Opinión/ Fernando Martínez.- Esta columna va ir de Historia. Más concretamente, va a reflexionar sobre la historia contemporánea de Andalucía. Pues bien, al hilo del próximo debate en el Parlamento andaluz del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, quiero aprovechar esta primera entrega para recoger alguna de las reflexiones que venimos haciendo investigadores e investigadoras de diversas universidades andaluzas. Tres son los ejes de nuestras principales preocupaciones. En primer lugar, la imperiosa necesidad de realizar un análisis riguroso del alcance y la singularidad de la represión franquista en Andalucía, muy superior al de otras Comunidades Autónomas españolas; en segundo, los principios que deben regir la elaboración de una ley de Memoria Democrática para nuestra tierra; y por último, la búsqueda de repuesta a la pregunta de qué es lo que hay que recuperar en relación a la llamada “Memoria Histórica” y cuál ha de ser la contribución del discurso histórico.
Las investigaciones realizadas en las últimas décadas y las que se acometen en estos momentos en Andalucía ponen de relieve la magnitud del exterminio llevado a cabo por los militares rebeldes a la República y el nuevo estado franquista en nuestra tierra contra las bases sociales y políticas del republicanismo y el movimiento obrero. El fusilamiento de más de 50.000 andaluces y andaluzas durante la Guerra Civil y la posguerra, la existencia de unas 615 fosas comunes, los encarcelamientos masivos, los campos de concentración y de trabajo, los cerca de 60.000 andaluces y andaluzas que pasaron por las Comisiones Provinciales de Incautaciones de Bienes y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, las depuraciones de maestros, ferroviarios, médicos y empleados públicos, las innumerables vejaciones y humillaciones sufridas por las mujeres andaluzas, los miles de republicanos que salieron al exilio, la represión contra el “maquis” y los centenares de andaluces privados de libertad por el Tribunal de Orden Público constituyen ya datos suficientemente elocuentes — a completar con nuevas investigaciones — del alcance que tuvo la violencia política en Andalucía durante la Guerra Civil y el franquismo.
Ante la magnitud del exterminio, es constatable que los gobiernos de la Junta de Andalucía no han mirado para otro lado. Desde el año 2001 han venido desarrollando decretos y normas pioneras destinadas al reconocimiento institucional y la recuperación de la dignidad de los andaluces y andaluzas víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. No obstante, Andalucía requiere una legislación propia que profundice en las iniciativas realizadas e incorpore nuevos aspectos que den rango de Ley a lo que por justicia corresponde a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad andaluza en su conjunto. Una ley de Memoria Democrática entendida como compromiso ciudadano, ético y moral en pro del reconocimiento público de quienes arriesgaron su vida, de quienes la perdieron o fueron privados de su libertad y de sus bienes, y hasta de su propia historia y biografía personal por defender la libertad y la democracia. Una Ley cuyos pilares centrales han de ser: en primer lugar, el derecho de las víctimas y el conjunto de la sociedad andaluza a conocer toda la verdad, a saber qué ocurrió, a lo que ayuda y ayudará la investigación que se viene realizando y debe culminar con la promoción de una Comisión de la Verdad en el marco que establecen las Naciones Unidas; en segundo, el derecho a la justicia o el deber de combatir la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos; y por último, el derecho de las víctimas a ver reparadas las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos que padecieron. Unos pilares que, sin duda, recoge el anteproyecto de ley de Memoria Democrática y que, a buen seguro, serán enriquecidos en el debate del Parlamento andaluz
Junto a todo ello es preciso construir un relato de nuestro pasado que abandone los planteamientos tradicionales de “todos fuimos culpables” o aquellos otros de claro sesgo revisionista sobre la necesidad de la equidistancia y la responsabilidad compartida, poco rigurosos con la génesis y las causas de la Guerra Civil, y centre su discurso en la destrucción de la democracia y de los demócratas. Como señalan los avances de la investigación histórica en los últimos años, la Guerra Civil y la represión posterior fueron la culminación de un proceso que puso fin a la democracia, protagonizado por un sector del ejército y de la sociedad española que se oponían no solo a la continuidad de la Segunda República y su programa de reformas sino también a la cultura democrática que había arraigado en la ciudadanía española y andaluza desde finales del siglo XIX. Un comportamiento antidemocrático que se manifestó, una vez acabada la Guerra Civil, en la represión sistemática y a conciencia de la posguerra y se mantuvo hasta el momento mismo de la muerte del dictador con los fusilamientos de 1975.
La recuperación de la memoria histórica ha de convertirse, en suma, en la construcción de un relato que, nutrido del discurso histórico más riguroso posible, explique nuestro pasado en una clave de defensa de los valores y las instituciones democráticas, que fomente el ejercicio de la virtud cívica y contribuya a consolidar y profundizar nuestro régimen democrático. De esta manera, la memoria histórica será de todas y todos los demócratas.