Confidencial Andaluz

Un Magistrado-Juez, exalcalde de Sevilla, Ministro del Interior

Un Magistrado-Juez, exalcalde de Sevilla, Ministro del Interior
23:35 | 03 de noviembre, 2016
Jose Manuel Sanchez Fornet

José Manuel Sánchez Fornet

Juan Ignacio Zoido, ex alcalde de Sevilla y magistrado juez en excedencia, ha sido nombrado ministro de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. En una lectura en clave interna y periodística se puede asegurar que gana Cospedal y pierde Javier Arenas, pero la ciudadanía está ajena a estas cuitas internas y sus preocupaciones van más por saber qué puede hacer el nuevo ministro para mejorar su seguridad, el ejercicio de sus derechos y libertades, y otras materias que pueden parecer poco importantes pero que no lo son, como los trámites que deben resolverse en comisarías y otras dependencias del Ministerio del Interior.

Si estudiamos su trayectoria como alcalde de Sevilla desde el punto de vista de la seguridad, llama la atención que durante su mandato se permitiera que tres policías locales, nombrados por su antecesor, Sánchez Monteseirín, para una concreta investigación, crearan a partir de ese caso un grupo de policía judicial, (GEPOL), y actuaran como tales al margen de la legalidad, incumpliendo las normas del Ministerio del Interior y de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, de la que ahora pasa a formar parte y desde la que no permitirá que cosas como las que pasaron durante su mandato como alcalde se vuelvan a producir.

Ese de GEPOL no es un buen antecedente teniendo en cuenta que llega a un ministerio donde existe desde el año 2012 una brigada, la BARC (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) dentro de la Unidad de Asuntos Internos, que ha llevado a cabo tareas que, según distintos medios de comunicación, han venido en llamar de “policía política” por no corresponderse con las funciones encomendadas por ley a sus miembros.

Llama la atención que durante su mandato se permitiera que tres policías locales, nombrados por su antecesor, Sánchez Monteseirín, para una concreta investigación, crearan a partir de ese caso un grupo de policía judicial, (GEPOL), y actuaran como tales al margen de la legalidad.

 

Se encuentra un ministerio donde se ha grabado al ministro de Interior en su despacho hace meses y nada se sabe de ello; desde donde se han difundido documentos como el que acusa al ex alcalde de Barcelona, Trías, de disponer de una cuenta en Suiza; o se ha difundido el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que el entonces jefe de UDEF, hoy jefe superior de Policía de Galicia, intentó que fuera aceptado por algún fiscal sin conseguirlo, según han recogido también algunos medios de comunicación. Ambos informes es evidente que son falsos, han sido rechazados por fiscales y jueces y pueden haber sido elaborados desde las cloacas del Estado, que parecen tener alguna alcantarilla abierta conectada con este Ministerio.

Estos casos requerirán muchas horas de actividad del ministro, muchos titulares en los medios de comunicación, pero haría mal el ministro si se centrara solo en estos asuntos y no en impulsar un imprescindible cambio en el funcionamiento de los cuerpos de seguridad que es manifiestamente mejorable. Hay mucho que mejorar cambiando unas pocas cosas, sin coste económico, simplemente con decisión política de cómo enfocar la prestación del servicio a la ciudadanía.

A la ciudadanía le preocupa por ejemplo llamar al 091 o al 062 y no tener respuesta. Eso viene siendo un mal crónico en la Guardia Civil en los pueblos y zonas rurales desde hace años, pero en la Policía no ha ocurrido nunca hasta hace pocos meses. Un servicio que era envidiado por policías de muchos países por el escaso tiempo de respuesta prácticamente ha desaparecido.

No hacen falta extensos informes ni grandes expertos para corregir esta situación, ni recurrir a la tan manida falta de personal; estas carencias se podrían corregir con medidas fáciles, con decisiones políticas.

Cada mes miles de llamadas al 091 quedan sin atender en toda España (cientos de ellas en Sevilla), y por citar tres casos recientes, se han quedado sin recibir ayuda cuatro personas atrapadas en su coche en medio de una riada que amenazaba con arrastrarlo en las lluvias recientes; los clientes de dos terrazas de bares en Bellavista, amenazados por una persona con un cuchillo de grandes dimensiones que ante la inasistencia del 091 tienen que reducirlo a golpes entre varios de ellos; o esa mujer que soporta dos horas de golpes y amenazas de su ex pareja contra la puerta de su domicilio sin que las decenas de llamadas de ella y sus vecinos al 091 reciban respuesta.

No hacen falta extensos informes ni grandes expertos para corregir esta situación, ni recurrir a la tan manida falta de personal; estas carencias se podrían corregir con medidas fáciles, con decisiones políticas, y algunas de ellas son las siguientes:
a), considerar prioritario (ahora no lo es) el servicio de Atención al Ciudadano, de asistencia a las llamadas al 091; fijar un mínimo de vehículos de servicio del 091 en relación a habitantes que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, pueda reducirse, debiendo utilizarse para circunstancias no previstas personal de otros servicios.
b), Dejar de detraer efectivos de los GAC, (Grupos de Atención al Ciudadano, los que son dirigidos desde las salas del 091), para custodiar presos en hospitales (competencia de Instituciones Penitenciarias), dándose el caso en ocasiones en razón de esto que hay varios coches en custodia en hospitales y uno o dos para atender las llamadas de una ciudad como Sevilla;
c), acabar con la desorganización e imprevisión respecto a las demandas de jueces que reclaman presos a su presencia, sin que exista una unidad propia para ello y detrayéndose siempre efectivos de los GAC, en detrimento del auxilio a la ciudadanía (bastaría fijar que estos servicios los prestasen efectivos del GOR o UPR);
d), los desplazamientos de las distintas autoridades del Gobierno (comprobará ahora cuando pase los fines de semana en Sevilla que tendrá uno o dos coches de seguridad en su casa y para sus desplazamientos, que serán detraídos de los GAC de seguridad de la ciudadanía, repercutiendo en un mayor retraso a las llamadas de emergencia –la misma solución que en el punto anterior, que lo hagan efectivos de GOR o UPR-); y
e), se ha orientado el operativo policial no a atender las demandas de la ciudadanía sino a obtener objetivos estadísticos que no sirven para nada, creando nuevas unidades que no atienden ni dependen de la sala del 091 (GOR, UPR…) sino de otros mandos, y que dedican su actividad a organizar controles o identificaciones cuyo resultado efectivo es mínimo, pero que suponen que la asistencia de emergencia a la ciudadanía ya no es la prioridad, que ha pasado a serlo las identificaciones masivas de personas para rellenar estadísticas.Y en sentido contrario, para reducir las estadísticas de delitos, en muchas oficinas de denuncia se ponen todo tipo de trabas a la ciudadanía para que no las hagan (para denunciar robo de la batería del coche le piden que lo acerque a comisaría con una grúa –para huellas, dicen-, o si va a denunciar a una persona le exigen datos completos de identificación, nombres, apellidos y domicilio, o no se acepta la denuncia, entre otras prácticas).

 

Estaría bien poder acabar con la aplicación abusiva de la ley militar, resolviendo, aunque sea competencia de la ministra de Defensa, el traslado de los cuatro guardias civiles de Cádiz a Cataluña como sanción por haber declarado la verdad en un juicio contra un superior.

 

Este plan operativo supone que haya millones de identificaciones indiscriminadas e ilegales de ciudadanos en cualquier calle del país vulnerando sus derechos civiles. Y no pasa en ninguna democracia de Europa. No se cumple lo que fijó el Tribunal Supremo para aceptar la “ley Corcuera”, (con la que comenzó esta práctica de las identificaciones que no ha dejado de crecer), disponiendo que es legal identificar a una persona en la vía pública si se dan dos requisitos: que sea sospechoso de haber cometido un delito, o que sea sospechoso de que puede cometerlo.
Otro asunto pendiente que requiere urgente atención es el retraso de más de dos meses para que un ciudadano español pueda obtener, renovar o recuperar si le ha sido sustraído, su DNI o el pasaporte, con lo que ello significa de impedimento a la libre circulación de personas fuera del territorio nacional, entre otras múltiples molestias cotidianas. En estos momentos no hay citas para lo que resta de año y salvo un plan de choque con incremento de horas de expedición en las oficinas y puntos de expedición el colapso no se resolverá.

De medios materiales, normas internas, necesidad de actualizar la ley 2/86 y otros factores que afectan directamente a las condiciones de trabajo de los policías y guardias civiles los sindicatos y asociaciones sabrán plantearle suficientes reivindicaciones, unas más justas que otras; la más injusta de todas es el funcionamiento interno de la Guardia Civil, que no es ajeno al escandaloso número de suicidios y bajas por incompatibilidad psicológica (no es su nombre, pero así lo llamo), que conlleva soportar el régimen militar infrahumano que se sigue aplicando en ese cuerpo, tan brillante por fuera en su imagen y el charol de su tricornio como oscuro por dentro en su funcionamiento y en el trato que dispensan a sus integrantes muchos de sus mandos.

Estaría bien poder acabar con la aplicación abusiva de la ley militar, resolviendo, aunque sea competencia de la ministra de Defensa, el traslado de los cuatro guardias civiles de Cádiz a Cataluña como sanción por haber declarado la verdad en un juicio contra un superior. Son cuatro familias desterradas. Estaría bien además resolver el caso de esa guardia civil que mañana día 4 de octubre comparece en un juicio militar, por adquirir con su dinero un chaleco antibalas adaptado a su fisonomía porque el oficial, masculino, la convertía en un monigote, un espantapájaros viviente que le impedía acceder a las armas reglamentarias con ese chaleco puesto. Y rayaría la perfección si además de lo anterior consiguiera que esa PNL aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados para reingresar a la Guardia Civil a algunos miembros expulsados por pedir su democratización por fin, varios años después de su aprobación, se cumpliera.

El ministro saliente muy posiblemente haya sido el peor ministro del Interior de la democracia. Deja un ministerio con multitud de frentes abiertos y con el peor servicio prestado a la ciudadanía desde hace muchos años. Una situación complicada pero por ello también fácilmente mejorable con las decisiones necesarias que demanda el sentido común, algo que, según los mentideros sevillanos, no le falta al nuevo ministro de Interior. Que sea para bien.

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