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Medicina para los okupas

Esto es lo que lleva gritando durante muchos años gente de bien.

Esto es lo que lleva gritando durante muchos años gente de bien. Ante las desagradables consecuencias de la crisis económica y el egoísmo insensible de algunas entidades de crédito, en el imaginario popular quedó asimilado el okupa al pobre sujeto que se metía en una casa porque no tenía dónde caerse muerto. Y en muchos casos era y es así. Como también se identificó con esta denominación a las familias con graves dificultades económicas que sudaban -y sudan- la gota gorda para poner un plato de comida caliente a sus hijos. La otra cara del asunto es que la normativa aprobada precisamente para evitar los desalojos de viviendas con la mira puesta en quienes se hallan en situación de necesidad ha sido aprovechada por las mafias de extorsionadores -profesionales o no- y por las formaciones políticas y grupos de presión de ideología socialista, comunista y anarquista para crear un estado de cosas, apoyados en grupos violentos antisistema, en el que los propietarios legítimos o usufructuarios sean despojados despiadadamente de la posesión de su casa, instalándose en ella los okupas, muchas veces violentamente, para convertirlas en auténticas cuevas de delincuentes, drogadictos, traficantes y prostitución forzada.

Pero si llevan más de 48 horas y se ha cambiado la cerradura hay que esperar a la Orden Judicial, para obtener la cual es preciso interponer una demanda civil, señalándose fecha para el juicio.

La cosa era difícil de solucionar, puesto que la ley por ahora vigente establece que si los okupas llevan en el inmueble menos de 48 horas, la policía puede echarlos -siempre que logren entrar en la vivienda, claro- sin necesidad de Orden Judicial, verificándose posteriormente la titularidad de propiedad del inmueble en cuestión. Hasta ahí bien. Pero si llevan más de 48 horas y se ha cambiado la cerradura hay que esperar a la Orden Judicial, para obtener la cual es preciso interponer una demanda civil, señalándose fecha para el juicio. El desalojo puede durar de 9 meses a 2 años, dependiendo de las trabas que los demandados pongan en el camino, si no contamos ya con la fecha en que las atascadas cañerías judiciales de este país permitan colocar el Juicio mismo. En el caso de la vivienda habitual, incluso pasando las 48 horas, se trataría de un Delito de Allanamiento de Morada tipificado en el artículo 202 del Código Penal Español, con penas de 6 meses a 2 años de cárcel o, en todo caso, de un Delito de Usurpación recogido en el artículo 245 punto 1 del mismo cuerpo legal con pena de prisión de 1 a 2 años. Eso sí, siempre que medie ‘violencia o intimidación’. Aquí la policía podría entrar por la fuerza en el inmueble si se la llama porque ‘hay alguien en mi casa’ o porque ‘me están robando’. De lo contrario nos vamos al punto 2 de este artículo, con pena de multa de 3 a 6 meses. En definitiva, para echar al okupa por la vía penal habría que acudir a la medida cautelar prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que tan sólo se da pábulo en caso de ‘grave perturbación en la posesión’, concepto este dúctil y esponjoso.

Muchas veces se ha grabado a los policía desalojando un inmueble, pero muy pocas las casas destruidas y la actitud chulesca derivada de la invulnerabilidad legal que los delincuentes parecen percibir”

La triste realidad es que es muy difícil echarle el guante al acto criminal de la okupación y a los delincuentes, entre otras cosas, porque aquellos partidos políticos que siempre están por apoyar a los verdugos, nunca las víctimas, se han encargado de santificarlos públicamente, paralizando una muy necesaria denuncia mediática que, por felonía vil, no se ha producido. Muchas veces se ha grabado a los policía desalojando un inmueble, pero muy pocas las casas destruidas y la actitud chulesca derivada de la invulnerabilidad legal que los delincuentes parecen percibir, junto con los los dramas que los legítimos propietarios tienen que vivir, además de los vecinos.

Pues bien, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acaba de aprobar la Proposición de Ley impulsada por el PDdeCAT -algo bueno tenían que tener- por 19 votos a favor y 18 en contra. El texto será remitido al Senado en el que, dada la amplia mayoría del PP, previsiblemente se aprobará sin dificultades. Los 18 votos en contra son los del PSOE, Unidos Podemos y ERC. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (consúltese el texto íntegro aquí) establece que se dirimirán por Juicio Verbal “Las (demandas)que pretendan el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperaciónde la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario, siempre que se trate de personas físicas, o bien de entidades sociales y de administraciones públicas tenedoras de un parque de vivienda de alquiler social, con derecho a poseerla, por haber sido desposeídos de ella sin su consentimiento.” Para ello, y a la vez que se da traslado a la demanda, se prevé “mediante Auto, la entrega de la posesión inmediata al demandante que así lo solicitare y aportare título que acredite el derecho a poseer la vivienda o parte de ella,sin exigir caución ni concurrencia de peligro por la mora procesal.” Además, “la autoridad judicial comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio de que se trate, la apertura del proceso de desocupación ilegal, a los efectos de la adopción de las medidas correspondientes, si proceden.”Dos aspectos importantes son que las partes implicadas pueden oponerse a este Auto del Juez sin que se suspenda la efectividad de la medida” y que, en caso de resolución favorable de la demanda para quien la interpone “bastará parasu ejecución la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días” que establece la Ley.

Es necesario distinguir bien entre las víctimas inocentes de la crisis, a las que hay que ayudar por imperativo social y de Derecho, de los criminales que se aprovechas de leyes hechas con buena intención para delinquir.

El PSOE se ha desmarcado de lo que había respaldado en la fase de ponencia alegando que implica medidas contra los ocupantes y no contra los extorsionadores. Podemos ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional este texto. Si bien al mismo se le echan en falta que proteja las viviendas o inmuebles pertenecientes a personas jurídicas de naturaleza privada, excluyendo a los bancos y entidades de crédito, y medidas para garantizar alternativa habitacional para los ‘desokupados’, en general se trata de un valiente y necesario paso para circunvalar un mal que afecta a miles de personas. Y por el que muchos suspiraban una enérgica intervención por parte del legislador. Pese a las mejoras que inevitablemente deben a hacérsele en los sentidos apuntados, cabe afirmar que es sin género de duda el sendero adecuado a seguir para evitar que los delincuentes se salgan con la suya, sigan cometiendo delitos, y, lo más importante, para yugular la indefensión que hasta ahora han tenido las víctimas. Víctimas, no se olvide, de individuos que violan la ley. Ley que es igual para todos y que no exime de su cumplimiento por muy malas que sean las condiciones en las que viva uno.

Es necesario distinguir bien entre las víctimas inocentes de la crisis, a las que hay que ayudar por imperativo social y de Derecho, de los criminales que se aprovechas de leyes hechas con buena intención para delinquir. Es lo que quienes han votado en contra no han entendido. No por falta de capacidad, sino porque no quieren, no entra dentro de su cálculo electoral y les da exactamente igual el sufrimiento de las personas. Una prueba más de lo que cabe esperar de esta gente y un nuevo clavo en el ataúd de sus aspiraciones electorales.