o un tapón de una antigua galería minera.

 

LA DENUNCIA

 

 

“Que se tenga por presentada esta denuncia, se admita, y dados los indicios de la posible existencia

de graves ilícitos penales, se remita la misma al Juzgado competente de Valverde del Camino”.

 

 

 

 

 

*Pepe Fernández es Periodista. Director de Confidencial Andaluz

editor@confidencialandaluz.com

 

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