El pasado día dos ocho exconsejeros y el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña fueron trasladados a prisión entrada la noche desde los juzgados de Madrid. Sus abogados lamentaron el día siguiente que habían sido víctimas de maltrato, al ser trasladados en condiciones que no ofrecían las mínimas garantías de seguridad y con los grilletes a la espalda. Emití un tuit al conocer la noticia señalando que se vulneran sus derechos como los de todos los detenidos, porque en España no hay cultura de defensa y protección de los derechos humanos y se entiende que la voluntad del juez está por encima de la ley. Ese tuit provocó diversas críticas desde cuentas anónimas (con insultos, difamaciones y lo habitual de mafiosos cobardes de la red), de quienes se identificaban como policías, y que de serlo, serían la prueba del grave problema que tenemos en este país con la formación y selección de muchos miembros de las fuerzas de seguridad.
FURGONES DE TRASLADOS DE PRESOS CON 800.000 KMT. Y 30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
En España formalmente las leyes garantizan si estas detenido o preso el derecho a la protección física ante abusos, torturas o malos tratos, a la imagen personal, y a derechos civiles, políticos, económicos, sociales… inherente a la condición de ciudadano, pero no siempre esos derechos se trasladan de la teoría a la práctica, y en muchas ocasiones el Estado no cumple con su obligación legal de garantizar ese conjunto de derechos propios de una democracia occidental.
Que los vehículos de traslado de detenidos tienen algunos 30 años y 800.000 kilómetros es oficial. Está en una respuesta del gobierno a un diputado en fecha reciente, consta en las respuestas de la Guardia Civil ante las denuncias de los independentistas, y hay noticias de prensa de hace seis años en las que una asociación de guardias civiles ya denunciaba que los coches (seis años atrás) ya no reunían los requisitos mínimos de seguridad ni para los guardias civiles ni para los presos. Las quejas al respecto de los profesionales que realizan los traslados iban desde la inseguridad de los vehículos con 300.000 kilómetros (algunos acumulan 800.000 seis años después) hasta la suciedad, el deterioro, la falta de mantenimiento y la ausencia de cinturones de seguridad tanto para los presos como para los guardias civiles.
Podrían el ministro, director general de la Guardia Civil, algunos jueces, esos presuntos profesionales de las fuerzas de seguridad de una democracia donde rige el estado de derecho y periodistas, subirse en uno de esos furgones y darse una pequeña vuelta, con las manos atadas a la espalda, para comprobar qué pasa dentro del furgón.
La respuesta de la Guardia Civil a la denuncia por el trato recibido ha sido que es el mismo que reciben todos los presos, lo que es cierto, porque la vulneración de derechos se produce igual para todos. Podrían el ministro, director general de la Guardia Civil, algunos jueces, esos presuntos profesionales de las fuerzas de seguridad de una democracia donde rige el estado de derecho y periodistas, subirse en uno de esos furgones y darse una pequeña vuelta, con las manos atadas a la espalda, para comprobar qué pasa dentro del furgón. Un regreso a mediados del siglo pasado cuando en este país el respeto a los derechos de los detenidos no pasaba de la teoría a la práctica. Hoy ocurre en cierta medida lo mismo porque el protocolo establece que es el jefe de la conducción como responsable de la seguridad y custodia de los presos quien debe decidir si dentro del cajón van con manos libres, atadas delante o atadas detrás. Al parecer unos jefes de conducción dejaron ir a unos con manos libres o delante y dos consejeros viajaron, bajo el criterio legal y ajustado a los protocolos de actuación, con las manos detrás. El criterio por el que cada jefe de conducción decida la forma en que viaja el preso es el suyo, que en este caso puede justificarse en cualquier sentido porque estaban acusados de graves delitos para ir con manos a la espalda, y podía considerarse también que no iban a intentar escapar por lo que no era preciso que fueran maniatados.
Dentro de un cajón metálico, en asientos lisos, resbaladizos, sin sujeción alguna ni cinturones, con las manos atadas a la espalda el preso va dando tumbos de una pared a otra del furgón. Con las manos atadas delante se amortiguan más los golpes y sin ataduras al menos pueden sujetarse con las manos en asientos y paredes. Esa es la realidad. No existe responsabilidad alguna en esos traslados ni del conductor ni del jefe de conducción, sino del Estado que no provee de los medios adecuados, y de la administración de justicia que formalmente garantiza los derechos de los presos pero en la práctica no hace nada. Lo que hay es un vacío en la protección y garantía del trato digno que merece cualquier persona detenida. Una vez en los calabozos tiene asegurada comida, pero si es citado al juzgado a las nueve de la mañana y la decisión de su encarcelamiento no se produce hasta 12 horas después, ni en ese tiempo ni durante el traslado está regulado que un ser humano se alimenta normalmente tres veces al día, y si llega a la prisión después de las nueve de la noche, aunque lleve todo el día sin comer puede no hacerlo hasta el día siguiente.
Un país así permite la mentira en la práctica política como ha hecho el ministro del Interior respecto a la equiparación salarial, con una dotación de 50 millones de euros para el próximo año con lo que si se congela el salario en los cuerpos autonómicos, la equiparación podría alcanzarse en unos 25 años.
Un Estado que no cuida de la integridad y derechos de una persona bajo su custodia como es un detenido, cuando su misión fundamental es hacerlo a través de las fuerzas de seguridad evidencia ser un país sin principios ni valores morales suficientes para llamarse democracia. En todo caso una democracia de muy escasa calidad. En un país así no es extraño que se mantenga a los miembros de sus fuerzas de seguridad alojados 40 días en un barco, con escasa comida y cuya calidad no llega al estándar mínimo para consumo humano, en habitaciones-zulo, sucias, sin ventilación, y sin saber si van a estar fuera de casa una semana o dos meses, como si fuesen robots que no tienen familia, ni necesidades físicas, personales, emocionales, ni sentimientos. Un país así permite que su presidente del Gobierno aparezca en listas de la contabilidad b de su partido y casi ni es noticia, cuando en cualquier democracia de nuestro entorno supondría su inhabilitación definitiva para la política. Un país así permite la mentira en la práctica política como ha hecho el ministro del Interior respecto a la equiparación salarial, con una dotación de 50 millones de euros para el próximo año con lo que si se congela el salario en los cuerpos autonómicos, la equiparación podría alcanzarse en unos 25 años. Quizás por estas y otras lagunas España cuenta con varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con condenas por no investigar denuncias de práctica de torturas, además de algunos casos de concesión de indultos a mandos de las fuerzas de seguridad condenados por practicarlas. No existen en democracias de Europa casos similares, y menos en que el mando condenado e indultado siga en activo y ocupando cargos de mayor responsabilidad que cuando se produjo la condena.
SE VULNERAN SISTEMÁTICAMENTE, POR RUTINA, DERECHOS CIVILES DE LA CIUDADANÍA
Un país así permite millones de identificaciones indiscriminadas, y cacheos, en contra de la ley, ordenadas por mandos policiales en clara vulneración de los derechos civiles de la ciudadanía. Solo hay que comparar con países de nuestro entorno, Francia, Reino Unido, Alemania… y ver la diferencia. En Francia, para acabar con el estado de excepción se ha regulado una ley de seguridad que contempla la posibilidad de identificar a la ciudadanía por la Policía como sospechosos, fijando una zona delimitada cercana al lugar donde se haya producido un hecho que lo aconseje, recayendo dicha responsabilidad en el prefecto (el subdelegado del Gobierno en España); en Alemania la Policía debe llevar a cabo un procedimiento anunciando la zona y el tiempo durante el que se puede identificar a un ciudadano en la vía pública, incluso en supuestos de atentados terroristas; en Reino Unido los ciudadanos no tienen DNI; en España en cambio, y desde la “Ley Corcuera” de 1992, se montan filtros para identificar a decenas de miles de personas cada día, la mayoría jóvenes y extranjeros, se les cachea a discreción y quienes lleven droga para consumo propio son sancionados con hasta 600€, que es más de lo que cobran muchos jóvenes por un mes de trabajo, si lo tienen. Se identifican en España a más personas así en la vía pública vulnerando sus derechos civiles y el fundamento jurídico del Tribunal Supremo en la sentencia que aprobó la “ley Corcuera” en 1992 que en todos los países democráticos de nuestro entorno. Según el Tribunal Supremo, la identificación en la vía pública de la Policía a un ciudadano se justifica solo si el identificado es sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo. Es decir, trasladado a la práctica, indicios racionales que deben concretarse en una nota policial para justificar la injerencia en la vida de una persona con derechos en un país democrático. En España, en contra de lo que sucede en otros países, no solo es que no hay que justificar ninguna razón para identificar a nadie sino que los mandos insisten en esta estrategia de seguridad errónea que producen millones de identificaciones ilegales al año. Hay unidades que se dedican solo a las identificaciones ilegales, desgajadas de la atención a la ciudadanía, y mientras miles de ciudadanos cada día llaman al 091 y no reciben ayuda ni auxilio en situaciones de gravedad, cerca puede haber varios coches identificando a chavales para rellenar unas estadísticas inútiles desconectadas de esa situación de emergencia. Y más grave todavía es que está acreditado que con menos identificaciones que obligan a permanecer los vehículos estáticos y más movilidad de los mismos se consigue reducir los delitos.
Ese corporativismo sucio que practican algunos, que caen además en la villanía del insulto ruin y cobarde, es similar por despropósito al comportamiento de los independentistas que usan a sus hijos para cortar carreteras.
Lo contradictorio de todo esto es que esos mismos (presuntos) policías que exigen equiparación salarial y respeto a derechos en sus condiciones laborales y profesionales al mismo tiempo atacan derechos civiles de la ciudadanía. No existe en el mundo un Estado que respete los derechos de sus fuerzas de seguridad si no es porque está sólidamente implantado el respeto a los derechos humanos, que comprende civiles, políticos, económicos etc., de su ciudadanía. Hay que ser zorrocotroco, burro, buey manso, ignorante talibán, para pretender disponer de derechos de todo tipo como policía mientras se apoya y justifica que se vulneren los más elementales derechos de las personas a las que se debe servir. Ese corporativismo sucio que practican algunos, que caen además en la villanía del insulto ruin y cobarde, es similar por despropósito al comportamiento de los independentistas que usan a sus hijos para cortar carreteras, o a quienes pretenden imponer una nación de una raza superior en Cataluña expulsando a todos quienes no coincidan con sus ideas. Que haya miembros con placa, uniforme, arma y carácter de agentes de la Autoridad en este país que entiendan que no hay que cumplir con la obligación, tan legal como moral, de respetar los derechos humanos de los detenidos por vomitivos y despreciables que sean los delitos cometidos, es una razón más para exigir cambios urgentes y drásticos en la selección y formación del personal de todas las policías, porque con esa mentalidad tan irracional y alejada de las leyes y sociedad en que vivimos es imposible cumplir el mandato constitucional.
De la misma manera que la fiebre evidencia alguna anomalía en el cuerpo humano, el respeto del Estado a las personas bajo su custodia, detenidos y presos, evidencia el nivel de calidad de la democracia, y en eso, en algunos aspectos, el nuestro no da la talla. Y no solo en esto, también en las condiciones en que se imparte la educación o en el tratamiento a enfermos y familiares en hospitales existen deficiencias. Que en el siglo XXI un enfermo necesite dinero para mantener la tv en su habitación, compartida con dos o tres personas, es uno más de los muchos lunares de nuestro sistema, evidenciando que más que personas con derechos somos clientes que deben consumir de las empresas privadas que gestionan las necesidades de nuestra vida.
Todos los miembros de las fuerzas de seguridad, nacionales, autonómicas y locales, son seleccionados y formados desde hace 30 años en el principio de autoridad y no en el de servicio público. Se imparten charlas señalando que no somos una policía para ayudar a ancianas a cruzar la calle sino que la tarea policial es represiva, y que siempre que queramos, a nuestro capricho o por órdenes superiores, podemos parar a un ciudadano en la calle identificarlo y cachearlo sin ningún reparo sobre sus derechos civiles. Esas prácticas vulneran las leyes que los policías juran o prometen cumplir, y que los Gobiernos dicen cumplir y hacer que se cumplan. ¿Algún día las normas que garantizan esos y otros derechos de cualquier persona pasarán de ser un marco teórico y retórico a una realidad práctica? Parece que no; debemos albergar la esperanza de que se produzca al mismo tiempo que la equiparación salarial entre policías estatales, autonómicas y locales.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP.
Miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas
@sanchezfornet