Confidencial Andaluz

Los ‘secretos’ de la Operación Nazarí – Capítulo I

Los ‘secretos’ de la Operación Nazarí – Capítulo I
14:00 | 12 de junio, 2016

 El N-2 , un problema para el juez y para el nuevo concejal.

Isabel Nieto avatar CA

Isabel Nieto, Abogada y Exconcejal de Urbanismo Ayto Granada*

El registro de la delegación de Urbanismo del día 13 de Abril, no fue tal registro. Sencillamente el edificio fue rodeado de policías desde las 7.30 de la mañana, para pedir, aproximadamente sobre las 12 del medio día, una serie de expedientes, que gustosa y amablemente les fueron facilitados por los funcionarios. Algo que podían haber obtenido igualmente por conducto oficial, sin desalojar el edificio ni cortar las calles.
Entre los expedientes que solicitaron, se encontraban los que llamaban “operación Lince”, relacionados con el Plan Parcial Norte-2, que se ubica al final del término municipal de Granada, lindando con Pulianas. Para dejar claro el asunto, se entiende por Plan Parcial, una zona concreta y delimitada de Granada, propiedad privada, pendiente de urbanización y de desarrollo urbanístico. En resumen, una zona que antes era campo y que en el Plan General del año 2001 fue recalificada y debe convertirse en ciudad.

Junta de compensación

Esta nueva urbanización se costea por los propietarios de los terrenos, que se constituyen en comunidad de propietarios ( llamada junta de compensación) ,adoptan acuerdos por voto de mayorías y encargan el proyecto a un estudio de ingenieros o arquitectos de su elección, para elaborar el diseño de la futura zona urbana , con los trazados de las calles, zonas residenciales, zonas de futuros espacios públicos y reservas de solares para usos deportivos, docentes, sociales, etc, respetando los porcentajes de cada cosa establecidos en la Ley del Suelo. Un Ayuntamiento no recibe las calles hasta que se terminan las obras.
La propuesta de diseño del Plan Parcial y el proyecto de urbanización del N-2 fueron presentados por la junta de compensación al Ayuntamiento en el año 2006 y fueron aprobadas por el Pleno, previo informe favorable de los técnicos municipales y previa publicación en el BOP para alegaciones. Las obras de urbanización comenzaron también en el año 2006 y quedaron paralizadas unos años después, por los problemas surgidos entre los diferentes propietarios. Es lo que ha conseguido la crisis económica en todos los sectores pendientes de urbanizar en Granada, Mondragones, Automovilismo, Parque de la Salud, Oestes 1-2 y 3 y todos los polígonos industriales.
El motivo de incorporar los expedientes del N-2 a la operación Nazarí, es la denuncia presentada por uno de los propietarios de estos terrenos, F.F.N. con fecha 8 de Junio de 2015, contra 23 personas, ingenieros, arquitectos, constructores, abogados, copropietarios, funcionarios y concejales. Diez meses después de presentarse la denuncia, al Juzgado no le había dado tiempo de solicitar copia compulsada de los expedientes al Ayuntamiento y era muy urgente cortar la calle Gran Capitán y rodear el edificio de Urbanismo para pedirlos, mientras se retransmitía en directo por todas las cadenas nacionales.

Una obra privada

Según el contenido de la denuncia, en Octubre de 2006 comenzaron las obras de urbanización del N-2, que son obras privadas, ejecutadas por los propietarios de los terrenos, no por el Ayuntamiento. En Enero de 2008 se concedió licencia para la construcción de un edificio de 300 viviendas a “Casería de San Jerónimo” cuyo propietario mayoritario era J.Julián Romero y en Julio de 2012 se concedió licencia de primera ocupación a esas 300 viviendas con acceso por calle terminada. Lo que se denuncia es haber dado licencia a este edificio de 300 viviendas, sin que estuvieran terminadas las obras de urbanización de todo el ámbito.
Al parecer los concejales del Partido Socialista han decidido personarse como acusación particular en este asunto. Lo cual pone al nuevo concejal de Urbanismo en una dificilísima situación, porque si mantiene la ilegalidad de la licencia concedida, no solo tendrá que anular de oficio la licencia de estas 300 viviendas, sino de todas las que en estos mismos años se han dado en Granada con urbanizaciones inacabadas y en las mismas circunstancias.
Un ejemplo lo tenemos en los Mondragones: En el año 2007 se pusieron en funcionamiento 5 edificios municipales, que tienen acceso por una calle urbanizada, sin estar terminadas las obras de urbanización del resto del sector. En el año 2012 se dio licencia al aparcamiento soterrado, el supermercado y la instalación deportiva, recibiéndose solo un trozo de calle trasera, sin que las obras de urbanización del resto del sector estén terminadas. Y lo que les queda, puesto que consta la existencia de restos arqueológicos que obligarán a modificar el planeamiento y distribución de los solares. Pues bien, habrá que revisar y anular también estas licencias.
Y habrá que revisar y anular las licencias concedidas en el Plan parcial O-1, la que se dio en 2011 al Edificio Apache, con 144 viviendas de VPO, y unos años antes a la instalación deportiva Wee, con gimnasio, piscina y campo de futbol de césped artificial. Para estas licencias solo se puso en funcionamiento la calle Pintor Belda, quedando la urbanización del resto del plan parcial O-1 paralizada por falta de fondos.

Todo a revisión

Habrá que tramitar la revisión por nulidad de las licencias que desde hace años se han venido dando en el PTS a 21 edificios nada menos, sin que estuviera terminada la urbanización del Plan parcial S- 2. Habría que revisar las licencias de 1ª ocupación del centro de empresas BIC Granada , el Instituto López Neyra, el centro de Investigación Biomédica, Laboratorios Rovi, Instituto de Medicina Legal, Edificio Genyo, Laboratorio Vircell, Instituto Universitario Deporte-Salud, Edificio Ibermutuamur, e incluso el Hospital y la facultad de Medicina, para cuyas licencias de 1ª Ocupación hubo que hacer saneamientos provisionales porque no estaban instalados los generales de la urbanización.

7 expedientes

Y es que si la administración municipal detecta algún acuerdo ilegal, debe de revisar de oficio sus propios actos, a tenor de lo establecido en los art. 62 y 102 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones . Y si el nuevo Concejal de Urbanismo mantiene en los Juzgados la ilegalidad de estas licencias, deberá dar instrucciones para tramitar la revisión de todas ellas. Esto supondría desalojar y dejar sin uso innumerables edificios terminados en Granada y seria contrario al interés público, porque tendríamos la ciudad llena de edificios vacíos, deteriorándose, siendo objeto de vandalismo y ocupaciones ilegales. Y también contrario a la Ley.
El día 13 de Abril, diez meses después de haberse presentado la denuncia, era urgente cortar las calles y desalojar un edificio entero para pedir el expediente del Plan Parcial N-2 del año 2005, que está publicado en el BOP, el proyecto de urbanización del año 2006, que también esta publicado en el BOP, la reparcelación de las fincas del año 2006, inscritas en el Registro de la Propiedad, el expediente de licencia de obras de 2006, el expediente de la licencia de primera ocupación del año 2011, el expediente de una expropiación para desvío de un barranco del año 2013, y un expediente iniciado de innovación del plan parcial en tramite desde el año 2013 para modificación de espacios públicos. En total siete expedientes relacionados con el mismo ámbito, algunos en tramite y otros finalizados. Eso es la operación Lince. Y no se quisieron llevar el expediente de ejecución de los avales, todavía no sabemos por qué. O sí que lo sabemos?

Estos 7 expedientes, que no tienen relación ni espacial ni personal con los demás expedientes de la investigación, contienen mas de 2000 folios con informes, actas de reuniones de propietarios, acuerdos, recursos , planos, mediciones y un contenido tan técnico que requiere una alta cualificación urbanística para su comprensión. Si Juez , Fiscal y Concejal han de leerse todo lo que se han llevado, necesitarán al menos un año para su lectura. Solo la denuncia consta de 95 folios y es de por sí una telenovela plagada de peleas internas a consecuencia de la imposición del voto de la mayoría sobre la minoría, y los altos costes de las obras de urbanización, que son el verdadero motivo de la denuncia. Este es el más complicado de todos los temas investigados. Al final, la Juez de Instrucción cumplirá con la investigación realizada, y mandará la pelota de la macrocausa a la Audiencia para juicio, sin más responsabilidad. El Magistrado que resulte ponente y tenga que juzgar este tema, mezclado con todos los demás casos investigados, recibirá más que una pelota, una tremenda bola de nieve. No tendrá mas remedio que leerse todos y cada uno de los mas de 30.000 folios y ,como diría nuestro Nobel Camilo Jose Cela, “no le perdonará la putada”.
El gran problema del nuevo concejal es que no va a poder ver los expedientes porque se los han llevado sin dejar copia y por lo tanto se va a personar como acusación a ciegas. Seguramente sería bueno, que Concejal, Fiscal y Juez, antes de tomar esta decisión, consultaran el art. 41 del Reglamento de Gestión Urbanística que permite la ocupación de edificios cuando esté terminada la urbanización “que afecte a dichos edificios” y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, luz e instalaciones, como ocurre con todos los anteriores.
También podrían consultar el art. 31 de la Ordenanza Municipal de Licencias de Granada, donde dice que podrá concederse licencia de primera ocupación de edificios en suelo urbanizable, previa garantía de las obligaciones de urbanización del ámbito. Y también podrían plantearse la tesis contraria: que prevaricar habría sido denegar la licencia.

Los avales

En el caso del N-2, existía un aval de la junta de propietarios de 312.074 euros y además previamente a la primera ocupación el promotor constituyó 2 avales bancarios por 734.652 €, de Banco Popular y 1.065.347 € de la Caja Rural, que fueron ejecutados a los 2 años, es decir, antes de su vencimiento. Aunque ese expediente no han querido llevárselo, porque no interesa. No le interesa al  denunciante porque en él se puede comprobar que se opuso apoyando a los bancos en  la ejecución de los avales bancarios  y que hay  Sentencia  a favor del Ayuntamiento.

.
No le interesa al concejal, para poder mantener la acusación política y no le interés al Juzgado para mantener abiertas las diligencias.
Otro reto que tiene el nuevo concejal es llevar a recaudación ejecutiva al denunciante del N-2 , para que pague las cuotas que debe. No se atreverá por miedo a ser denunciado. Ya sabemos que en urbanismo impera la ley del más chulo. Y las denuncias no son más que coacciones encubiertas.
De las 23 personas denunciadas, sin conocerse en el Juzgado quienes han intervenido, ni el contenido de los expedientes, ni los informes técnicos ni jurídicos, tan solo 7 hemos resultado agraciadas por sorteo en las diligencias penales incoadas. Tampoco sabemos por qué unas sí y otras no. Y es curioso que el Director General de Urbanismo, responsable técnico de todos los expedientes de este Plan parcial N-2 desde 2003, no se encuentra entre los investigados.

Así es que, mas que secreto de sumario, lo que hay son interrogantes: ¿anulará el nuevo concejal todas las licencias concedidas y serán clausurados facultades, hospital, instalaciones deportivas y demás edificios en funcionamiento? ¿Llevará el nuevo concejal a ejecutiva al denunciante moroso? ¿O mirara para otro lado y solo se personará como acusación en el N-2 para aprovechar el filón ? Si se consiente esto es que ya está socialmente aceptada y aplaudida la utilización de los tribunales de justicia con fines políticos. ¿No sienten rechazo los jueces ante estas maniobras?.

*Isabel Nieto, como queda recogido en el artículo, está investigada en la causa judicial derivada de la Operación Nazarí.

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