Ningún ciudadano de ninguna democracia del mundo tiene derecho a decidir, sin contar con el resto, si separan una parte del territorio del conjunto del Estado y/o nación a la que pertenecen. Hay dos excepciones: Etiopia, fruto de conflictos y sangrientas guerras civiles que han llevado a esa decisión, y una isla, San Cristóbal y Nieves. Dos buenos ejemplos para los independentistas.
En todos los países, democracias o dictaduras, de izquierda o derecha, autarquías o cualquier otra forma de Gobierno, la soberanía de la Nación-Estado reside en la mayoría de su ciudadanía, de toda ella, sin distinción de raza, credo, religión, condición, lengua, riqueza del territorio o cualquier otra circunstancia personal, jurídica, política o social. Los independentistas no son superiores al resto, aunque ellos lo crean.
Hay países en nuestro entorno territorial tan atrasados como Alemania o Francia en los que no se permite ningún partido político que actúe contra la integridad del Estado-Nación, y en los que asuntos que marcan el futuro del país, como la educación de su ciudadanía, son competencia exclusiva e indelegable del Estado. En estos países, ni Bildu, ni Sortu, ni CUP, ni posiblemente la actual ERC y PDeCAT serían legales.
Ambas entidades, Escocia y Quebec, tenían entidad política propia antes de existir la estructura estatal a la que ahora pertenecen, Reino Unido y Canadá.
Esos que dicen que España no es una democracia por no permitir un acto político y jurídico ilegal son analfabetos políticos y jurídicos, o simplemente su fanatismo les impide ver la realidad del mundo en el que viven. Ese derecho a decidir libre y arbitrariamente tampoco lo tienen ni Quebec ni Escocia, aunque ambos han podido ejercitarlo tras un acuerdo con el Gobierno del Estado, que podía haberlo denegado, y previo pacto de las condiciones en que se produce la separación si resultara el “sí”. Ambas entidades, Escocia y Quebec, tenían entidad política propia antes de existir la estructura estatal a la que ahora pertenecen, Reino Unido y Canadá. La Convención de Viena del Consejo de Europa fija claramente cuatro criterios para poder acceder al derecho de autodeterminación y a Cataluña no le es aplicable ninguno de ellos. Dice Puigdemont que una vez independientes, España debería seguir abonando las pensiones devengadas en Cataluña durante unos años; en el poco probable caso de que España acepte alguna vez esa secesión, sería previo acuerdo de cuánto y durante cuánto tiempo tendría que pagar Cataluña al resto de España. En estas condiciones quizás los españoles de fuera de Cataluña votábamos a favor del derecho a decidir, pero para entonces serían muchos más los catalanes que querrían vivir como catalanes españoles que en la independencia que les puedan ofrecen sus políticos, que si en algo igualan a los del resto de España es en sus prácticas corruptas.
A esta situación hemos llegado como consecuencia de una falsa transición donde se sometió a votación una Constitución con avances sociales pero con muchos complejos, sin duda porque se pretendía impedir que alguna vez el pueblo soberano pudiera pedir cuentas a los políticos y poderes fácticos de la dictadura. Para no molestar a ese franquismo sociológico que representa el partido del Gobierno se mantienen más de cien mil muertos en las cunetas, una Fundación Francisco Franco con subvenciones, o la bandera del régimen asesino sin ilegalizar (el águila de San Juan), entre otras excrecencias del pasado, y para que no sea tan evidente el asunto y sirva de contrapeso, se permitieron partidos políticos que en otras democracias más antiguas y sólidas de Europa y el mundo serian ilegales por defender la ruptura del Estado y la nación. Que el Gobierno de España lo sea de un partido corrompido desde sus raíces, con más de 700 cargos imputados en la actualidad, no ayuda en el mantenimiento de la unidad territorial del Estado.
El independentismo lleva treinta años enseñando en las escuelas una historia falsa de ocupación y maldad de los españoles y de España, fomentando el odio y la superioridad de lo catalán sobre el castellano o español.
El problema actual comenzó a gestarse con la transición y porque el hoy rey emérito fue receptivo a los cantos de sirena que desde Cataluña le plantearon que su encaje ideal en España sería como Estado Libre Asociado (Puerto Rico con Estados Unidos, por ejemplo), en el que el Estado libre, Cataluña, mantiene la protección del Estado del que se desgaja, España, su moneda, ejército, la pertenencia a las instituciones europeas y, lo más importante, el mismo jefe del Estado. Esa operación, bien vista por el monarca creyendo que con ello garantizaba la estabilidad de la Monarquía al ser puente de unión de dos Estados que habían nacido del mismo tronco jurídico-político, tuvo su plasmación práctica en el nacimiento del Partido Reformista Democrático, PRD, de Miguel Roca (abogado de la hija del rey emérito en el caso Nóos) a mediados de la década de los ochenta, aunque su fracaso electoral impidió profundizar más en esa estrategia, pergeñada por Pujol (las élites burguesas catalanas), la Corona y el silencio cómplice de PSOE y PP.
Tanto Pujol como Artur Mas, en declaraciones públicas durante los últimos veinte años, han señalado esa situación de Estado Libre de Cataluña Asociado respecto a España como la deseada, sin llegar a la independencia, conscientes de la situación traumática que generaría y la dificultad de conseguir esta última. La salida del rey emérito, la llegada de su hijo al trono y el crecimiento de la izquierda republicana e independentista en Cataluña, más la decisión del Estado de perseguir la corrupción en Cataluña como en Madrid (hasta el año 2013 la corrupción de los políticos de Cataluña y de Madrid era protegida por la justicia y el poder político y policial), acabaron, momentáneamente, con dicha posibilidad. Pero no hay que descartar que eso sea planteado como solución para resolver el problema actual en el futuro, tratando de imponernos acuerdos políticos y negando a todos los españoles nuestro derecho a decidir.
El independentismo lleva treinta años enseñando en las escuelas una historia falsa de ocupación y maldad de los españoles y de España, fomentando el odio y la superioridad de lo catalán sobre el castellano o español, expresado claramente en la imposición de su lengua en su territorio con marginación y desprecio de la lengua del Estado, siendo permitido por todos los gobiernos de PSOE y PP habidos hasta la fecha. Llegado el momento actual de pretender imponer la ruptura, no cabe más que impedir el referéndum con la aplicación de la ley, sin vacilaciones y con la firmeza que exige la situación sean 70 o 700 los alcaldes que se suman a la rebelión, adoptando todas las medidas necesarias para sofocar ese intento de abolir la legalidad, romper la unidad territorial y robar el derecho a decidir a la mayoría de españoles (y entre ellos la mayoría de catalanes).
No hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el derecho a decidir. Todos los derechos tienen sus limitaciones cuando ejercerlos puede poner en cuestión legítimos derechos de otras personas.
Que el 1 de Octubre no habrá referéndum y que aunque lo hubiese no tendría ningún reconocimiento internacional es evidente, y sabido por todos quienes tienen una mínima capacidad de discernir entre los que no incluyo a dos grupos: los ignorantes y los fanáticos. Lo que hay que hacer es empezar a pensar qué debe hacer el Estado y los respectivos gobiernos que lo dirijan desde el 2 de octubre y durante al menos la próxima década. No estaría mal que se empezara por preguntar a la ciudadanía para que todas las personas mayores de edad del Estado soberano que es España pudiésemos votar una reforma de la Constitución, en la que debería someterse a cuestión si el sistema que queremos es República o Monarquía, si se mantiene o no en el texto la disposición que establece la posibilidad de que se pueda autorizar a un territorio a decidir si se independiza o no, entre otros asuntos nucleares, como debe ser contemplar el derecho de cualquier español a hablar, escribir y a la enseñanza de sus hijos en la lengua común, el castellano, en todo el territorio nacional. Una norma actualizada que acabe con los viejos fantasmas del pasado y cierre el eterno debate de España una o veintiuna, monárquica o republicana. En definitiva, lo expuesto en mi artículo de la pasada semana Cataluña será independiente… la próxima generación.
El Gobierno de España y su partido se merecen lo que les está pasando porque desde la oposición, en materia de terrorismo o de integridad territorial, han jugado siempre a cuanto peor, mejor; el precio de esos errores debería ser salir del Gobierno pero en ningún caso justifican la ruptura de la unidad territorial del país. En este asunto de no permitir el robo de derechos de la ciudadanía española, que se pretende por un sector numeroso pero minoritario de independentistas catalanes, creo que el Gobierno está haciendo lo correcto. Tanto o más que el Gobierno están haciendo lo correcto el PSOE y Ciudadanos, porque dudo mucho que el PP desde la oposición se comportara de la misma manera y no apostara, como hizo en la crisis económica, con ETA, la OTAN y otras decisiones trascendentes, jugar la carta de la derrota del rival político sin pensar en el coste para la ciudadanía y la nación. Solo son patriotas cuando están en el Gobierno ejerciendo el poder, y ya sabemos principalmente para qué.
No hay ningún derecho que sea absoluto, ni siquiera el derecho a decidir. Todos los derechos tienen sus limitaciones cuando ejercerlos puede poner en cuestión legítimos derechos de otras personas, y eso ocurre cando se invoca un derecho inexistente vulnerando las leyes del país y de la autonomía para imponer su voluntad por la fuerza a la ciudadanía. Los que lo promueven y los que lo apoyan, los que plantean debilitar al Estado que es la mejor herramienta conocida para redistribuir la riqueza y proteger a los más pobres, deberían pagar su error y ausencia de responsabilidad, unos ante la ley y otros ante las urnas.
Los partidos políticos deberían aprovechar la situación política para hacer limpieza en sus propias casas, expulsar a los corruptos, modificar la Constitución y crear un Estado fuerte, rescatar cadáveres de nuestras cunetas como medida que dignifique el nuevo tiempo, y crear un “…Estado social y democrático de Derecho, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” (Artículo 1 de la Constitución Española de 1978).
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP.
Portavoz en Andalucía del Observatorio contra la Corrupción.