The news is by your side.

Mejoras al personal militar: voluntad y dinero

 

“Todo militar se manifestará siempre conforme al sueldo que goza y empleo que ejerce. Se le permite el recurso en todos sus asuntos haciéndolo por sus jefes y con buen modo…”. Sí comenzaba el artículo 1 de las Órdenes generales para oficiales de las Ordenanzas en las que, hasta hace muy poco, se nos sumergía durante la enseñanza militar de base.  Y se cumplía luego de manera generalizada, como mucho era audible la queja de que los meses fueran tan largos. ¡Qué tiempos aquéllos! ¿Pero es que hace tanto tiempo de eso?

Las asociaciones para defender intereses profesionales de los militares son de reciente creación. Se basan en la L.O. 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las FAS, aunque esa misma L. O., para frustración de algunos, especifique que “las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas no podrán llevar a cabo actividades políticas ni sindicales, ni vincularse con partidos políticos o sindicatos”. Hasta la fecha, el desarrollo asociativo no ha sido muy boyante. El total de afiliados llega escasamente al 8% de los militares en activo, que se reparten entre las 8 asociaciones (ASFASPRO, AUME, ATME, AMTM, AMCOFAS, AUMPE, AMO y UMP) inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones (RAPFAS) del ministerio de defensa. Escuálidas cifras que muestran el alcance real de la representatividad asociativa. Podría pues deducirse que la vía jerárquica de siempre ―“por sus jefes y con buen modo”― continúa constituyendo “de facto”, para la mayoría de los militares, un consistente conducto regular para elevar quejas y recursos sobre asuntos personales.

 

En algo ―digo yo― debería notarse que la actual ministra de defensa sí tiene peso específico en el partido que sostiene al Gobierno. 

 

La bomba de la crisis catalana (todavía no cerrada) ha tenido el inesperado efecto colateral de remover las aguas de las retribuciones de los militares. Esta afirmación ―quizás sorprendente para algunos― es consecuencia, en la tercera derivada, de la disparatada diferencia retributiva a favor de los Mossos d’Esquadra, con respecto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE). Porque tan incomprensible situación ―incluso los emolumentos de la PN son actualmente superiores a los de la GC―, es especialmente injusta cuando todos ellos tienen el mismo pagador: el ministerio del interior. El conocimiento de esto ha levantado una enorme contestación social, que ha obligado al Gobierno a comprometerse con un incremento de las retribuciones de las FCSE, hasta igualarlas, en un plazo de tres años, a las de las policías autonómicas. Naturalmente, tanto los mandos superiores de las FAS como las asociaciones profesionales militares han solicitado también para los miembros de las FAS, una equiparación de emolumentos con los previstos para las policías.     

En el último pleno del Consejo de Personal de las FAS (COPERFAS), el 21 de diciembre pasado, presidido por la ministra de defensa, Dolores de Cospedal, ésta anunció, entre otras cosas, haber ordenado un estudio sobre retribuciones a los militares para adecuarlas a las de las FCSE. Posteriormente, en su discurso en el acto central de la Pascua Militar 2018 (PM-2018), doña Dolores constató “la necesidad de avanzar en la convergencia retributiva entre los miembros de las FAS y los de las FCSE”. Es de esperar que no se trate de un “larguis huevis” como los que acostumbraba a lanzar su antecesor en el cargo, el señor Morenés. En algo ―digo yo― debería notarse que la actual ministra de defensa sí tiene peso específico en el partido que sostiene al Gobierno. Sería inaceptable no subir ahora los bajos sueldos militares, con la disculpa de una negativa de Hacienda a modificar el reglamento de retribuciones para los miembros de las FAS (ministerio de defensa). Especialmente cuando Hacienda no tiene inconveniente para la revisión al alza de las retribuciones de las FCSE (ministerio del interior).  O no hay dinero para nadie o debería haberlo para todos.

 

Ya va siendo hora de que, también como mero ejemplo, se encaren seriamente las dificultades y el coste que los cambios de destino suelen tener, para  encontrar plazas para los hijos en colegios donde la enseñanza sea en castellano.

 

Esas diferencias en las políticas salariales, en perjuicio del personal militar, no son algo nuevo. La propia Ministra ha reconocido (PM-2018) que eso sucede “desde hace muchos años”. Por ello, ahora que ella misma ha anunciado un sabroso y “nuevo ciclo inversor” parece el momento oportuno de revisar al alza las retribuciones de los militares. Porque ni es lógico ―como menciona ASFASPRO en su web― que un soldado/marinero perciba un sueldo de 800 € al mes, ni tampoco es de recibo que un sargento de las FAS pueda tener un salario inferior al de un policía o guardia civil recién egresados (y no digamos de un policía autonómico). Comparaciones de similar diferencial podrían hacerse para otros empleos y niveles de estudios.

Asimismo, en la PM-2018, la señora Cospedal no solo se comprometió en el tema de los sueldos. También puso una especial atención a otros aspectos relevantes del área de personal. Tales serían, por ejemplo, “el desarrollo de la carrera del personal de tropa y marinería”, o el compromiso de “trazar un plan de movilidad integral de las fuerzas armadas y de conciliación de la vida personal y profesional”. Efectivamente, ya va siendo hora de que, también como mero ejemplo, se encaren seriamente las dificultades y el coste que los cambios de destino suelen tener, para  encontrar plazas para los hijos en colegios donde la enseñanza sea en castellano (lengua española oficial del Estado, art 3 de la CE). Complementariamente, se evitaría que los hijos tengan que pasarlas “canutas”, por tener que aprender forzosamente la lengua “vernácula” de la comunidad correspondiente (lengua, normalmente, de exclusiva utilidad en la CA del caso).

 

Pero claro, lo comprometido ante el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y la cúpula militar hay que cumplirlo. Hay que despabilarse y pasar de las palabras a los hechos.

 

Sean bienvenidos los compromisos adquiridos por la ministra de defensa, en la búsqueda de “la conciliación de los intereses de la Defensa con los legítimos derechos y honradas aspiraciones del personal”. Ella, en su discurso (PM-2018), se situó acertadamente en el plano de la justicia al abordar los problemas retributivos, y en el de la moral al encarar las necesidades del personal. Lo que supone el reconocimiento, de momento solo verbal, de que el personal constituye el principal activo de las FAS. Pero claro, lo comprometido ante el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno y la cúpula militar hay que cumplirlo. Hay que despabilarse y pasar de las palabras a los hechos. Son muchas las expectativas de incremento del gasto en defensa levantadas por doña Dolores de Cospedal. Y, en realidad, no debería ser tan difícil. Porque para alcanzar ese ambicioso horizonte ministerial se necesitan solamente dos elementos: voluntad política y dinero. Y ahora parece haber de los dos. ¿O no?