La reciente carta del gobierno español a la OTAN, exponiendo la intención gubernamental de incrementar los gastos de defensa, para alcanzar los 18.000 M€ en 2024, ha provocado aplausos hasta con las orejas en el sector industrial de defensa. Aunque ese compromiso epistolar no llegue al del 2% del PIB de la cumbre atlántica de Gales (2014), se añade al verbal de la ministra de defensa, señora Cospedal, de iniciar un potente ciclo inversor que incluirá nuevos programas (“una apuesta integral e inmediata, decidida y generosa”). El burlador sevillano diría “Cuán largo me lo fiáis” (7 años), no existiendo una ley de estabilidad presupuestaria que blinde la financiación de los programas militares y obligue a gobiernos sucesivos. Entiendo que este es un tema de especial interés para Andalucía, donde la industria de defensa tiene potentes y variados polos.
En la pugna entre las necesidades operativas y las conveniencias industriales, los marinos parecen seguir apegados al dicho: “el jamón serrano y el avión americano”. Así está el patio.
El pretendido subidón presupuestario comenzaría en el año 2018 y, entre los nuevos programas estarían, entre otros, el del vehículo 8×8 para el ET, las fragatas F-110 para la Armada y un nuevo avión de combate que venga a sustituir a los F-18 del EA. Pero resulta que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE-2018) están, de momento, congelados. Ni tan siquiera el proyecto de ley correspondiente ha entrado para debate y aprobación en el congreso de los diputados. Es de suponer que tal dinámica no se produzca hasta que el ministro Montoro logre el apoyo suficiente para su aprobación, previsiblemente de los mismos partidos que lo dieron (C’s, PNV y los canarios) para los PGE-2017. Eso supondría todavía más ventajas económicas para Canarias y el País Vasco ―¿o esto ya va incluido en el recientemente aprobado cupo vasco? En todo caso, parece que los vascos ligan su apoyo al desarrollo de la crisis catalana (“cuán largo…”, otra vez).
Claro que la arquitectura de la financiación de la defensa se ha sofisticado mucho.
En todo caso, la ausencia de PGE-2018 no solo encorseta la capacidad decisoria del Ejecutivo, sino que también podría suponer un adelanto de las elecciones generales para el otoño de 2018. Además, en contra asimismo del anunciado “potente ciclo inversor” en Defensa ha aparecido, en rueda de prensa del presidente Rajoy tras el consejo de ministros del pasado 29 de diciembre, el compromiso de sacar a España, en 2018, del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE (PDE), lo que apunta a un mayor control de déficits y deuda. En resumen, hay una suma de incertidumbres planeando sobre los que escudriñan los cielos aguardando la caída del maná presupuestario.
Claro que la arquitectura de la financiación de la defensa se ha sofisticado mucho. Fijando la vista, por ejemplo, en el área de los helicópteros (a los que me referiré a partir de ahora), es tanta la sofisticación que ya hasta el gasto de los 28 millones (M)€, recientemente autorizado por el consejo de ministros para la adquisición de dos Sea Hawk (norteamericanos) para la 5ª escuadrilla de la Armada, se cargan al socorrido “228” (Operaciones de Mantenimiento de Paz). Por cierto, se añade esta suma a otros 24,5 M€ en 2012 y 40 M€ en 2016 para la adquisición de sendas parejas del mismo modelo, también para la Armada.
Julito ―ahora secretario general de Podemos en Madrid― intentaba vender la moto, tanto a los dos Ejércitos como a la Armada, alabando las ventajas y maravillas de contar en el futuro con un helicóptero como el NH-90.
Con excesiva frecuencia, no son las necesidades operativas las que informan los productos de la industria de defensa sino que, por el contrario, son las necesidades o conveniencias industriales las que determinan las adquisiciones militares. España planeaba adquirir inicialmente alrededor de 100 NH-90 (Caimán) para las FAS. De ellos alrededor de 45 eran para dotar al ET de tres batallones de ese modelo. Ahora estamos en el horizonte de un solo batallón. Al haberse disminuido drásticamente la demanda, los costes de diseño y desarrollo han engordado mucho el precio unitario. Y es bastante perturbador pensar que las Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) quedarán con 4 batallones y 4 modelos de helicópteros totalmente diferentes (Tigre, Chinook, Cougar, Caimán). Eso complicará mucho el mantenimiento, incrementará la dificultad de despliegue y relevo en zonas de operaciones y, además, entorpecerá la transferencia de pilotos sin un coste de transformación elevado. A no ser que los aproximadamente 10 NH-90, planeados para el EA vayan al ET y éste pase al EA los Cougar y Super Puma, que están muy cualificados para misiones SAR. Así las FAMET podrían constituir dos batallones de NH-90 (uno en El Copero, Sevilla), reduciendo a solo tres los modelos de su inventario.
No se rían, pero muchos recordarán que, allá por el invierno de 2008, el Director General de Armamento y Material (DIGAM) Julito ―ahora secretario general de Podemos en Madrid― intentaba vender la moto, tanto a los dos Ejércitos como a la Armada, alabando las ventajas y maravillas de contar en el futuro con un helicóptero como el NH-90, que «iba a satisfacer las necesidades de todos, para el transporte de tropas”. Aunque, para decir toda la verdad, los representantes de la Armada, en las correspondientes reuniones en la DGAM, ya avanzaban diplomáticamente que el NH-90 “no satisfacía plenamente sus expectativas”, puesto que ellos “en el mercado norteamericano lo adquirían todo”. En la pugna entre las necesidades operativas y las conveniencias industriales, los marinos parecen seguir apegados al dicho: “el jamón serrano y el avión americano”. Así está el patio.