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Moralidad y dinero público

Sánchez está usando y abusando del uso de los aviones y helicópteros de la presidencia del Gobierno.

 

Pedro Sánchez está usando y abusando del uso de los aviones y helicópteros de la presidencia del Gobierno para desplazarse a actos a los que podía ir en coche e incluso los utiliza para desplazarse a eventos privados. Lo mismo se va a un concierto, de vacaciones o a la boda de su cuñado, y no le parece suficiente con ese derroche de dinero público sino que además tiene la desvergüenza de declarar secreto de Estado dichos viajes para que no se conozca el gasto que se origina en los mismos, ni los suyos ni los de su esposa. Usa para esta declaración de secreto de Estado una disposición franquista. Si la clase política española tuviera una visión de lo público como las que tienen en otros países, no volvería a funcionar el Congreso de los Diputados hasta que se levantara dicho secreto. Esto no ocurre en ningún país democrático de nuestro entorno geográfico, democracias con las que deberíamos homologar los comportamientos de nuestros dirigentes. Allí estas prácticas supondrían la salida de las instituciones del político que las llevara a cabo por corrupto.

 

Tomemos un ejemplo de los muchos que hay en nuestro entorno democrático. El marido de la presidenta alemana, Angela Merkel, si viaja en el avión oficial con ella debe abonar 1.300€, por lo que la mayoría de las veces viaja en vuelo regular a los países que visita su esposa. Es otro concepto de la moralidad. En España estamos habituados y aceptamos como normales prácticas que no son aceptadas en otros muchos países. La excusa de la seguridad por la existencia de ETA, más la desvergüenza de una Casta política asumiendo la pompa y el boato de la dictadura, el privilegio en salarios, viajes, teléfonos, dietas, gastos, jubilación y otros varios no se percibe como lo que es: un derroche inmoral del dinero de todos.

 

El marido de la presidenta alemana, Angela Merkel, si viaja en el avión oficial con ella debe abonar 1.300€, por lo que la mayoría de las veces viaja en vuelo regular a los países que visita su esposa.

 

El presidente del Gobierno de España tiene un enjambre de asistentes y servidores en el Palacio de la Moncloa donde le preparan las comidas para toda la familia, visitas, invitados, gastos de ropa, viajes etc., como Rajoy tuvo a su padre, siendo abonado cualquier gasto privado a cargo de presupuestos públicos. La canciller de Alemania se sorprendió en su primera visita a España, a quien ha dado ingentes cantidades de dinero a través de la UE, por las instalaciones y número de funcionarios del Palacio de la Moncloa, sin comparación con el personal asignado y las dependencias de la presidencia alemana (el país más rico de Europa con 80 millones de habitantes). La señora Merkel sale de su trabajo y se va a hacer la compra de su casa al supermercado. Otros ministros de otros países van a la sede ministerial por sus medios, coches, transporte público o en bicicleta, allí usan el coche oficial para la agenda del día y vuelven a su casa por sus medios. España es a esos efectos un país sin moral pública o con una moral que entiende que ostentar el poder es hacer uso ilimitado de privilegios y prebendas que pagamos todos. La democracia no ha llegado a afectar a los comportamientos de los dirigentes políticos, que siguen actuando como los de la dictadura pasada en España o de cualquier otra dictadura bananera de las varias que hay en el mundo.

 

España es a esos efectos un país sin moral pública o con una moral que entiende que ostentar el poder es hacer uso ilimitado de privilegios y prebendas que pagamos todos.

 

La transición de la dictadura a la democracia no supuso aplicar una moral pública de austeridad y buen uso de los medios y dineros públicos, y al expandirse la administración con las comunidades autónomas y creación de infinidad de organismos e instituciones, existe una pesada carga para las arcas públicas de una clase política y funcionarial dependiente de ellos que supera con mucho a la de países como Francia o Alemania, con mayor número de habitantes. Sería necesario acabar con los gastos de representación, tarjetas, posibilidad de nombramientos de libre designación a familiares y amigos, coches oficiales, escoltas y transparencia absoluta sobre lo que se gasta del erario público para cambiar la actual situación. Quien llega a Moncloa no tiene límites para gastarse cientos de miles de euros en acomodar las dependencias a su gusto con dinero de todos, y un comisario de Policía que llega a un destino con vivienda oficial también solicita, y se le concede, cambiar mobiliario o hacer obras por miles de euros para adaptarla a su gusto. Y así en todos los ministerios, direcciones generales, secretarías de Estado, en diversos organismos y entidades, a la vez que se colocan a más de 500 cargos, sin carrera profesional en la función pública ni capacidad acreditada para el puesto designado, cobrando más que el presidente del Gobierno. Y eso ocurre cada vez que hay un cambio de Gobierno. Y ocurre otro tanto en las comunidades autónomas. Todo con nuestro dinero. Sumemos los miles de asociaciones, organismos, fundaciones que existen porque viven de subvenciones, que reclaman a la UE, el gobierno central, las CCAA y ayuntamientos, que dedican el 80% de su presupuesto a salario de quienes las crean y las sumas que resultan son vergonzosas para un país con 13 millones de personas en el umbral de la pobreza. Esta es una democracia impostada, subvencionada, una democracia de partidos donde la gente corriente tiene asignado el rol de pagar impuestos, votar cada cuatro años y ser despreciada por la clase dirigente, volcada en sus apaños y chanchullos con los que han resuelto su vida y la de sus hijos.

 

En España sobran 200.000 funcionarios burócratas enchufados que no aportan nada, que deberían ser sustituidos por enfermeras, médicos, profesores, policías, funcionarios de prisiones, agentes forestales, escuelas, hospitales… porque con el mismo coste la calidad de nuestros servicios públicos mejorarían considerablemente.