Los asuntos virtuales de Interior

Hace más de un mes que Marlaska fue nombrado ministro de Interior. En este tiempo, en las numerosas entrevistas a las que ha acudido poco o nada le han preguntado por la asistencia a la ciudadanía que reclama ayuda con urgencia mediante llamada al 091 o al 112 (o al 062 -092, de Guardia Civil y Policía local). La seguridad no es un bien que preocupe en este país, a pesar de que solo una masiva manipulación de los hechos impide que se conozcan graves circunstancias y deficiencias del servicio público esencial que consiste en que la Policía acuda cuando lo llama cualquier persona que está siendo agredida, robada o presencia algún hecho delictivo.

Por el acercamiento de presos de ETA, acercamiento de políticos presos catalanes, la exhumación del cadáver del dictador, las condecoraciones a “Billy el Niño” o el presupuesto de equiparación salarial, sí le han preguntado en todas las entrevistas, siendo esta última cuestión lo que más preocupa ahora mismo a los miembros de Policía y Guardia Civil.

Los anuncios realizados por Zoido, además de falsos porque no hay equiparación ni de lejos con los 807 millones presupuestados (más el incremento derivado del acuerdo de la mesa de la Función Pública, que afectará a Mossos y que incrementarán la diferencia salarial) son terriblemente injustos y han sido aceptados por los sindicatos y asociaciones profesionales.

El criterio de Zoido supone una equiparación de unos 400 euros brutos/mes en tres años para todos los miembros de ambos Cuerpos, sin entrar en otras consideraciones. Con ello cuando acabe este proceso seguirá existiendo un agravio salarial con Mossos y dentro de cada Cuerpo, entre guaridas civiles con vivienda oficial y sin ella o policías nacionales de la administración central con los adscritos a comunidades autónomas.

La equiparación como está formulada pretende que un guardia civil en cualquier pueblo donde la renta media es de 800 euros, (El Coronil, Chiclana… y unos cuantos miles más), disponiendo de vivienda gratis, va a percibir el mismo salario que sus compañeros guardias civiles y policías en Cataluña, Madrid y Baleares, los policías sin viviendas y muchos guardias civiles también, puesto que son unas 35.000 viviendas las que existen en este Cuerpo y 75.000 sus miembros. Grandes ciudades donde la carestía de vida les obligará a alquilar viviendas entre varios de ellos, que llegan allí desplazados de sus territorios de origen y estarán en esa situación durante el tiempo en que permanezcan prestando servicio, que será el menos posible por sus precarias condiciones y por lo que nunca tendrán arraigo ni decisión de permanecer en dicho territorio. Que lo lógico sería que los policías y guardias civiles en los territorios con alta carestía de vida perciban un incremento superior al de quienes residen en pueblos con condiciones mucho más favorables, y más aun si disponen de vivienda, no se debate.

Los sindicatos y asociaciones no se atreven a hacer esa propuesta porque les importa mucho más su estabilidad en el sillón que la justicia para sus afiliados. Y eso aunque existe ya un plus específico en la nómina para estas situaciones.

El criterio a aplicar debería ser el de la carestía de vida en la zona donde residen y no una subida general, insuficiente para la equiparación, e injusta dadas las condiciones en que podrán vivir unos y otros en según qué territorios. En Cataluña y Baleares la subida no puede ser de 400€ en tres años que no llegará a la equiparación con Mossos; debe valorarse el desarraigo, la dificultad que conlleva un nuevo idioma, encontrarse en un territorio con una parte de la sociedad muy hostil y la carestía de vida en esas zonas. El incremento allí no puede ser el mismo que en cualquier pueblo andaluz, castellano o extremeño y menos aun el mismo que alguien que tiene vivienda oficial en cuartel de la Guardia Civil en estos territorios. Una subida salarial justa es posible con el presupuesto previsto en los tres próximos años pero deben atenderse las circunstancias en cada territorio. Si un Policía en Cataluña y Baleares debe recibir un incremento de 1.000€/mes (quienes no dispongan de vivienda oficial, que estos deben recibir un incremento menor), quienes residan en pueblos con una carestía de vida notablemente inferior tendrían que conformarse con bastante menos.

No se debe olvidar tampoco que hay unos cuantos miles de policías nacionales que, por colocarse en la manga de su uniforme el escudo de una comunidad autónoma (Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) perciben dietas superiores y un salario que puede ser de 500 euros más/mes que quienes trabajan en su mismo territorio en seguridad ciudadana y otras funciones.

En un justo reparto del presupuesto esa diferencia salarial debería amortizarse sin que les afecte la subida hasta que exista equiparación. Con un criterio justo los policías en Cataluña percibirán más salario que los Mossos por las razones expuestas de desarraigo, lejanía de su lugar de origen y las circunstancias sociales a las que se enfrentarán; en Baleares un salario acorde a la carestía de vida, y en el País Vasco hay que incrementar el complemento de especial zona norte hasta equiparar su salario con el de los ertzainas, que es bastante similar al nuestro allí merced al referido plus. Habrá que incrementar el plus de grandes urbes a Madrid en la cuantía que se estime y permita el presupuesto, pero una subida lineal de 400 euros en tres años sin atender quien tiene vivienda gratis o no, quien percibe plus de unidad adscrita a comunidad autónoma, o quien presta servicio en un lugar cuya carestía de vida multiplica varias veces al de otro territorio es una medida injusta. Un reparto justo de un presupuesto considerable es un elemento necesario aunque las organizaciones sindicales y asociativas no estén por un reparto justo sino por la injusticia de igual para todos.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, el principal problema que tiene hoy es la ineficacia policial, la falta de asistencia a las llamadas de personas que precisan asistencia y no la obtienen, a veces estando en situaciones complicadas.

Hay muchas ciudades con déficit de atención pero donde más fracasa la asistencia a llamadas al 091 es en Sevilla. Algún barrio está ya con los vecinos en movilizaciones ante los continuos robos y agresiones sin respuesta policial. Aunque no es percibido así por la ciudadanía, el segundo problema son las identificaciones arbitrarias e ilegales de millones de personas cada año, por una política de justificación estadística que consigue el efecto contrario al que pretende perseguir. A más identificaciones más delitos porque los vehículos estáticos identificando a ciudadanos sin razón y cuyos derechos civiles vulneran no producen ningún resultado.

Si el ministro es capaz de sustraerse de los problemas virtuales y políticos señalados al principio de este escrito y presta atención a los problemas que afectan a los policías y a la ciudadanía habrá empezado su tarea en Interior con buen pie. Lleva más de un mes y todavía no ha llevado a cabo ni el cambio de estructura, siendo como es el actual un completo desastre para mayor gloria de Zoido, según se reconoce unánimemente por todos los policías y sus mandos.